Rolando Álvarez, el obispo que prefirió 26 años de cárcel a irse de Nicaragua

Unas seis mil personas miraban a través de las redes sociales de la Diócesis de Matagalpa la escena que conmocionó a los críticos del Gobierno sandinista. Álvarez estaba haciendo ruido, y eso, para la Nicaragua que gobierna con mano de hierro Ortega y su esposa, Rosario Murillo, es imperdonable. «Son ellos los que tienen la calle de la curia acordonada. Son ellos los que rodean la puerta de mi casa. Son ellos los que no dejan entrar a la gente. ¿Quiénes son los que meten zozobra?», dijo el religioso en vivo.

Días atrás, el obispo se perfilaba como una voz disonante desde los púlpitos. La crítica a la represión de Ortega y Murillo se colaba en los sermones, tal como algunos curas de la teología de la liberación lo hicieron en la década de los setenta, cuando en sus homilías comparaban a figuras bíblicas como Herodes con Somoza Debayle —el último dictador de la dinastía que gobernó por casi cuarenta años Nicaragua en el siglo XX—.

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Pero el monseñor iba más allá. Decía que la lucha por Nicaragua también era una lucha «entre el bien y el mal». También anunciaba desde las redes sociales de la Diócesis la realización de exorcismos «por Nicaragua». Un tema sensible y que trastoca la figura de Murillo, quien siempre ha sido tildada de mística y esotérica debido a la carga simbólica que ha impuesto en el país. Una muestra de ello son los 'árboles de la vida', estructuras metálicas colocadas por toda la capital que representan espirales infinitos. Son tan inmensas que nadie —antes de que fueran derribadas por los manifestantes en 2018— sabía cuál era el verdadero significado detrás de ellas.

Álvarez cuestionaba y enviaba mensajes entre líneas, lo que provocó que se convirtiera en un blanco del régimen al igual que decenas de sacerdotes católicos. De acuerdo a la investigación 'Nicaragua: una iglesia perseguida', de la abogada Martha Patricia Molina, el régimen ha ejecutado 400 ataques a sacerdotes e iglesias católicos en todo el país.

Rolando Álvarez nació en Managua en 1966. Tiene 56 años y ha sido desde sus comienzos un fuerte crítico al sandinismo. Desde su niñez perteneció a los círculos religiosos y pastorales del catolicismo. También se opuso al Servicio Militar Patriótico, una polémica medida que los sandinistas impusieron en los ochenta con el fin de reclutar a jóvenes para la guerra que sostenían con los contrarrevolucionarios financiados por Estados Unidos. Esta oposición lo llevó en el pasado a estar preso en un par de ocasiones. Para entonces, también vivió su primer exilio en Guatemala.

Su papel como líder religioso tuvo un momento estelar en 2018. Para entonces, se perfilaba como un personaje carismático, que no tenía reparos en internarse en las zonas rurales del país para llevar un mensaje de esperanza. Se le miraba bailando, compartiendo con campesinos y criticando al poder en sus homilías. Había conquistado el cariño de una buena parte de los nicaragüenses, quienes inmortalizaron sus frases y bailes a través de memes.

La madrugada del pasado jueves, Álvarez no aceptó su destierro. Fue uno de los dos presos políticos del régimen que no subió a un avión junto a otros 222 presos políticos que fueron «deportados» a Estados Unidos en una decisión «unilateral» que tomaron los sandinistas para deshacerse de ellos. El mismo Ortega relató, esa noche, lo que sucedió con el obispo.

Según el mandatario, Álvarez fue trasladado de su casa a la pista de aterrizaje de la Fuerza Aérea junto al resto de presos políticos, pero antes de abordar el avión dijo que debía hablar con el resto de obispos. Ortega tachó de «energúmeno» al religioso y dijo que, de acuerdo al convenio con Estados Unidos, no podían obligar a nadie a abordar.

La decisión de Ortega fue enviarlo al Sistema Penitenciario Nacional, conocido también como La Modelo, una cárcel para reos comunes hombres. Tras ello, el régimen adelantó el juicio por los delitos de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad de Nicaragua» para el pasado viernes, cuando estaba agendado para marzo. En el proceso exprés fue condenado a 26 años y cuatro meses de cárcel. Su nacionalidad también fue anulada por ser considerado «traidor a la patria».

Para Gonzalo Carrión, un abogado defensor de derechos humanos nicaragüense, la sentencia refleja «el odio directo» del régimen hacia el obispo. «Como él se niega al destierro, lo castigan con el encierro», manifestó.