Con el asilo cerrado, Trump acoge a los afrikáners como víctimas de «genocidio» en Sudáfrica

La denuncia de Trump ha sido polémica, y el presidente sudafricano, Ciryl Ramaphosa, espera desarmarla en una visita hoy al Despacho Oval que se prevé tensa. Dijo Trump la semana pasada: «Tratamos a la gente muy bien si es víctima de genocidio, y en este caso es un genocidio, terrible, Sudáfrica está fuera de todo control».

Con las puertas cerradas, y la expulsión inminente de cientos de miles de inmigrantes que han pedido refugio, como es el caso de los venezolanos, 59 afrikáners blancos sudafricanos llegaron al aeropuerto internacional de Washington el 12 de mayo de 2025 en un vuelo fletado y pagado por el Gobierno de EE.UU. Tienen ya permiso de trabajo y residencia permanente, y han sido reasentados sobre todo en los estados de Minnesota, Nevada e Idaho.

Esta súbita atención de Trump a los problemas de la población blanca en Sudáfrica se da cuando en su círculo de asesores han ido tomando especial protagonismo algunos destacados sudafricanos: el asesor y maestro de los recortes Elon Musk; el coordinador de inteligencia artificial Davis Sacks, y el multimillonario e inversor Peter Thiel.

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David alandete | corresponsal en washington

En febrero, Trump firmó un decreto especial en el que acusaba directamente al Gobierno de Sudáfrica de violaciones muy graves de los derechos humanos y de representar una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU. La clave era una ley de expropiaciones de 2024 que permite la confiscación de tierras agrícolas pertenecientes a afrikáners blancos sin compensación, para paliar problemas de desigualdad racial. Musk y aliados suyos han sido muy críticos con esa ley, diseñada para favorecer a los negros por las décadas de apartheid, o segregación legalizada.

El decreto le permitió a Trump suspender todas las ayudas a Sudáfrica, de las que el gobierno de ese país dependía en cierta medida: recibía unos 350 millones de dólares al año, una gran parte destinados a combatir la epidemia de sida. Recientemente, el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca prohibió a todas las agencias del gobierno de EE.UU. participar en cualquier trabajo relacionado con la cumbre del G-20 prevista en Sudáfrica en noviembre. Además, cuando correspondió a Trump aplicar los famosos y fallidos aranceles universales en abril, el presidente amagó con subirlos al 30% a Sudáfrica, uno de los porcentajes más elevados, superior al de la Unión Europea. (En este momento están en el 10% universal, en una moratoria hasta el 9 de julio).

Uno de los motivos adicionales de Trump para castigar de manera semejante a Sudáfrica es la decisión del Gobierno de Ramaphosa en febrero de acusar formalmente a Israel ante la Corte Penal Internacional de La Haya de imponer un régimen de 'apartheid' contra los palestinos. Según los representantes sudafricanos, la ocupación israelí de territorios palestinos es «inherente y fundamentalmente ilegal» y priva a los palestinos de su «derecho a la autodeterminación».

El 80% de Sudáfrica es negro. El 20% de los negros vive en la pobreza extrema, mientras sólo un 3% de los blancos entra en esa categoría. Esto ha llevado a las autoridades a denunciar desigualdad estructural arrastrada de los 46 años de apartheid. Ramaphosa y sus aliados acusan a Israel de copiar aquel sistema de racismo institucional.

Aunque los ataques a granjeros y terratenientes blancos se han producido a decenas, el Gobierno de Ramaphosa alega que son efecto de una de los índices de criminalidad más elevados del mundo: en 2024 hubo 26.200 homicidios , lo que equivale a un promedio de 72 asesinatos diarios.