El caso de Serafín Castellano pasará a manos de otro juzgado

El juzgado de instrucción número uno de Sagunto ha ejercido las funciones de guardia y ha resuelto las diligencias consideradas urgentes. Entre ellas, la toma de declaración a los imputados, a los que se les atribuyen en distinto grado los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, delito contra la hacienda pública, falsedad documental, prevaricación y blanqueo de capitales.

La juez ha terminado de tomar este sábado declaración a los tres imputados que faltaban (el empresario Vicente Huerta, el propietario de un coto de caza donde habría acudido Castellano y un trabajador de aviación civil) para los que acordó las mismas medidas que al resto: libertad provisional, obligación de comparecer ante la autoridad judicial , retirada de pasaporte y prohibición de salir de España.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado el real decreto por el que se dispone la destitución de Castellano.

La causa ha estado hasta ahora dirigida por el juzgado de Instrucción número uno de Sagunto, donde tiene su sede la empresa Avialsa, origen de una supuesta trama de corrupción denunciada en octubre del pasado año, relacionada con contratos públicos adjudicados por la Generalitat entre 2008 y 2014.

No obstante, fuentes de la investigación señalan que esa solo podría ser la punta del iceberg en una causa que permanece bajo secreto de sumario. De hecho, la operación se saldó con trece registros por parte de agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF), entre ellos en las sedes de las Consejerías de Gobernación, Sanidad e Infraestructuras, y con otros ocho detenidos, entre los que se cuentan empresarios y políticos relacionados con Castellano, uno de los dirigentes históricos del PP en Valencia, donde ha desempeñado cargos orgánicos e institucionales desde 1999 .

El «agujero» de Sanidad

Respecto a la etapa en la Consejería de Gobernación (2007-2014), se investigan las permutas efectuadas en un contrato para la prestación del servicio de extinción de incendios posteriores a su adjudicación en octubre de 2010 y si éstas se acordaron para beneficiar al contratista a cambio de comisiones o dádivas. El caso parte de una denuncia presentada en octubre de este año ante la Fiscalía Anticorrupción en Madrid por las presuntas irregularidades cometidas por Castellano, quien fue destituido ayer al trascender su detención y suspendido de militancia por el PP.

El origen que ha dado lugar a la investigación se situaría en el presunto trato de favor de Castellano al propietario de la empresa Avialsa, Vicente Huerta, también arrestado ayer, en los contratos para la prestación del servicio de extinción de incendios cuando el ya exdelegado del Gobierno tenía competencias en la materia como consejero de Gobernación. La compañía logró contratos públicos de la Generalitat desde 2008 por importe de 34 millones de euros. Una denuncia de su exgerente ante Anticorrupción en la que alertaba de que Castellano había aceptado como regalo un rifle de la empresa por importe de 1.800 euros, así como que había participado junto al dueño de la firma en diversas cacerías costeadas por el contratista, propició el inicio de la investigación de la Fiscalía, que busca el nexo de unión entre los regalos y las modificaciones en los contratos suscritos entre la Generalitat y Avialsa.

La mujer del exdelegado del Gobierno también fue receptora de regalos en forma de joyas , según los investigadores de la Policía, que también rastrean las cuentas bancarias de Castellano ante la sospecha de que, además de dádivas, hubiera recibido dinero por parte del contratista. De acuerdo con fuentes policiales, en concreto se investigan las modificaciones efectuadas en un contrato posteriores a su adjudicación en octubre de 2010 (Avialsa fue la única empresa que concurrió y ganó la licitación para el servicio aéreo de extinción de incendios por un importe de 22 millones de euros).

Trato de favor

Según la denuncia, el supuesto trato de favor se habría producido al aceptar Castellano el tipo de aviones que dispuso Avialsa, cuando las adjudicaciones de los contratos públicos se hicieron con otra clase de aparatos que, después, no llegaron a España.

Con estas modificaciones, según apunta la denuncia, se pudo haber incumplido el pliego de licitación, sin que se hubiera decretado ninguna penalización hacia Avialsa. Las pesquisas se centran en determinar si Castellano recibió comisiones por parte del empresario. A la detención de Castellano se sucedió un registro en su domicilio que se prolongó más de siete horas. La operación está bajo secreto de sumario y permanece abierta a la espera de que hoy se produzcan nuevas declaraciones en el juzgado.