Violan el derecho de protección de fuentes a la corresponsal de ABC en Perú
Una decisión judicial obliga a Paola Ugaz al levantamiento del secreto de sus comunicaciones tras haber investigado el caso Sodalicio
El Papa expulsa de modo fulminante al fundador del Sodalicio por graves abusos a sus miembros
«Me he convertido, trágicamente, en la primera periodista peruana a la que le violan el derecho al secreto de sus comunicaciones», lamenta Paola Ugaz, corresponsal de ABC en Lima. «Esto demuestra cómo se está degradando la democracia en Perú». A raíz de ... sus trabajos periodísticos, Ugaz ha sufrido una extensa persecución judicial en su país. La han acusado de difamación y la Fiscalía también la investiga, mediante pruebas forjadas, de lavado de activos, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Y este viernes Ugaz tuvo noticias de que la Justicia había solicitado a su operadora telefónica todos los registros de llamadas telefónicas, entrantes y salientes, así como su información de geolocalización desde 2013 a 2020, justo cuando investigaba a Sodalicio de Vida Cristiana.
Sodalicio es un movimiento religioso fundado por Luis Figari —quien fue expulsado del Vaticano por denuncias en su contra por abuso sexual— y comenzó a ser investigada tanto por Ugaz como por Pedro Salinas en 2010. Del fruto de ese trabajo nació en 2015 el libro 'Mitad monjes, mitad soldados' (Planeta), donde los periodistas exponen abusos de poder, maltratos físicos, manipulación psicológica e incluso pederastia, elementos típicos de una secta.
Con la publicación del libro «se abrió una caja de pandora y empezamos a recibir más información», comenta Ugaz. «Así llegué a descubrir que el jefe de facto de Sodalicio es el primer sacerdote de la organización, Jaime Baert Gómez», quién, según las investigaciones de Ugaz, supo aprovechar «el concordato» firmado por el Vaticano y el Estado peruano para manejar empresas lucrativas y no lucrativas, como los cementerios, «para hacerse con una ingente fortuna».
La investigación del Papa al Sodalicio peruano se cobra la renuncia de un obispo
Sodalicio de Vida Cristiana fue acusada de abusos y de un extraordinario poder económico
El trabajo de Ugaz y Salinas reveló acuerdos políticos, entre los que se involucró el fallecido expresidente Alan García, que permitieron que los negocios del Sodalicio estuviesen al margen de cualquier tipo de fiscalización. «Nadie puede entrar a ver lo que hacen; ni Hacienda, ni el Ministerio de Economía y Finanzas; ni la Justicia», comenta la periodista. «Además, la investigación reveló que la organización saca el dinero de sus negocios a través de cuentas 'offshores' en Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Denver en Estados Unidos».
Las informaciones que publicaron Ugaz y Salinas no fueron recibidas con agrado por la gente de Sodalicio, y en 2018 comenzó la campaña de persecución. Ugaz fue denunciada por falso testimonio, difamación y también sufrió acoso callejero por personajes vinculados al político Rafael López Aliaga, importante socio de Sodalicio.
«En paralelo, se empiezan a publicar mentiras dentro de un ecosistema de desinformación donde están los diarios 'La Razón', 'Expreso', el portal La abeja y el canal de televisión Willax», denuncia Ugaz. «En 2020, 'Expreso' asegura que soy jefa de una red de lavado de activos utilizando pruebas de chats falsos», una operación en la que, según comenta la periodista, está Uri Ben Schmuel. Y valiéndose de esas denuncias, la Fiscalía peruana abrió cuatro investigaciones contra la periodista.
Este viernes, 20 de septiembre, Ugaz supo que el proceso en la Fiscalía había avanzado y recibió un documento que detalla el «levantamiento de sus comunicaciones»; su operadora telefónica entregó todos sus datos desde 2013 a 2020, cuando investigó y publicó el trabajo que en 2016 le hizo merecedora del premio nacional de periodismo otorgado por IPYS. «Así me convierto en la primera periodista a la que le levantan las comunicaciones, usando un camino muy peligroso para el futuro del periodismo de investigación y que equipara a Perú a la Nicaragua de Daniel Ortega», denuncia Ugaz.
Las investigaciones periodísticas no han acarreado consecuencias judiciales o fiscales para Sodalicio, pero sí para algunos de sus miembros. Según Ugaz, «han tenido que pagar casi 3 millones de dólares en reparaciones a sus víctimas, y el Vaticano expulsó a su fundador, Luis Fernando Figari en agosto pasado y destituyó al obispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren en abril».
Ugaz asegura que mantiene contacto constante con el equipo del papa Francisco para analizar qué otras cosas pueden hacer para seguir denunciando.
Rechazo colectivo
La asociación mundial de escritores PEN International condenó la decisión judicial de levantar el secreto de las comunicaciones de Paola Ugaz, algo que «violenta la seguridad de la periodista y vulnera los datos de sus fuentes de información», aseguran en un comunicado.
Asimismo, la Asociación de prensa extranjera en Perú (APEP) manifestó su rechazo a la medida contra la periodista. «La APEP insta a todas las autoridades peruanas a respetar el trabajo periodístico», anunciaron. «La reserva de las fuentes anónimas es una parte fundamental de la labor periodística y un derecho protegido por la Constitución».
En abril, ya Reporteros Sin Fronteras había denunciado el acoso hacia Ugaz y exigido que cesara a la mayor brevedad, «pues supone un grave atentado contra el periodismo de investigación, crucial en la lucha contra la corrupción».
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