El Gobierno defiende en Bruselas el espionaje a los periodistas

El país más implicado en pedir este recurso extremo ha sido Francia aunque también se han sumado Italia o Grecia a esta lista que según fuentes diplomáticas incluye a otros países. Estos países quieren que se permita el uso de software espía si se considerara necesario para la «seguridad nacional». Esta discusión se ha dejado hasta el final porque se preveía que sería la parte más complicada dada la oposición frontal del Parlamento, así que la redacción final no se conocerá hasta el viernes, en caso de que haya acuerdo. Por ahora, la presidencia española propone una fórmula que esperan que podría ser aceptable para el Parlamento y que incluiría ciertas salvaguardias adicionales como «la inclusión de la obligación de autorización judicial previa y revisión periódica» antes de que se puedan lanzar operaciones de «vigilancia intrusiva» a un periodista.

Cuando la Comisión lanzó esta propuesta de ley en septiembre del año pasado, estaba pensando también en proteger a los medios tradicionales en un entorno en el que sectores importantes de la sociedad europea se sienten inclinados a informarse a través de otros canales, como las redes sociales, lo que a su vez se considera que favorece la difusión de noticias falsas. La UE tiene un departamento encargado precisamente de detectar y combatir las noticias falsas y durante mucho tiempo se le ha dado una importancia capital a las intromisiones de agentes de intoxicación manejados por el Kremlin.

En el Parlamento, la ponente de este proyecto es la popular alemana Sabine Verheyen, pero ha sido muy activa en su tramitación Diana Riba, la esposa de Raúl Romeva, que milita en el grupo de los Verdes, donde compartía escaño el actual ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Su correligionario alemán Daniel Freund ha declarado que en su opinión «los gobiernos no tienen por qué ocuparse de los teléfonos de los periodistas. Es inaceptable que los gobiernos de los Estados miembros intenten ahora reintroducir este párrafo de espionaje por la puerta trasera». El conservador francés Geoffroy Didier se ha dirigido concretamente al presidente de su país, Emmanuel Macron, para que «abandone su plan de espiar legalmente a los periodistas. Esta regulación europea debe proteger el pluralismo, no autorizar el espionaje»

Suecia, que ejercía la presidencia en el semestre anterior a España, no veía ningún inconveniente en este detalle y consideraba que las salvaguardias que aluden a la seguridad nacional están aceptadas por los Tratados de la UE.

En todo caso, este será probablemente el principal caballo de batalla en el último trílogo, del que depende la posibilidad de cerrar el semestre con otro proyecto aprobado.

Por lo que se sabe hasta ahora, el Parlamento aceptaría que la publicidad institucional dirigida a ayudar a sobrevivir a medios de comunicación no sobrepase el 15% del presupuesto total destinado a este capítulo, pero siempre que no se destine íntegramente a un solo medio. Es más, el Parlamento insiste en que también se incluyan entre los posibles beneficiarios a publicaciones y plataformas online, siempre que sean públicos los criterios y procedimientos para distribuir esta publicidad.

El Gobierno español quería que las autoridades regionales y locales que representen a entidades de menos de 50.000 habitantes no tuvieran limitaciones en la distribución de sus anuncios institucionales, pero el Parlamento lo ha rechazado.

La presidencia española ha logrado también que la evaluación de la concentración de medios no sea obligatoria y que las fusiones en el sector no tengan que dar cuenta a a las autoridades pertinentes, sino que serán estas las que pidan información si lo consideran necesario. Los gobiernos pueden analizar la diversidad de servicios y ofertas de medios en el mercado y en todo caso la Comisión Europea incluirá en sus informes anuales sobre el estado de derecho en cada país la situación del pluralismo en el mercado de los medios.