La 'rebelión de las pelucas blancas' de Hong Kong

Justo un lustro después, con el movimiento democrático entre rejas o en el exilio por las leyes de seguridad nacional y electorales impuestas desde 2020, Hong Kong vive otra rebelión. Esta vez, es mucho más pequeña y se reduce al ámbito judicial, pero resulta igual de dañina para la imagen de una de las capitales financieras del mundo.

Se trata de la 'rebelión de las pelucas blancas de rulos', que son una de las herencias legales británicas de Hong Kong junto a la presencia de jueces extranjeros en su máximo tribunal. La otra era el imperio de la ley, pero va camino de desaparecer por las draconianas normas de seguridad nacional impuestas por China. Así lo ha denunciado uno de los magistrados extranjeros que acaba de dimitir del Tribunal de Última Apelación de la ciudad, Jonathan Sumption, en una tribuna publicada por el 'Financial Times' titulada 'El imperio de la ley en Hong Kong está en grave peligro'.

Lord Sumption, quien fue magistrado del Tribunal Supremo británico entre 2012 y 2018, critica en ella la reciente condena por «conspiración para cometer subversión» a 14 políticos que organizaron en 2020 las primarias del bando demócrata con el objetivo de obtener la mayoría en el Parlamento local (Legco) y así poder bloquear los presupuestos del Gobierno y forzar la dimisión del jefe ejecutivo de Hong Kong. Dicha acción política está contemplada en la Ley Básica, la breve Constitución que rige en la ciudad desde su devolución a China en 1997. Pero el Tribunal Supremo, escribe Lord Sumption, «decidió que rechazar el presupuesto no era un modo permitido de ejercer presión sobre el jefe ejecutivo para cambiar sus políticas».

Como «elaborar un plan para hacer esto ante el electorado fue tipificado como una conspiración criminal», con penas mínimas de diez años de cárcel y máximas de cadena perpetua, el juez considera que esta decisión del Tribunal Supremo de Hong Kong es «legalmente indefendible».

En su opinión, «la mayoría de los jueces de la ciudad son gente honorable con todos los principios liberales de la ley común. Pero tienen que operar en un clima político imposible creado por China». Además, advierte de que «si a Pekín no le gustan las decisiones de los tribunales, puede revocarlas con una 'interpretación' del comité permanente de la Asamblea Nacional Popular», el Parlamento orgánico del régimen del Partido Comunista.

En su tribuna, Lord Sumption niega que la Ley de Seguridad Nacional fuera impuesta para acabar con los violentos disturbios de 2019, pues había normas «perfectamente adecuadas» para hacerles frente, sino «como respuesta a la amenaza de una mayoría pro-democrática en el Legco (Parlamento de Hong Kong) con el fin de aplastar la disidencia política incluso pacífica».

Su durísimo artículo ha enfurecido a las autoridades hongkonesas y chinas. Mientras el jefe ejecutivo de la ciudad, John Lee, le replica que «los jueces son expertos en leyes, pero no en política», la Oficina de Enlace de Pekín le acusa de «violar flagrantemente» los principios judiciales con sus «calumnias».

«Los comentarios absurdos de Sumption se desvían de la ética y profesionalidad de los jueces y están en línea con los ataques contra el imperio de la ley de Hong Kong por parte de fuerzas externas», responden las autoridades chinas, según recoge el periódico 'South China Morning Post'. Para Pekín, «esto demuestra que está dispuesto a servir como una herramienta de la manipulación británica para interferir y socavar la seguridad y estabilidad de Hong Kong».

Tan airada respuesta no sorprende a Kenneth Chan, profesor de Política de la Universidad Baptista de Hong Kong. «Los jueces extranjeros han permitido a las autoridades argumentar una fachada de reconocimiento internacional. Pero las autoridades de Hong Kong y China están más que preparadas para cuestionar la integridad de aquellos que han decidido hablar en contra», analiza para ABC.

Además de denunciar que «Pekín ha eliminado deliberadamente del sistema de gobierno las normas y prácticas que podrían haber reforzado la supervisión judicial, como la separación de poderes y los equilibrios y controles», Chan asegura que «los procedimientos judiciales diseñados desde hace mucho tiempo han hecho poco por cambiar el destino de los presos políticos y cualquiera puede ser considerado un enemigo del Estado».

Preocupado por esta deriva autoritaria, teme por el futuro de la excolonia británica y su papel en el mundo. «Con respecto a la ciudad como centro financiero global, Hong Kong y China confían en que el resto del mundo coincida en sus argumentos de que la Ley de Seguridad Nacional no afectará a los negocios ni el comercio. En la práctica, sin embargo, cualquiera que viva aquí debe re-aprender a interiorizar las cambiantes 'líneas rojas' y 'zonas prohibidas' y tomar medidas sin riesgo, gracias a la mentalidad cautiva que tienen las autoridades», razona Chan. Además de por sus conocimientos como profesor de Política, sabe por experiencia propia de lo que habla porque fue uno de los fundadores del Partido Cívico, disuelto tras la ley de seguridad nacional.

La dimisión del juez Sumption del Tribunal de Última Apelación no es la única. Con él, también ha renunciado otro antiguo magistrado del Tribunal Supremo británico, Lawrence Collins, debido a la «situación política» aunque, eso sí, ha matizado que sigue confiando en su independencia.

Por su parte, la jueza canadiense Beverley McLachlin se retirará al terminar su mandato este verano, alegando su elevada edad, 80 años, y que quiere pasar más tiempo con su familia. Frente a las críticas de Lord Sumption, McLachlin asegura que «sigo teniendo confianza en los miembros del Tribunal, en su independencia y en su determinación en mantener el imperio de la ley».

El propio Sumption también pensaba así hace solo dos años, cuando el presidente y vicepresidente del Tribunal Supremo británico, Robert Reed y Patrick Hodge, dejaron sus puestos en Hong Kong por las críticas de su Gobierno a la pérdida de libertades y derechos que viene sufriendo la ciudad. Pero, según alerta en su artículo, «Hong Kong, antes una comunidad vibrante y políticamente diversa, se está convirtiendo lentamente en un Estado totalitario».