Dimiten jueces extranjeros de Hong Kong por la Ley de Seguridad Nacional impuesta por China

En ella, Lord Sumption, quien fue magistrado del Tribunal Supremo británico entre 2012 y 2018, critica la reciente condena por «conspiración para cometer subversión» a 14 políticos que organizaron en 2020 las primarias del bando demócrata con el objetivo de obtener la mayoría en el Parlamento local (Legco) y así poder bloquear los presupuestos del Gobierno y forzar la dimisión del jefe ejecutivo de Hong Kong. Dicha acción política está contemplada en la Ley Básica, la breve Constitución que rige en la ciudad desde su devolución a China en 1997. Pero el Tribunal Supremo, escribe Lord Sumption, «decidió que rechazar el presupuesto no era un modo permitido de ejercer presión sobre el jefe ejecutivo para cambiar sus políticas».

Como «elaborar un plan para hacer esto ante el electorado fue tipificado como una conspiración criminal», con penas mínimas de diez años de cárcel y máximas de cadena perpetua, el juez considera que esta decisión del Tribunal Supremo de Hong Kong es «legalmente indefendible». Aunque matiza que «eso no significa necesariamente que el imperio de la ley esté muerto», ya que los tribunales de apelación pueden corregir la condena, alerta de que el «verdadero problema es que la decisión es sintomática de un mal creciente en el sistema judicial de Hong Kong».

En su opinión, «la mayoría de los jueces de la ciudad son gente honorable con todos los principios liberales de la ley común. Pero tienen que operar en un clima político imposible creado por China. El primer problema son los términos de la Ley de Seguridad Nacional y una ley colonial contra la sedición extinta hasta ahora», cuya dureza y amplitud han recuperado las autoridades de Hong Kong.

Además, el magistrado advierte de que «si a China no le gustan las decisiones de los tribunales, puede revocarlas con una 'interpretación' del comité permanente de la Asamblea Nacional Popular en Pekín», el Parlamento orgánico del autoritario régimen del Partido Comunista. Como ejemplo, dicha «interpretación» impidió que Jimmy Lai, el magnate de la comunicación más crítico con China, pudiera ser defendido por un abogado británico cuando fue juzgado bajo la Ley de Seguridad Nacional.

En su tribuna, Lord Sumption también denuncia la «paranoia de las autoridades» y asegura que dicha normativa no fue impuesta para acabar con los «violentos disturbios» que estallaron durante las protestas reclamando democracia en 2019, ya que «las leyes ordinarias de Hong Kong eran perfectamente adecuadas para tratar con ellos». A su juicio, y nunca mejor dicho, «la Ley de Seguridad Nacional fue impuesta como respuesta a la amenaza de una mayoría pro-democrática en el Legco (Parlamento de Hong Kong) con el fin de aplastar la disidencia política incluso pacífica. Los medios a favor de la democracia han sido cerrados por la acción policial y sus editores juzgados por sedición. Los grupos que hacían campaña han sido desmantelados y sus líderes arrestados».

Por todo ello, cree que hay «llamadas continuas a un 'patriotismo' judicial» y que «muchos jueces, intimidados o convencidos por un clima político que se oscurece, han perdido la visión de su papel tradicional como defensores de la libertad del individuo, incluso aunque la ley lo permita». Además de denunciar que «el mínimo signo de disidencia es tratado como una llamada a la revolución», alerta de que «Hong Kong, antes una comunidad vibrante y políticamente diversa, se está convirtiendo lentamente en un Estado totalitario».

Como no podía ser de otra manera, su demoledor artículo ha escocido en Hong Kong, que es la puerta de entrada a las inversiones en China y se vanagloria de su escrupuloso sistema legal para garantizar la seguridad jurídica de las empresas y bancos que operan en el país desde esta región administrativa especial. Tanto el jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee, como otros magistrados han criticado las palabras de Lord Sumption. «Es triste y decepcionante que nuestros jueces locales sean abandonados por unos pocos colegas extranjeros y hayan sido tratados tan injustamente por alguien con quien servían juntos en nuestro sistema judicial», deploró Lee en su rueda de prensa del martes, según recoge el periódico 'South China Morning Post'.

«A un juez le puede gustar o disgustar un sistema particular y una ley, pero su obligación profesional es interpretar y aplicar esa norma concreta de acuerdo con los principios legales y las pruebas», aleccionó Lee. Para el jefe ejecutivo, «los jueces son expertos en leyes, pero no en política».

A pesar de sus palabras, la dimisión de Lord Sumption no es la única. La semana pasada, también renunció a su puesto en Hong Kong otro antiguo magistrado del Tribunal Supremo británico, Lawrence Collins. Y, este lunes, la jueza canadiense Beverley McLachlin anunciaba que se retiraría al terminar su mandato este verano, alegando su elevada edad, 80 años, y que quería pasar más tiempo con su familia. Frente a las críticas de Lord Sumption, McLachlin asegura que «sigo teniendo confianza en los miembros del Tribunal, en su independencia y en su determinación en mantener el imperio de la ley».

El propio Lord Sumption, ahora tan crítico, también pensaba así hace solo dos años, cuando el presidente y vicepresidente del Tribunal Supremo británico, Robert Reed y Patrick Hodge, dejaron sus puestos en Hong Kong por las críticas de su Gobierno a la pérdida de libertades y derechos que viene sufriendo la ciudad. Lord Reed argumentó en ese momento que no podía «seguir sirviendo en Hong Kong sin parecer que apoyaba a un Gobierno que se había apartado de los valores de la libertad política y la libertad de expresión».

El resto de jueces del Tribunal de Última Apelación, incluyendo a los ahora dimisionarios Lord Sumption y Lord Collins, defendieron entonces su independencia e integridad e insistieron en que «la presencia de jueces extranjeros ayudaría a mantener el imperio de la ley en Hong Kong». Pero, según reconoció Lord Sumption el lunes en un programa de la BBC, le ha llevado «bastante tiempo concluir que esto no es realista».

Con estas tres últimas renuncias, son ya seis los jueces extranjeros que han dejado su puesto en el Tribunal de Última Apelación de Hong Kong desde que China impuso su primera Ley de Seguridad Nacional en 2020. Citando el impacto de dicha normativa incluso antes de su entrada en vigor, el primero en hacerlo fue el australiano James Spigelman. Dos años después siguieron Lord Reed y Lord Hodge, y ahora han sido han sido tres renuncias en una semana.

Todavía hay siete jueces extranjeros en el Tribunal de Última Apelación, tres británicos y cuatro australianos, como parte del compromiso adquirido por China en 1997 para garantizar las libertades y el sistema legal de Hong Kong durante al menos 50 años. Pero, al paso que va la Ley de Seguridad Nacional, es posible que dentro de poco solo queden las pelucas blancas de rulos como herencia legal británica en los tribunales de Hong Kong.