Hong Kong pasa de 'un país, dos sistemas' a 'vigilar y denunciar' bajo la nueva ley de seguridad nacional

Más allá del infantilismo de sus dibujos, el mensaje es evidente en el enorme cartel que cuelga de uno de los muros con alambradas de la comisaría central de Hong Kong, en el distrito de Wan Chai: 'Vigilar y denunciar'. Con la promesa de una recompensa y ofreciendo un teléfono de emergencia, otro para mensajes y un contacto de WeChat, la popular aplicación china similar a WhatsApp, esa es la consigna que lanza la Unidad Interdepartamental Contra el Terrorismo de Hong Kong. Una ciudad que está fuera de las amenazas terroristas globales, pero donde algunos de los actos vandálicos de sus protestas por la democracia de hace cinco años son considerados como tal.

Al lado de este cartelón rectangular, de unos cinco metros de largo, otro igual de grande muestra un típico paisaje montañoso chino y un río surcado por un barco de vela. «Fuente y cauce: el control total del Gobierno central es la fuente del alto grado de autonomía de Hong Kong», rezan sus caracteres.

A la vista de ambos carteles, este es el ambiente oficial que se respira en la ciudad tras la aprobación de la nueva ley doméstica de seguridad nacional, que entró en vigor el sábado 23 de marzo. La fecha no es casual en una mentalidad tan aficionada a la numerología como la china. Además de prometer progreso y armonía gracias a ese número de la suerte, dicha regulación desarrolla por fin el Artículo 23 de la Ley Básica de Hong Kong, la breve Constitución que rige en esta ciudad de siete millones de habitantes desde su devolución a China por parte del Reino Unido en 1997.

Tal y como establece ese Artículo 23, «la Región Administrativa Especial de Hong Kong promulgará leyes propias para prohibir cualquier acto de traición, secesión, sedición y subversión contra el Gobierno central, o el robo de secretos de Estado». Además, incluye «la prohibición de organizaciones políticas extranjeras o entes que lleven a cabo actividades políticas en la Región, así como prohibir que organizaciones políticas o entes de la Región establezcan lazos con las del extranjero».

La primera vez que las autoridades intentaron promulgar esta ley de seguridad nacional, en 2003, se encontraron con un fuerte rechazo social que les hizo recular de inmediato. El 1 de julio de ese año, con motivo del sexto aniversario del traspaso de soberanía, medio millón de personas tomaron las calles para protestar contra la norma ordenada por el autoritario régimen de Pekín por miedo a que recortara las libertades de Hong Kong, mayores que en China gracias al principio de 'un país, dos sistemas'.

Tras las protestas pidiendo democracia en 2019, que empezaron de forma pacífica pero derivaron en una guerrilla urbana que hundió a la ciudad en el caos, Pekín impuso al año siguiente, en plenas restricciones por el Covid-19, una draconiana ley de seguridad nacional sin pasar por el Parlamento local. Con penas de entre tres años de cárcel y cadena perpetua, perseguía los delitos de secesión, subversión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras.

Desde entonces, dicha ley no solo ha servido para obligar a disolver todos los partidos, sindicatos y organizaciones que reclamaban democracia, sino para arrestar y poner entre rejas a 291 personas, de las que 174 y cinco empresas han sido formalmente acusadas. Entre ellas, destacan diputados y activistas como Joshua Wong y Jimmy Lai, magnate de medios de comunicación críticos con Pekín como el diario 'Apple', ya prohibido.

Además, en marzo de 2021, el régimen chino impuso una reforma electoral para vetar a la poca oposición política que quedaba en Hong Kong, reduciendo la votación directa y ampliando el número de diputados afines a Pekín en el Parlamento local, reservado «solo para patriotas».

Ahora, la nueva ley doméstica de seguridad nacional amplía la de 2020 al cubrir 39 delitos que pueden ser tipificados como traición, insurrección, sabotaje, robo de secretos de Estado o espionaje e injerencia de organizaciones políticas extranjeras en Hong Kong. Los tres primeros prevén condenas de hasta cadena perpetua, mientras que la sedición está penada con hasta siete años de cárcel y la colusión con fuerzas extranjeras con diez.

