Noboa traslada de manera temporal la sede del Gobierno tras eliminar el subsidio al diésel

El argumento oficial para el traslado habla del compromiso del Gobierno de estar donde se requiere autoridad, gobernabilidad y diálogo directo con la ciudadanía. Pero la realidad es que se produce después de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) rechazara la eliminación de subsidio al diésel, medida a la que calificó de «paquetazo neoliberal», y que el presidente de la Federación de Transporte de Pichincha, Carlos Brunis, anunciara que el lunes 15 de septiembre, desde las 00h00, se paraliza el servicio de transporte público en Quito y la provincia de Pichincha.

Con la eliminación del subsidio al diésel el precio del galón pasó de 1,80 dólares a 2,80 dólares; la medida le significará al Estado un ahorro de 1.100 millones de dólares, dinero que se anuncia será destinado a medidas de protección social y subvenciones para incentivar la producción. El nuevo precio regirá hasta el 11 de diciembre de 2025, a partir de cuando se aplicará un sistema de bandas ligado al mercado internacional, con un rango de entre 2,90 y 3 dólares por galón.

Paralelo a la eliminación del subsidio, el Gobierno de Noboa anunció un programa de incentivos productivos y sociales que llama «escudo social», como la ampliación del Bono de Desarrollo Humano a 50.000 nuevas familias; un nuevo Bono Raíces de 1.000 dólares para 100.000 agricultores; la devolución directa del impuesto al valor agregado (IVA) a los adultos mayores y créditos por 100 millones de dólares de BanEcuador que se podrán pagar hasta en 7 años con una tasa de interés de 7%.

El Gobierno de Daniel Noboa afirma que la eliminación del subsidio del diésel no afectará a la población, porque no subirán los pasajes del transporte público ya que habrá una compensación de entre 400 dólares y mil dólares mensuales a 23.000 choferes, pero ni los transportistas ni los indígenas aceptan la medida.

La Conaie dice que la eliminación del subsidio al diésel evidencia que a Noboa no le importa el pueblo, sino cumplirle al Fondo Monetario Internacional (FMI), y asegura que encarecerá la canasta básica, el transporte de alimentos, la producción y la movilidad. Para el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) las compensaciones anunciadas son temporales e insuficientes.

En la orilla opuesta, los sectores de la producción respaldan la medida, de manera unánime. El Comité Empresarial la considera «necesaria y oportuna» para la salud económica del país; mientras que para la Cámara de Comercio de Quito es una medida acertada y necesaria para fortalecer la estabilidad económica del Ecuador.

Eliminar el subsidio a los combustibles ha sido un reto no superado por los gobiernos de Ecuador. A Lenín Moreno, quien gobernó entre 2017 y 2021 la eliminación del subsidio a los combustibles, en 2019, le costó violentas movilizaciones, que duraron once días, y que dejaron heridos y cuantiosas pérdidas económicas. Trasladó la sede del Gobierno a Guayaquil, pero finalmente tuvo que derogar el decreto de eliminación de los subsidios, en presencia de los dirigentes de la Conaie y otras organizaciones sociales que convocaron las movilizaciones.

En 2021, Guillermo Lasso (2021-2023) que también eliminó los subsidios enfrentó un estallido social tan fuerte que tuvo que dar marcha atrás. Por eso, la decisión de Noboa de eliminar el subsidio al diésel es visto como una medida valiente, pero riesgosa. Lo hace en busca de eficiencia y ahorro, las mismas razones por las que, semanas atrás, redujo de 20 ministerios a 14, a la par que despidió a 5.000 funcionarios. En la Proforma Presupuestaria General del Estado para 2025 que envió a la Asamblea Nacional para su aprobación, se había previsto destinar 1.194 millones de dólares para el subsidio al diésel. Es el dinero del que podrá disponer para programas sociales y para mitigar, en algo, el enorme déficit fiscal.