El dragado del Ebro sigue sin proyecto tras más de diez años de estudios oficiales

La situación se repite con frecuencia, prácticamente todos los años. En los municipios de las riberas del Ebro insisten en que este problema se ha disparado de quince años a esta parte. Antes –argumentan– el Ebro se limpiaba con frecuencia y se hacían periódicamente dragados para retirar los materiales de arrastre que van elevando el fondo del río y que hacen que el cauce tenga cada vez menos capacidad.

Pero la legislación endureció la protección medioambiental del Ebro, elevó su catalogación y ha limitado las obras que se pueden hacer en el cauce. Los ayuntamientos se quejan desde hace más de diez años con insistencia y afirman que la normativa medioambiental no puede chocar con la elemental limpieza del río para evitar inundaciones que comprometen el sustento de sus pueblos, la agricultura.

El Gobierno aragonés coincide con ellos y apunta hacia la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Lo mismo ha hecho esta semana el Gobierno de La Rioja. Los dos ejecutivos autonómicos coinciden en que la CHE debe facilitar esos trabajos de dragado y limpieza del Ebro, pero este organismo se escuda en que la normativa medioambiental le limita al respecto.

Mientras las inundaciones se repiten, con daños multimillonarios prácticamente todos los años en cosechas e infraestructuras, el dragado del Ebro sigue sin proyecto, pese a acumular más de diez años de estudios técnicos oficiales.

Tras tantos años de estudios, en este momento lo único que hay es un anteproyecto, y ni siquiera terminado. Así que hasta que exista un documento en firme que permita acometer el dragado del Ebro en los tramos más problemáticos tendrán que pasar años. Primero, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) tiene que terminar ese anteproyecto; luego, afrontar la redacción del proyecto; después, confrontarlo con la legislación medioambiental y cruzar los dedos para que el Ministerio le dé el visto bueno. Y, por último, aprobarlo definitivamente.

Y, cuando llegue ese día, ni siquiera está claro a quién le tocaría pagar esos dragados del Ebro para evitar las inundaciones cada vez más recurrentes y de multimillonario coste por los daños en infraestructuras públicas, propiedades privadas y cosechas anegadas.

El anteproyecto que está realizando ahora la CHE no significa que sea este organismo el que vaya a realizar y costear las obras llegado el día. El propio anteproyecto habla de «extracciones periódicas parciales de los sedimentos por parte de los agentes interesados». Y, ¿quiénes son «los agentes interesados», a los que les tocaría costear esos trabajos? La cuestión no tiene una respuesta clara. Puede ser el Gobierno aragonés, pueden ser los ayuntamientos de los pueblos ribereños, podrían ser los agricultores directamente interesados, quizás el Estado, puede que todos de una u otra forma... No está claro aún, después de más de diez años de trámites burocráticos y de darle vueltas a una limpieza que es cada vez más necesaria ante los también cada vez más frecuentes desbordamientos.