Revés del Supremo a Trump: paraliza las deportaciones exprés con una ley bélica de 1798

Es el último episodio de la batalla entre Trump y la justicia por su invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros, aprobada en 1798 e ideada para tiempos de guerra, para deportar de manera expedita, saltándose los debidos procesos legales, a inmigrantes indocumentados que su Administración sospecha que pertenecen a bandas criminales.

«Se ordena al Gobierno que no expulse de EE.UU. a ningún miembro de este grupo de detenidos hasta una próxima orden de este tribunal», se lee en la decisión del Supremo.

Hasta el mes pasado, esa ley bélica había sido invocada solo en tres ocasiones: la guerra de 1812 contra los británicos, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. La Administración Trump la utilizó el 15 de marzo para expulsar de forma exprés a más de 200 venezolanos a los que acusaba de ser miembros de Tren de Aragua, la banda criminal de origen venezolano a la que el presidente ha metido dentro del listado de organizaciones terroristas. Según el Gobierno de EE.UU., Tren de Aragua está perpetrando una «invasión» en EE.UU. bajo la dirección del régimen de Nicolás Maduro.

Los abogados de los inmigrantes han defendido que ese es un uso abusivo de la ley de finales del siglo XIX, que EE.UU. no está en guerra, y que se ha amputado a esos inmigrantes indocumentados el proceso legal pertinente en el que pueden contestar su expulsión.

Esos vuelos de deportación a El Salvador -a la cárcel de máxima seguridad Cecot, el símbolo de la mano dura contra la criminalidad de su presidente, Nayib Bukele- han tenido muchos coletazos y se han convertido en el símbolo del impulso agresivo a las deportaciones de la Administración Trump y de las dudas en muchos casos sobre su legalidad.

Un juez de Washington, James Boasberg, trató de paralizar los vuelos y la Administración desoyó sus órdenes, lo que ha puesto al Gobierno de EE.UU. al borde del desacato. En otro de los vuelos iba Kilmar Armando Abrego García, un salvadoreño que la propia Administración reconoció que fue deportado «por error» y que ha supuesto una gran polémica y una nueva pelea entre el Gobierno y la justicia, que le ha exigido que lo devuelva a EE.UU.. En su caso, no fue dentro de la invocación de la ley de 1798, sino por el proceso convencional de deportaciones.

La actual orden del Supremo de paralizar ese tipo de deportaciones ocurre después de que la semana pasada el mismo alto tribunal estableciera que esas expulsiones podían seguir adelante, pero dando a los afectados las suficientes garantías legales para ser contestadas.

Ante la sospecha por parte de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en sus siglas en inglés), la organización más involucrada en los casos para que los inmigrantes indocumentados cuenten con garantías legales, de que había decenas de inmigrantes a las puertas de una expulsión inmediata, metidos en autobuses hacia aeropuertos para sus vuelos de deportación, inició una cascadas de demandas para obtener una cautelar que los paralizara.

El Supremo dio el visto bueno en una decisión de urgencia en la que disintieron los dos jueces más conservadores, Clarence Thomas y Samuel Alito. El tribunal tiene una mayoría conservadora de 6-3, reforzada durante el primer mandato de Trump, que tuvo la posibilidad de nominar a tres magistrados.

El abogado de ACLU que lidera estos casos, Lee Gelernt se felicitó por la decisión del Supremo que «no ha permitido que se les saque rápidamente como ocurrió en la anterior ocasión».

Después de los vuelos del pasado 15 de marzo, la Administración Trump ha efectuado otros dos vuelos de deportación a El Salvador, pero no apoyados en el uso disputado de la ley de 1798.