Paolina Massida: «Las víctimas de Maduro sienten que no son prioritarias para la Corte Penal Internacional»

Este organismo mantiene abierta, desde hace nueve años, una investigación contra Maduro y otros miembros del régimen chavista por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, hasta el momento, no ha dictado ninguna medida contra el presidente venezolano. Por ello, la letrada que defiende a las víctimas del chavismo insistió durante el foro en la necesidad de ejercer presión sobre el fiscal general de la CPI, Karim Khan, para lograr una orden de arresto, que sí se ha dictado en otros casos recientes –contra el presidente ruso, Vladímir Putin; y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu–.

«Para mí es un problema de voluntad», afirmó Massidda. «Hay que mostrar con decisión lo que está sucediendo en Venezuela». Una presión que no se refiere al Estado, matizó la abogada, sino «a todos los niveles. Cada uno tiene que hacer su trabajo, y los políticos deben demostrar que el Gobierno de Maduro no es democrático; y los abogados deben aportar información precisa sobre lo que pasa en Venezuela».

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—Durante el foro han sido constantes los cuestionamientos hacia la CPI por su inacción en el caso contra Maduro...

—Yo soy una abogada independiente que tiene una oficina en la CPI, pero no estoy asociada a ella. Todas las decisiones que tienen que ver con la investigación o la orden de captura contra Maduro son competencia exclusiva del fiscal (Karim Khan), pero lo que yo he podido constatar y lo que las víctimas venezolanas transmiten es que en este momento el fiscal prefiere aplicar el principio de la complementariedad, esto es, que se dicten en la propia Venezuela medidas que permitan salir de esa situación. Las víctimas venezolanas consideran que hay un doble estándar porque en ciertas situaciones el fiscal en poco tiempo ha pedido una captura, y se preguntan por qué esto no ha sucedido con Venezuela; no se consideran una prioridad para el fiscal de la Corte.

—¿Cómo se va administrar justicia en Venezuela, un país donde no hay división de poderes?

—Es cierto, pero, según el Estatuto de Roma, si el país dice al fiscal que está investigando, este está obligado a escucharlo. Pero en la situación de Venezuela, lo importante es que tenemos dos decisiones de dos cámaras de jueces –la sala de cuestiones preliminares y la sala de apelaciones– que han dicho que en este momento no es posible que haya justicia en Venezuela. El Gobierno venezolano no tiene medios ni voluntad para aplicar las leyes. Y es por esto que las víctimas insisten en que el fiscal prosiga las investigaciones porque en este momento no hay ninguna perspectiva de justicia en Venezuela.

—Durante su intervención ha hablado de la necesidad de la colaboración de otros países. Hasta el momento solo Argentina ha abierto un proceso contra Maduro...

—No muchos países pueden aplicar la jurisdicción internacional, pero hay algunos aquí en Europa que sí pueden, como Alemania, Suiza, Suecia... Las víctimas pueden intentar casos en estos países, y sé que hay abogados que están trabajando en ello. La justicia en la CPI es de todos modos muy lenta, y aunque haya una orden de arresto no se sabe si se podrá ejecutar (en la actualidad el organismo internacional tiene activadas un total de 17 órdenes de detención). Y en la Corte no se puede juzgar a nadie sin que esté presente.

—En el caso de Maduro, su arresto está entonces muy lejos de producirse...

—Es cierto, pero también es verdad que aunque siempre se habla sobre una orden de arresto contra Maduro, no necesariamente el fiscal tiene que emitir una orden contra él, también se puede intervenir en contra de personas que tengan un nivel intermedio y que estén ubicadas en países en los que la Corte pueda intervenir...

—¿Quiénes serían esas personas?

—Creo que no puedo responder a eso...

—¿Cuántas víctimas han presentado hasta ahora denuncias contra Maduro y el régimen chavista por crímenes de lesa humanidad?

—Las víctimas que en los últimos cuatro y cinco años han estado en contacto con nosotros han sido muchas, entre 7.000 y 8.000. Las víctimas pueden llamar a la oficina simplemente para contar su caso, no necesariamente en esta fase del procedimiento necesitan entregar algo por escrito. Hasta el momento hemos tenido contacto con muchos grupos de víctimas, algunos de ellos acompañados por ONG que trabajan a nivel nacional o internacional.

—Usted ha mencionado la necesidad de una voluntad política para lograr que avance el caso contra Maduro, ¿a qué se refiere?

—Al hecho de que hay que tomar la decisión, enfrentándose a la realidad de que en este momento en Venezuela no hay posibilidad de hacer justicia. Y lo que estamos viendo actualmente en el país es algo que venimos observando en los últimos diez años, es un patrón que continúa. Y ahora, tras lo sucedido en la crisis poselectoral, es muy importante que el fiscal de la Corte se decida a encontrar todos los elementos que son necesarios en este momento en el proceso para tomar una decisión, que puede ser emitir un eventual mandato de arresto. Yo no puedo tener una opinión al cien por cien de por qué el fiscal no está actuando; solo puedo decir como abogada de las víctimas que me parece que hay elementos suficientes para continuar la investigación, y en su caso emitir las correspondientes órdenes.