Además, extiende dos semanas más el periodo de detención de 48 horas hasta pasar a disposición judicial, restringe el acceso de los arrestados a sus abogados y permite al Gobierno local declarar fugitivo y cancelar el pasaporte de quien no se haya presentado ante los tribunales sin esperar los seis meses que antes hacían falta. La nueva norma también se aplicará a las «organizaciones en la sombra» con miembros de partidos disueltos y otorga al jefe ejecutivo de la ciudad potestad para «promulgar una legislación subsidiaria para salvaguardar la seguridad nacional» y «tratar con circunstancias imprevistas».

«Si tú estás preocupado, nosotros estamos desesperados», confiesa un hongkonés que prefiere ocultar su identidad por miedo al clima de miedo y represión que empezó hace cuatro años. Aunque de momento ha decidido «seguir en la ciudad y ver lo que ocurre», cree que «no me quedará más remedio que emigrar si siguen perdiéndose libertades», como han hecho ya unos 300.000 hongkoneses.

«Cuando el Gobierno central decidió promulgar la primera ley de seguridad nacional a finales de junio de 2020, fue un punto de inflexión en la historia de la ciudad. En 2020, todo cambió», analiza el sinólogo francés Jean-Pierre Cabestan, profesor emérito de Ciencias Políticas de la Universidad Baptista de Hong Kong y cuyo último libro es 'Facing China. The prospect for war and peace'. Tal y como resume, «desde entonces, no hay vida política y la gente ya no participa en las elecciones, como se vio en los comicios a consejos de distrito del año pasado con solo un 27,5 por ciento de votantes». Dicho índice, el más bajo de la historia, refleja la «resistencia pasiva» de los hongkoneses al autoritarismo del presidente Xi Jinping.

A tenor de Cabestan, «el impacto en los medios también ha sido negativo y no se puede criticar al Partido Comunista en la esfera pública ni, por supuesto, conmemorar la masacre de Tiananmen. ¿Pero ha cambiado la gente su mentalidad? Creo que no. Hong Kong sigue siendo una ciudad anticomunista».

Además, alerta de que las autoridades «están intentando reformular no solo el sistema político, sino también la sociedad civil de Hong Kong, ya que han sido disueltas las organizaciones que eran críticas o demócratas». So pena de ser acusado de sedición o subversión, «en Hong Kong ya no es posible ser demócrata ni promover la democracia en China porque se considera una de esas revoluciones de color que pueden ser perseguidas. Incluso pedir públicamente el boicot de las elecciones puede ser perseguido».

En esta ciudad, que era una de las más abiertas y cosmopolitas de Asia, ya no se pueden encontrar en las bibliotecas públicas y librerías obras críticas con el régimen. Mientras antes se veían manifestaciones del culto Falun Gong, ilegalizado en China, ahora son solo unos pocos de sus seguidores los que se atreven a distribuir sus folletos y mostrar sus carteles en las calles. «Llevo veinte años haciéndolo y espero que no me lo impidan», cuenta una mujer de mediana edad a la que dos vigilantes echan del Centro de Exposiciones por repartir periódicos de Falun Gong a la salida de la feria de arte contemporáneo Art Basel.

Desde junio de 2020, un tercio de mis amigos ha sido detenido y, probablemente, otro tercio ha huido al exilio», explica Kenneth Chan, profesor también de Ciencias Políticas en la Universidad Baptista y uno de los fundadores del Partido Cívico, ya disuelto.

«Uno ya no puede disfrutar del mismo nivel de libertad que los habitantes de la ciudad teníamos antes de la ley de seguridad nacional. Estamos en una jaula y la gente debe aprender con prueba y error cómo evitar los riesgos», critica Chan, quien denuncia que «Hong Kong está ahora bajo un régimen autoritario».

Además de la censura, que ha acabado de forma prematura con su dirección de programa académico y su columna en el periódico 'Ming Pao', alerta de la «autocensura» y del «miedo» que ha llevado a algunos de sus colegas a cortar su amistad con él. «No solo no se permite lo que está considerado como 'no leal', sino que el Gobierno intenta acabar con la 'resistencia pasiva' de todo aquello que no le guste», desgrana Chan. En este acoso legal, destaca que «cafeterías regentadas por gente considerada demócrata y librerías independientes son objetivo de varios departamentos, desde las inspecciones contra incendios y fugas de agua hasta las quejas por ruido». Al igual que ya ocurriera en el pasado con el Museo de Tiananmen, el último local que acaba de cerrar es la librería Mount Zero. Otro ejemplo más de que Hong Kong ha pasado del modelo 'un país, dos sistemas' a 'vigilar y denunciar'.