El Supremo de EE.UU. da la espalda a Trump y mantiene el bloqueo de las deportaciones expeditas de venezolanos

El alto tribunal desestimó una apelación de la Administración Trump para poder retomar las deportaciones en virtud a la invocación de esa ley por parte del presidente de EE.UU.: en ella, defendió que los integrantes de la banda de origen venezolano Tren de Aragua -calificada ahora de organización terrorista por parte de EE.UU.- están ejecutando una «invasión» de EE.UU. bajo la dirección del régimen de Nicolás Maduro.

Noticia Relacionada

Trump entierra a los 'neocons' y redefine la relación con Oriente Próximo

David Alandete

Trump cierra en Abu Dabi una gira en la que aparta a Israel y se acerca a Irán

La Administración Trump utilizó esa invocación para deportar de forma exprés a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador a más de 200 inmigrantes indocumentados venezolanos y lo hizo contra las órdenes de un juez federal, que exigió la paralización de los vuelos de expulsión. Y buscaba seguir haciéndolo como una forma de impulsar su prometido programa de «deportación masiva» de inmigrantes.

Aquello supuso un amago de crisis constitucional, amenazas por parte de Trump y de sus aliados de impulsar un 'impeachment' o juicio político contra aquel juez, James Boasberg, y la intervención del Supremo en el caso.

Noticia Relacionada

El Gobierno de Trump dice que el salvadoreño deportado por error está «vivo y seguro» en una cárcel de su país

Kilmar Ábrego García, residente de Maryland y casado con una estadounidense, podría regresar gracias a una orden del Supremo que obliga a EE.UU. a repatriarlo

«Este es un día malo y peligroso para Estados Unidos», ha expresado el presidente Trump al hilo de la decisión del Supremo, al que acusa de «dictaminar que los peores asesinos, traficantes de drogas, miembros de pandillas, e incluso los que están mentalmente locos, que entraron en nuestro país ilegalmente, no se les permita ser expulsados sin pasar por un largo, prolongado y costoso proceso legal».

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, el mandatario ha cargado duramente contra el bloqueo de su ley en los tribunales y cree que «animará a otros criminales a entrar ilegalmente» en EE.UU. «El dormilón Joe Biden permitió que millones de extranjeros criminales entraran a nuestro país sin ningún 'proceso', pero para sacarlos tenemos que pasar por uno largo y extenso», ha protestado.

La utilización de esta ley de 1798 -hasta ahora solo se había invocado en tres ocasiones, las tres en tiempo de guerra- ha provocado multitud de batallas legales en tribunales de todo el país, centradas en dos asuntos principales: la legalidad del uso de la ley en un momento en el que EE.UU. no está en guerra; y el mantenimiento de las garantías legales para que los sujetos a deportación puedan contestar en tribunales.

Al menos tres jueces federales han determinado que la Administración Trump no puede utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros en estas circunstancias. Pero esta misma semana un juez de Pensilvania sí ha dado su visto bueno. Por otro lado, una juez de Washington ha exigido a la Administración un plazo de 21 días para informar a los afectados por estas deportaciones para que contesten el caso. Este mismo viernes, un juzgado de apelación federal de Boston ha mantenido -contra la opinión de la Administración- la decisión de un juez inferior de dar a los inmigrantes al menos un plazo de 15 días.

Ante las peticiones de medidas cautelares, el Supremo se ha visto obligado a intervenir en casos relacionados con la aplicación de esta ley en varias ocasiones.

El Supremo ya dio una primera opinión sobre el uso de esta ley el pasado abril: determinó que el Gobierno la puede usar, pero dando suficiente tiempo y oportunidad a los afectados para enfrentarse a la deportación en tribunales.

Este viernes el asunto regresó a sus manos después de una nueva batalla entre la Administración Trump y un inmigrante defendido por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en sus siglas en inglés), la principal organización de derechos civiles en EE.UU. La ACLU considera que el Gobierno no dio suficiente oportunidad a los inmigrantes para contestar una deportación «inminente», frente a las instrucciones que el Supremo dio en abril.

En su decisión, los jueces del Supremo no entran a considerar si la Administración Trump está haciendo un uso adecuado de la Ley de Enemigos Extranjeros. Pero impone que eso debe seguir su curso en tribunales inferiores y que, mientras tanto, bloquea su uso y exige que los afectados tengan garantías para defender sus casos, mucho más allá de las 24 horas que les dieron en el caso que llegó a sus manos.

«Un detenido debe tener suficiente tiempo e información para ser capaz de forma razonable de contactar con su defensa, interponer una petición y buscar alivio», escribió el juez Brett Kavanaugh con la opinión de la mayoría de los jueces.

«Reconocemos la importancia de los intereses de seguridad nacional que tiene el Gobierno, así como la necesidad de que esos intereses sean perseguidos de una manera acorde a nuestra Constitución», añadió Kavannaugh, uno de los tres jueces nominados en su primer mandato por Trump, que reforzó la mayoría conservadora del tribunal. Dos de los jueces de ese sector, Samuel Alito y Clarence Thomas, disintieron de la mayoría.