Cuentas con pies de barro

Los Presupuestos incluyen subidas de impuestos puntuales, con escasa capacidad recaudatoria, pero que mandan un mensaje claro de hacia donde avanza la política fiscal del Gobierno. Fijar un tipo efectivo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades para ingresar apenas 400 millones de euros, cuando se está negociando esta misma medida a nivel del conjunto de la OCDE solo sirve para ahuyentar la inversión. Lo mismo que ocurrió con la tasa Google, con la que se ha recaudo mucho menos de lo previsto. Son medidas que deben tomarse a nivel internacional para evitar competencia desleal entre los propios países desarrollados. Pero aquí preferimos presumir de que vamos por delante.

Menos sentido económico y mucha más carga ideológica tiene el furibundo ataque al ahorro privado para la jubilación. Por segundo año consecutivo el Gobierno ha reducido el límite de las aportaciones individuales a planes de pensiones, privados o de empleo, que ha quedado en 1.500 euros anuales frente a los 8.000 que había en 2019. En el mismo ejercicio en el que el Estado tendrá que traspasar más de 40.000 millones de euros a la Seguridad Social para poder hacer frente al pago de las pensiones, dejando claro que el sistema solo podrá sobrevivir con ajustes que recortarán las prestaciones del futuro, en lugar de incentivar que los trabajadores ahorremos para compensar esa pensión pública, como se hace en la mayoría de los países de nuestro entorno, aquí se toma el camino opuesto.

En materia de gasto, la ministra de Hacienda presumió de que van a ser las cuentas de «la inversión, la inversión y la inversión». Y así debería ser si logramos ejecutar y hacer un buen uso de los más de 27.000 millones de euros que recibiremos de Europa. España se juega en ello la recuperación. Pero estos presupuestos van a ser también los de la subvención, la subvención y la subvención. Ya se encargó el presidente del Gobierno de anunciar bonos a los jóvenes para la cultura, para el alquiler... en un claro guiño para captar a un sector de la población cada vez más alejado del PSOE.

Y ahora, tras superar su primer escollo, lograr el acuerdo de los dos socios de gobierno -a cambio de ceder los socialistas en materia de vivienda y permitir a las autonomías topar los precios del alquiler- las cuentas comienzan su travesía parlamentaria. El Ejecutivo ya ha señalado su intención de negociar los presupuestos con los partidos que sustentaron la investidura de Sánchez. El apoyo, ya lo ha advertido ERC, no será gratis. Cuando menos, nos costará miles de millones de euros a todos los españoles en inversión para premiar a unos territorios frente a otros. Y si no, que se lo digan a Madrid, que recibirá la mitad de inversión que Cataluña. Pero las exigencias de los nacionalistas no serán solo económicas, sino también políticas para mantener vivo su chantaje nacionalista. Eso, seguro.