El Senado italiano aprueba una polémica reforma constitucional para separar las carreras de jueces y fiscales

Actualmente, bajo la Constitución italiana de posguerra, jueces y fiscales forman parte de un único cuadro profesional, siguiendo la misma carrera y bajo la supervisión de un organismo autónomo que celosamente protege su independencia. La coalición de derechas liderada por Meloni ha querido cortar el vínculo entre fiscales y jueces, a menudo criticado por el Ejecutivo, por considerar que desafiaban prerrogativas de los gobiernos electos de Italia. La primera ministra, que ha chocado repetidamente con la magistratura, sugería que el poder judicial se dejaba llevar por su tendencia izquierdista en lugar de hacer una lectura imparcial de las leyes. Por ejemplo, Giorgia Meloni ha criticado a los jueces de varios tribunales por sus sentencias contra sus dos centros de Albania de detención de inmigrantes irregulares rescatados en el Mediterráneo. El ministro de Defensa , Guido Crosetto, llegó a describir al poder judicial como «la principal oposición a este Gobierno»

Giorgia Meloni expresó su satisfacción por la reforma en las redes sociales: «La aprobación de la reforma constitucional de la justicia en el Senado marca un paso importante hacia un compromiso que asumimos con el pueblo italiano y que perseguimos con firmeza. Hoy confirmamos nuestra determinación de dotar a Italia de un sistema de justicia cada vez más eficiente, justo y transparente«. Desde Forza Italia, el partido fundado por Berlusconi, celebran esta jornada como «especial», recordando cómo su líder «pagó en términos políticos y personales» por defender sin éxito este cambio. Giovanni Orsina, profesor de ciencias políticas de la Universidad Luiss de Roma, ha explicado que «Berlusconi podía ser acusado de querer cambiar el poder judicial para defender sus propios intereses; pero Meloni no puede ser acusado de eso».

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Mientras el Gobierno celebra, la oposición y los propios magistrados ven en la reforma un intento de controlar un poder judicial que, en ocasiones, ha sido crítico con las acciones gubernamentales. El Partido Democrático (PD) y la Alianza Verde e Izquierda mostraron la Constitución boca abajo, simbolizando la subversión de los principios democráticos. Francesco Boccia, presidente de los senadores demócratas, criticó que la reforma nace de una «idea iliberal del poder», que «no acepta límites, no reconoce contrapoderes, no soporta la crítica». Acusan al Gobierno de querer convertir la justicia en un «poder auxiliar del Ejecutivo», siguiendo modelos «trumpistas» o de países como Polonia y Hungría.

Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados (ANM) ha advertido que esta medida «anula la estructura constitucional actual y el equilibrio de poderes entre el Estado», reduciendo las garantías, derechos y libertades de los ciudadanos. Temen que la separación «aísle al fiscal público» y «cree el riesgo muy real de su dependencia del poder ejecutivo». Uno de los magistrados más prestigiosos de Italia por su lucha contra la criminalidad organizada, Nicola Grateri, jefe de la fiscalía de Nápoles, explica por qué la Asociación de Magistrados se opone a la separación de las carreras: «Temo que el siguiente paso sería poner a los fiscales bajo el Gobierno, porque el Ejecutivo dictaría la agenda de la Fiscalía y ésta perdería su independencia. Así ocurre –sentencia Gratteri– en todos lo países en los que están separadas la carreras de jueces y fiscales».

La reforma constitucional será sometida a una última lectura, de puro trámite, en el Parlamento, y luego será sometida a un referéndum, que podría tener lugar a principios de 2026. El resultado no solo determinará la estructura del poder judicial, sino que también será una prueba de fuego para el Gobierno de Meloni y su capacidad de convencer a los ciudadanos de la necesidad de este cambio histórico.