Un narcotraficante uruguayo buscado por la Interpol vivió varios meses en Bolivia sin que las autoridades detectaran nada extraño

Desde el fin de semana se desplegaron a unos 2.500 policías para capturar a Marset, inicialmente en el departamento oriental de Santa Cruz y desde este martes esos operativos se extendieron a varias regiones bolivianas con controles en las carreteras, entre otras medidas.

Además, la Policía Boliviana informó este martes que se hallaron al menos tres vehículos de gama alta abandonados en la ciudad de Santa Cruz, los que supuestamente Marset y su familia usaron para huir.

También fueron detenidos dos jugadores de fútbol uruguayos por sus presuntos vínculos con Marset.

La manera cómo el uruguayo vivió durante varios meses en Bolivia, sin que las autoridades detectaran nada extraño, ha levantado las críticas contra entidades como el Servicio General de Identificación Personal (Segip) por entregar a Marset dos documentos de identidad con nacionalidad boliviana.

Asimismo, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) ha sido cuestionada por no detectar los movimientos económicos por grandes sumas que hizo el uruguayo, a lo que se suman las constantes críticas a la Policía por no capturarlo aún.

«El narcotraficante más buscado de Sudamérica vivía orondo en nuestro país, delinquiendo, jugando fútbol y manejando su propio equipo, a pesar de advertencias», escribió en Twitter el expresidente boliviano Jorge 'Tuto' Quiroga (2001-2002).

El diputado evista del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) Daniel Rojas pidió que se investiguen a las «cabezas» de la Policía por activar recién la persecución contra Marset, cuando el caso «data de un mes atrás».

El exministro de Gobierno (Interior) Carlos Romero, durante el Gobierno de Evo Morales, señaló que Bolivia «se aplazó» en el caso de Marset ante la comunidad internacional y dijo tener información de que «fue protegido» y «no se encuentra ya en territorio boliviano».

«Tenían la información de su paradero acá en Bolivia desde el máximo nivel y nadie hizo nada por detenerlo», enfatizó.

El director del Segip de Santa Cruz, Alpacino Mojica, confirmó que en 2018 Marset tramitó un documento de extranjería con su nombre, pero que también consiguió un certificado de nacimiento y un carné boliviano con otro nombre.

Mojica señaló que se inició una investigación en contra de algunos funcionarios del Segip que al parecer permitieron esas irregularidades.

Por su parte, la UIF emitió un comunicado en el que señala que el crimen organizado utiliza «complejas formas para ocultar el origen de sus recursos» y que ante esto el Gobierno propuso algunas normas para enfrentar ese problema pero que se han «desestimado» en las instancias legislativas por la falta de información.

Marset, quien vivía en Bolivia con su esposa y sus hijos, es requerido por la Justicia en Uruguay, Brasil y Paraguay, la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés), además tiene órdenes de captura de la Europol e Interpol.

El uruguayo está acusado de liderar una red criminal internacional de tráfico de drogas y se le relaciona con el asesinato del fiscal Marcelo Pecci en mayo de 2022, en Colombia.