El PP europeo abre el debate sobre el freno a la transición energética

El partido que ganó las elecciones, el Popular Europeo (PPE), impulsó con entusiasmo este proceso con la presidenta Ursula von der Leyen a la cabeza de la Comisión Europea. Desde el punto de vista político, se vislumbraba incluso el nacimiento de una coalición estratégica entre los populares y los Verdes, tradicionalmente escorados a la izquierda, como la base de una nueva correlación de fuerzas en el Parlamento Europeo y en los países donde los ecologistas tienen relevancia electoral.

Un lustro después, la situación ha cambiado de forma evidente. Gran parte de ese programa de transformación económica y tecnológica ya ha sido puesto en marcha, incluso a más velocidad a causa de la guerra de Ucrania y la renuncia al uso del gas ruso. Pero los efectos sociales de esta política han sido más violentos de lo que se había previsto. Las movilizaciones de los agricultores que representan uno de los sectores más afectados por las transformaciones del Pacto Verde y, en el campo de la automoción, la derrota de la industria europea frente a la de China o Estados Unidos en la carrera del coche eléctrico han empezado a suscitar una seria preocupación entre los dirigentes populares, hasta el punto de que han estado a punto de renegar de la figura de Von der Leyen a la hora de nombrarla como candidata a repetir mandato.

El caso paradigmático en este inesperado panorama es el de Alemania, que en 2011, y bajo la batuta de la excanciller Angela Merkel, durante una década la figura más importante de los populares europeos, decidió cerrar sus centrales nucleares. Las últimas fueron apagadas en 2022, dos meses después del inicio de la invasión rusa de Ucrania y poco antes de la misteriosa destrucción de gasoducto Nord Stream y la prohibición de comprar gas ruso, lo que ha obligado al actual Gobierno de coalición entre socialdemócratas, verdes y liberales, a volver a utilizar el carbón como fuente de energía para alimentar a la locomotora económica de Europa, en clara contradicción con el discurso dominante de Bruselas en las últimas décadas.

Los efectos electorales de esta situación parecen evidentes. Los países gobernados por partidos populistas con buenas relaciones con la dictadura de Vladímir Putin, como Hungría o Eslovaquia, tienen energía barata. Y otros como Polonia, que se consideran amenazados por el Kremlin, pueden sentirse libres para ignorar las reglas europeas en nombre de la soberanía nacional. En todas partes, la transición energética podría convertirse en un caladero de votos para los partidos nacionalistas y euroescépticos. Y, como consecuencia, los populares europeos han empezado a orientarse hacia el pragmatismo económico.

Un ejemplo claro de este proceso ha sido la tramitación de la llamada Ley de Restauración de la Naturaleza, que el PPE apoyó al principio y en el último momento intentó a toda costa tumbar. Al final, esta ley, que prevé el cese de toda actividad humana en ciertas superficies que se consideran dañadas por la acción humana, fue aprobada en el Parlamento en febrero por 329 votos a favor, 275 en contra y 24 abstenciones, con aplausos y vítores de los socialistas y verdes y el silencio de toda la zona de los partidos de derechas en el hemiciclo. Falta ahora la aprobación de los ministros en el Consejo, algo que no se producirá hasta después de las elecciones, sin duda por el temor a las consecuencias electorales de esta decisión. Los populares también se proponen acabar de revertir la prohibición de vender vehículos con motor de explosión, como se había decidido para favorecer la electrificación del parque automovilístico.

Los objetivos centrales de la UE para la lucha contra el cambio climático siguen vigentes y se supone que todos los partidos están de acuerdo. Para 2030 tendrán que haberse reducido las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% respecto a los niveles de 1990 y el consumo de energía se ha de rebajar en al menos un 11,7%.

Sin embargo, el PPE ha dejado por escrito en su manifiesto electoral que ahora propone favorecer primero a la economía y después ocuparse del medioambiente. El programa electoral del PPE apenas hace referencia a cualquier política medioambiental que se menciona apenas cuatro veces en el documento de 14 páginas y, cuando aparece, es para tratarla como un problema en la de la rivalidad económica de Europa con competidores como China y Estados Unidos.

En un ambiente de creciente preocupación por los efectos del cambio climático, los populares insisten en afirmar que «sin protección del clima, nuestra economía no puede seguir siendo competitiva a largo plazo, pero sin una economía competitiva tampoco puede haber una protección del clima sostenible. La prosperidad económica, una protección medioambiental ambiciosa y la paz social sólo pueden tener éxito en Europa si nuestra economía también tiene éxito en todo el mundo».