Daniel Ortega continúa su cruzada contra la Iglesia católica y detiene a un tercer sacerdote

Esta nueva detención muestra la escalada de represión del régimen de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica, crítica con el régimen, que obligó a convocar una reunión de urgencia a la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado viernes para abordar esta situación.

Este mismo martes, los feligreses de una congregación no pudieron entrar en la Parroquia de Santa Lucía en Ciudad Darío, norte de Nicaragua porque la policía orteguista impidió el acceso al templo y el sacerdote tuvo que dar el sacramento detrás de una valla, según se puede ver en las imágenes colgadas en las redes sociales.

El caso de Danilo Benavidez Tinoco se suma al hostigamiento sufrido desde hace semanas por el obispo Rolando Álvarez. La Policía Nacional mantiene rodeada la casa parroquial de monseñor, ubicada en la ciudad de Matagalpa, en el centro del país. La medida fue impuesta desde el 4 de agosto, el mismo día en que Álvarez realizó una procesión con los símbolos del catolicismo. Una escena como esta no se veía desde las protestas de abril de 2018, cuando miles salieron contra el régimen, incluidos varios curas que también hicieron procesiones por la «paz». Por ello, algunas fuentes eclesiásticas han asegurado que existen «presiones» por parte del Gobierno de Ortega hacia la jerarquía católica de Nicaragua con el fin de sacar al prelado del país.

Sin embargo, monseñor Álvarez se ha negado a irse. Dentro de la curia graba vídeos y los cuelga a las redes sociales de la Diócesis de Matagalpa, su sede religiosa. El día que fue asediado aseguró que tiene una misión religiosa, y que la lucha de los «creyentes», no es solo contra «fuerzas humanas».

«Recuerden amadísimos hermanos, el miedo paraliza, la desesperanza auto sepulta y el odio es la muerte del corazón; al odio se le responde con el amor, a la desesperanza con la esperanza, al miedo con la fortaleza y con la valentía que nos da el Cristo glorioso y resucitado», dijo el jerarca católico en otra transmisión realizada el 6 de agosto.

La situación en la curia de Matagalpa ha elevado las alarmas nuevamente en el país. La persecución ejecutada por estas fechas en 2021 contra siete aspirantes a la presidencia y decenas de líderes opositores sigue latente. El régimen abrió «una investigación» contra el líder religioso por «intentar organizar grupos violentos y ejecutar actos de odio en contra de la población», según reza un documento publicado por la Policía Nacional un día después de la procesión. Dentro de la casa parroquial también se encuentran otras 11 personas que acompañan al obispo en sus jornadas de oración.

La vicepresidente Rosario Murillo también hizo mención a los hechos el pasado jueves, tildando las acciones de Álvarez como «crimen de lesa espiritualidad», una tipificación inexistente en el marco jurídico. «Todavía quedan algunos personajes que son bufonescos, que hacen el ridículo… Sin estatura moral alguna. Personajes que creen que el tiempo no ha transcurrido, personajes que creen que pueden ocupar lugares de autoridad, que tal vez no merecen, que tal vez no son para ello», agregó la vicemandataria, quien en otras ocasiones ha tildado a los curas católicos de «golpistas» y «falsos profetas».

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La persecución contra monseñor Álvarez es la imagen más visible de la última escalada represiva del régimen contra los religiosos católicos. Monseñor José Leonardo Urbina y el padre Manuel Salvador García fueron los dos primeros sacerdotes encarcelados por el régimen por delitos comunes. El régimen impidió que ambos fueran representados por sus abogados de confianza.

Ortega también ha clausurado medios de comunicación que pertenecían a la Conferencia Episcopal de Nicaragua y a radios comunitarias que eran administradas por monseñor Álvarez en Matagalpa, como parte del apagón mediático que ha sido ejecutado en el país tras protestas sociales de 2018, las más grandes en la historia reciente de Nicaragua.

«La persecución contra la Iglesia es mucho más amplia y profunda que las acciones contra monseñor Álvarez, porque han perseguido fuertemente a grupos religiosos totalmente apolíticos», explica el exministro de Educación y sociólogo Humberto Belli, quien también ha realizado investigaciones en el campo religioso. El académico menciona la expulsión de las Misioneras de la Caridad, una orden fundada por Madre Teresa de Calcuta. Las religiosas salieron del país después de que la Asamblea Nacional —dominada por el oficialismo— canceló su personería jurídica.

Ante este panorama, algunos sacerdotes han tenido que exiliarse, como es el caso del padre Edwin Román, quien se encuentra en Miami junto a monseñor Silvio Báez, también exiliado. En el caso del último, su salida fue ordenada por el Vaticano con el fin de «resguardar su vida».

La Iglesia católica fue una de las instituciones que prestó ayuda humanitaria durante las protestas de 2018. Los sacerdotes abrieron las puertas de los templos para establecer puestos médicos y centros de acopio. Desde entonces, los ataques han aumentado.

«La señal contra los religiosos es clara: el que tenga opiniones que disgustan al Gobierno solo tiene como alternativas el exilio o la cárcel», agrega Belli.