Cuatro días de movilizaciones siguen sin lograr romper la determinación del Gobierno georgiano de alejarse de la UE

Se han producido de nuevo enfrentamientos con las fuerzas del orden, sigue aumentando el número de heridos, según el Ministerio de Sanidad, 44 en total de los que 27 son manifestantes, 16 policías y un periodista. Además, desde el jueves, el número de detenciones superan los 200. Los antidisturbios han vuelto a emplear cañones de agua, gases lacrimógenos, botes de humo, difusores individuales de gas pimienta y esta vez, según testigos presenciales, también balas de goma.

Los participantes en la movilización, por su parte, incrementan el uso de cócteles Mólotov y han generalizado el lanzamiento contra la Policía de cohetes pirotécnicos, lo que causó el sábado un incendio en una de las dependencias del edificio parlamentario. Hubo, según muestran las redes sociales, quienes se agenciaron cañones de fabricación casera para disparar numerosos cohetes al mismo tiempo. De hecho, ya hay quien ha bautizado estas movilizaciones como la «revolución de los fuegos artificiales».

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Sin embargo, pese a la fuerte resistencia callejera, los agentes están consiguiendo controlar la situación, dispersar a los concentrados y retirar inmediatamente las barricadas para impedir que dentro de su perímetro se instalen tiendas de campaña, como sucedió durante la revuelta del «Maidán» en Kiev, hace justo diez años. Una situación así complicaría seriamente los esfuerzos policiales para poner fin a las protestas.

Desde Kiev, la flamante jefa de la Diplomacia europea, Kaja Kallas, ha dicho que «la Unión Europea, por supuesto, apoya al pueblo georgiano en su elección del futuro europeo. Está claro que utilizar la violencia contra manifestantes pacíficos no es aceptable». A su juicio, las autoridades «deben respetar la voluntad del pueblo georgiano, pero también la Constitución» del país. La antigua ministra de Exteriores de Estonia, advirtió que la situación en Georgia será discutida en la UE y «tendrá consecuencias (…) tenemos opciones de sanciones, tenemos opciones de abordar también el régimen de visas, diferentes variantes, pero por supuesto tenemos que llegar a un acuerdo».

La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), por su parte, ha condenado las acciones policiales en Georgia, calificándolas de «desproporcionadas» y «contrarias al derecho de libertad de reunión». La presidenta del país, Salomé Zurabishvili, continúa apoyando y participando en las manifestaciones, afirmando que se trata «de la lucha para regresar a la senda europea».

Zurabishvili ha prometido que no entregará sus poderes este mes, como está previsto, y no lo hará mientras no se repitan los comicios legislativos celebrados el pasado 26 de octubre, que ella considera «fraudulentos». Varios embajadores georgianos y otros diplomáticos han dimitido, acusando al Gobierno de «aislar al país». También han mostrado su malestar con las autoridades varias estrellas del deporte.

El capital georgiano lamenta la imagen que se está dando al exterior y muchas empresas apoyan a los manifestantes: Los dos bancos más grandes del país, Bank of Georgia y TBC Bank, los operadores de telecomunicaciones Magticom y Silknet, el desarrollador ORBI Group, así como el mayor concesionario de automóviles del país, Tegeta. Todos ellos se oponen a dejar en suspenso la integración europea.

Así mismo, empleados de algunos ministerios y del Tribunal Constitucional pidieron al Gobierno reconsiderar su postura con respecto a la Unión Europea, ya que el aplazamiento «ignora la voluntad constitucional de los ciudadanos de Georgia al vulnerar el artículo de la Ley Fundamental, según el cual los órganos constitucionales deben tomar todas las medidas para garantizar la plena integración de Georgia en la UE y la OTAN. Paralelamente, Washington ha suspendido el acuerdo estratégico que tenía suscrito con Tiflis.

Pero el primer ministro y líder de la formación oficialista Ensueño Georgiano, Irakli Kobajidze, le ha dicho a la presidenta que en el cargo «le quedan cuatro viernes». «No se acostumbra, entiendo su estado emocional, sin embargo, claro, a partir del 29 de diciembre tendrá que abandonar su residencia y entregar este edificio al presidente legítimamente elegido», avisó Kobajidze. Según sus palabras, Zurabishvili «no puede levantarse de su asiento (…) pero tendrá que salir junto con su silla».

El jefe del Gobierno reiteró que las elecciones del nuevo presidente, que tendrán lugar no por sufragio universal sino entre los diputados del Parlamento, se celebrarán el 14 de diciembre. La cuestión es que la actual presidenta no reconoce la legitimidad de la Cámara y se considera a sí misma la única institución legal en la actual situación, de ahí que exija unos nuevos comicios, algo a lo que tampoco está dispuesto Kobajidze, quien este domingo lo dejó bien claro durante una comparecencia ante la prensa. «Por supuesto que no», respondió a la pregunta de los periodistas sobre si acepta convocar nuevas elecciones.

Los principales partidos de la oposición georgiana han hecho público un comunicado conjunto deplorando la «violencia sistemática organizada por el partido –en el poder- Ensueño Georgiano contra manifestantes pacíficos y periodistas» y llaman a «luchar en la calles junto con el pueblo para salvar nuestro Estado». Aseguraron tener intención de continuar las protestas el tiempo que sea necesario. El Servicio de Seguridad Estatal de Georgia advirtió este sábado que está empezando a observar en los disturbios posibles intentos de «derrocar violentamente al Gobierno legítimo». Así que se ha instado a la población a «tener cuidado y no unirse, voluntaria o involuntariamente, a esta provocación planificada» por la consecuencias penales que pudiera acarrear.