El juez ordena buscar el cuerpo de Adriana en el vertedero de Pinto

En una providencia dictada el pasado 18 de mayo, a la que ha tenido acceso ABC, el instructor del caso de la conocida como «casa de los horrores de Majadahonda» , Marcos Ramón Porcar Laynez, acuerda que «se proceda a la búsqueda del cuerpo, restos y efectos de los delitos investigados en el vertedero de Pinto» y que se remitan los oficios oportunos tanto a la empresa designada (Urbaser), como a la Guardia Civil y al organismo competente de medios económicos, es decir, a la administración a la que corresponda el pago de esa diligencia «sin perjuicio de su posible repercusión en costas en caso de que procediese».

La medida acordada por el juez se basa en primer lugar en la declaración de un vecino del casero Hugo Hernández, de 32 años, en prisión desde el 7 de abril, quien explicó que en la madrugada del 4 al 5 había visto a un joven (la descripción correspondía con este individuo) arrojando sacos de basura a tres contenedores.

La Guardia Civil sospechó que se trataba del cuerpo de Adriana, la inquilina de Hernández, cuya desaparición denunció su hermano llegado desde Argentina y cuyo ADN fue hallado en una picadora industrial encontrada en el garaje de la vivienda del número 6 de la calle de La Sacedilla de Majadahonda. En el registro de la casa que el sospechoso compartía con su padre se encontraron además numerosos efectos personales de Adriana .

Con la declaración de ese testigo del vecindario, contundente y al que se dio absoluta credibilidad, se llevó a cabo a mediados de abril la inmovilización en una parcela de una parte de los residuos del vertedero –los que correspondían a esa madrugada según el programa informático– y un rastreo superficial, pero sin resultados positivos. Esa cuadrícula sigue sin tocarse hasta que se retomen los trabajos.

La nueva y exhaustiva búsqueda aún no ha comenzado, según han confirmado fuentes oficiales. La empresa Urbaser ha sido la encargada de realizar el informe de viabilidad y el presupuesto, estimado en cerca de 800.000 euros, que fue el tomado en consideración por el juez para aprobar estas delicadas labores, si bien está pendiente la resolución de un problema no menor.

La complejidad de los trabajos radica en dos cuestiones: hay que remover casi 20.000 toneladas de basura y evitar que la búsqueda afecte al funcionamiento normal de esa enorme planta donde se tratan los residuos de la mitad de la comunidad. Al poner en funcionamiento la maquinaria necesaria para la localización de los restos (excavadora, máquina con pinzas para colocar la basura, otra máquina para extenderla, etc.) hay que paralizar la actividad del vertedero, una opción no viable y a la que se están buscando soluciones.

«Se tiene que encontrar una salida para que podamos trabajar y a la vez el vertedero siga funcionando», detallan fuentes del caso. Los encargados de estas operaciones serán técnicos de la empresa Urbaser y agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil y del Laboratorio de Criminalística.

A fecha de hoy todavía no se ha acabado de perfilar cuál será la administración que se hará cargo del elevado coste de esta búsqueda, si bien la providencia del juez no deja margen a su incumplimiento por cuestiones técnicas o económicas. Es por tanto cuestión de días, dado que la orden judicial tiene que cumplirse, y además no es la primera vez que se intenta localizar unos restos humanos en ese lugar. Ya se hizo una operación similar para tratar de encontrar a María Piedad , la mujer asesinada en Boadilla del Monte por su expareja que luego se suicidó. En ese caso no hubo resultados, si bien tampoco había ningún testigo como ha ocurrido en el de Majadahonda.

La providencia del juez no hace ninguna mención a la búsqueda de Liria Hernández, la tía del casero y propietaria de la vivienda, a la que los investigadores también dan por muerta tras encontrarse ADN coincidente con el del padre de Hugo en la picadora del garaje. El único imputado sigue en prisión y está previsto que el juez lo llame a declarar en los próximos días tras hallarse estos nuevos vestigios, según fuentes judiciales.

De momento, los agentes encargados de la investigación han sacado dos veces al casero de la cárcel para practicar sendos registros. El primero fue en su propia vivienda de Majadahonda. El segundo, en una finca de la provincia de Toledo , propiedad de la familia, donde no se hallaron pruebas.