La extrema derecha sube en Europa a costa del debate sobre las fronteras

Ha transcurrido una década antes de que la UE haya logrado aprobar mal que bien una nueva reglamentación para hacer frente a este problema. Todavía no ha llegado a ser desarrollada con sus reglamentos y ya le llueven las críticas, tanto de las organizaciones no gubernamentales que la consideran demasiado restrictiva como por parte de los partidos nacionalistas que la tienen por demasiado laxa. Pero el objetivo de la Comisión Europea, que era tener aprobada la reforma antes de las elecciones de junio, se ha cumplido por los pelos. Lo que nadie se atreve a pronosticar es si será suficiente para evitar que el problema de los refugiados e inmigrantes sin papeles tenga un reflejo relevante en el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo.

La principal razón por la que la llegada de siete millones de ucranianos a la UE no ha causado una reacción similar a la de la anterior crisis es porque la mayor parte se han concentrado (casi dos millones) en Polonia, que es un país de los que entonces se negó a acoger a los sirios. Eso no ha evitado que se produjese un cambio en el Gobierno de Varsovia y que las tensiones entre los campesinos polacos estén poniendo al límite el sentido de solidaridad con sus vecinos.

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La reforma de la legislación de migración y asilo recién aprobada ha terminado en parte con el principio que se había sostenido desde la creación del espacio Schengen de que sea el país por el que se haya entrado en territorio europeo el responsable único de gestionar todos los asuntos que se deriven de ello. Eso es lo que explica por qué la llegada de sirios colapsó literalmente los escasos recursos de Grecia, entonces además sumida en una crisis económica durísima. Ahora se prevé de nuevo un sistema de reparto entre los diferentes países, con la salvaguarda de que si un gobierno se negase a acogerlos, debería financiar al que sí lo hiciera con una cantidad calculada en 20.000 euros por persona. Además, se prevé el establecimiento de puntos para tramitar las solicitudes de asilo y protección en los lugares de llegada, para determinar con la mayor agilidad posible a quién se le concede y a quién no, lo que implica que se procederá a expulsiones rigurosas de los que no cumplan las condiciones. Y, junto a esto, se dotará de un mayor presupuesto a la agencia de fronteras Frontex.

De hecho, el presupuesto de esta agencia de control de fronteras se ha incrementado de forma astronómica en los últimos años. De los seis millones que se le atribuyeron en 2005 han aumentado a 750 millones el año pasado. Para el periodo entre 2021 y 2027 se han atribuido un total de 22.000 millones. Las expulsiones de extranjeros en situación irregular han aumentado un 480% en los últimos dos años. Al mismo tiempo, Bruselas ha multiplicado sus esfuerzos diplomáticos para lograr que otros países como Túnez o Egipto acepten regular desde su territorio las llegadas ilegales.

Y sin embargo, en términos electorales, las encuestas prevén una subida significativa de los partidos de extrema derecha, que no reducirán su influencia, sino todo lo contrario. Los dos grupos, el más flexible, el de Conservadores y Reformistas (ECR), y el radical de Identidad y Democracia (ID) compiten por un electorado similar y si suman los diputados que anticipan las encuestas superarían holgadamente al grupo socialista, el segundo en la Eurocámara. Los primeros podrían pasar de 68 a 73 diputados e ID se prevé que aumente de los 59 actuales a 85, sobre todo por el éxito de Alternativa para Alemania (AfD) y Agrupación Nacional de la francesa Marine Le Pen, lo que garantiza que la cuestión migratoria seguirá siendo un asunto áspero en la próxima legislatura europea, centrada además en los dos países centrales de la política comunitaria.

Sobre todo porque la propia Comisión Europea ha reconocido que la UE necesitaría alrededor de un millón de inmigrantes cada año para mantener el equilibrio demográfico y los ingresos de los sistemas de protección social en la mayoría de países. Y se requieren tanto trabajadores con bajas cualificaciones para la construcción, la agricultura o el cuidado de ancianos, como técnicos y expertos con talento para la nueva economía digital.

En ese precario equilibrio entre endurecer las condiciones de entrada de los que llegan a Europa de cualquier manera y la necesidad real de esa mano de obra, la Comisión Europea tendrá que encontrar un espacio para el pragmatismo más realista.