Una purga otorga a Marco Rubio el control total de la política exterior de EE.UU.

La Casa Blanca no oculta sus intenciones: preguntado por ABC, un funcionario de la sede presidencial afirmó que Trump considera el Consejo de Seguridad Nacional como «el corazón del Estado profundo», una rémora del pasado que debe ser «desmantelada». El propio presidente recuerda aún que una filtración desde ese equipo expuso al mundo una conversación suya con Volodímir Zelenski, en la que instó al mandatario ucraniano a investigar los presuntos negocios irregulares de la familia Biden en su país. Aquella llamada derivó en su primer juicio político, del que fue finalmente exonerado por el Senado.

Trump y Rubio consideran que esa oficina se había convertido en un obstáculo ideológico y burocrático para su agenda. Hoy, el mando operativo recae en un núcleo cerrado: los secretarios de Estado, Defensa, Justicia y Tesoro responden de forma directa al presidente, sin filtros, sin comités, sin intermediarios. Tras la destitución de Mike Waltz, anterior asesor de Seguridad Nacional, por haber incluido a un periodista en una conversación clasificada sobre Yemen a través de la aplicación Signal, Trump entregó el cargo a Rubio y le concedió plena libertad de maniobra. «Si Trump decide levantar sanciones a Siria, se hace. Ya no hace falta pasar por varios niveles de revisión en el Consejo. El presidente da la orden y se ejecuta», dijo un funcionario a ABC este viernes. El nuevo modelo entierra décadas de procedimientos interagenciales basados en la deliberación interna y el consenso entre los departamentos de Estado, Defensa y la Casa Blanca. La seguridad nacional pasa ahora a ser gestionada de forma directa por los distintos departamentos, bajo una lógica ejecutiva pura.

Noticia Relacionada

Con el asilo cerrado, el presidente estadounidense acoge a los afrikáners como víctimas de «genocidio» en Sudáfrica

David Alandete

La Casa Blanca corta todas las ayudas, hasta las de la lucha contra el sida, por racismo de negros contra blancos

Clave en esta reconfiguración ha sido una crisis con epicentro en Venezuela, detonada por la llamada «Operación Guacamaya», el rescate secreto de cinco opositores venezolanos que llevaban más de un año encerrados en la embajada de Argentina en Caracas. Su liberación, organizada con apoyo de la administración Trump y ejecutada fuera de los canales diplomáticos convencionales, reveló la fractura entre dos estilos de gestión: el de Marco Rubio, centralizado, disciplinado y jerárquico; y el de Ric Grenell, exembajador en Berlín y antiguo jefe interino de Inteligencia Nacional, hoy una figura con acceso directo a Trump, pero cada vez más marginal.

Grenell, que aspiraba al puesto de secretario de Estado antes de que Trump se inclinara por Rubio, viajó sin autorización previa a Antigua en un jet privado para recoger al exmilitar estadounidense Joe St. Clair, encarcelado durante seis meses por el régimen de Nicolás Maduro. Publicó una foto en redes sociales junto al detenido liberado, y afirmó en el pódcast de Steve Bannon que Trump había autorizado prorrogar la licencia de Chevron para operar en Venezuela. Lo dijo sin respaldo institucional. Y no era cierto.

La maniobra desató una tormenta en la Casa Blanca. Rubio, que había anunciado públicamente la expiración de esa licencia el 27 de mayo, reaccionó con contundencia. La portavoz del Departamento de Estado zanjó el asunto: «La decisión está tomada», dijo. Solo el presidente y su secretario de Estado tienen autoridad para definir la política exterior de Estados Unidos. El golpe definitivo vino desde el Congreso: tres representantes republicanos por Florida –Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez– amenazaron con bloquear el proyecto estrella de Trump, un amplio paquete económico y migratorio, si se prorrogaba el acuerdo con Chevron. El presidente, presionado desde su base electoral, desautorizó a Grenell, reafirmó el mando de Rubio y consolidó su dominio sobre la política hacia Venezuela. El mensaje fue inequívoco: el aparato de seguridad y diplomacia exterior de EE.UU. ya no opera en base a estructuras colegiadas. Está concentrado en un núcleo ideológicamente alineado, que funciona por fidelidad y ejecución directa. En palabras de un asesor de Trump: «Esto no va de consenso. Va de mandos».

El razonamiento que justificó esta purga institucional fue un artículo publicado por Robert O'Brien –último asesor de seguridad nacional de Trump y actual presidente de la consultora American Global Strategies– junto a Alexander Gray, su director ejecutivo. En él argumentaban que el Consejo estaba plagado de «remanentes» de administraciones anteriores que seguían condicionando la política exterior desde dentro. O'Brien recordaba que, al final del primer mandato de Trump, el NSC contaba con unos 110 funcionarios, y proponía una reducción drástica: «Creemos que la plantilla podría limitarse a 60 personas, como en tiempos del presidente Eisenhower».

Según confirmó a ABC un funcionario que presenció el proceso, los despidos fueron abruptos. A las 16:30 se notificó al personal afectado y se les pidió abandonar sus puestos antes de las 17:00. En la sección de Oriente Próximo, el equipo pasó de diez personas a cinco en cuestión de minutos. La mayoría serán reubicados en sus agencias de origen –Estado, Defensa, Tesoro–.

El Consejo estaba formado, en su mayoría, por funcionarios cedidos temporalmente para deliberar y asesorar al presidente, priorizando la seguridad nacional sobre la diplomacia tradicional.

Durante el mandato de Joe Biden, su asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, llegó a ser considerado una de las figuras más poderosas del país, pese a no haber sido elegido en las urnas, dada la pérdida progresiva de facultades del expresidente. Reciente revelaciones apuntan a que altos funcionarios de la Casa Blanca ocultaron la incapacidad de Biden y procedieron a gobernar el país sin ser transparentes al respecto, algo que le dio al Consejo de Seguridad un poder desmedido y que no figura de ese modo en la Constitución.