El ministro de Interior británico gastó 190.000 euros en un vuelo privado a a Ruanda para sellar las deportaciones

El viaje en cuestión tuvo lugar el pasado 4 de diciembre, y su objetivo era sellar un nuevo acuerdo con el estado del este de África, justo después de que el Tribunal Supremo determinara que Ruanda es un «país inseguro» para los solicitantes de asilo. Acompañado por otros funcionarios y un equipo de televisión, Cleverly emprendió el costoso viaje hacia Kigali, donde se reunió con el ministro de Exteriores del país, Vincent Biruta, para firmar el tratado que permitirá que los inmigrantes que lleguen a las costas británicas a través del Canal de la Mancha sean deportados a ese país mientras se procesan sus solicitudes de asilo.

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Esta revelación llega apenas unas semanas después de que el gobierno fuera duramente criticado porque el gasto de deportación de los primeros 300 solicitantes de asilo alcanzará los 700 millones de euros. La magnitud del gasto del viaje del responsable de Interior sólo alimenta el debate sobre la gestión de los recursos públicos y la ética en la toma de decisiones gubernamentales. Cleverly se suma así a la lista de ministros de Interior que han viajado a Ruanda para firmar acuerdos similares, siguiendo los pasos de sus predecesoras, Priti Patel y Suella Braverman.

El tratado firmado por Cleverly establece la creación de un nuevo cuerpo de apelaciones, compuesto por jueces con experiencia en asilo de varios países, para escuchar casos individuales. Además, el gobierno asegura que el sistema de asilo de Ruanda será monitoreado por un comité independiente, cuyos poderes para hacer cumplir el tratado serán reforzados. Se espera que este comité desarrolle un mecanismo que permita a las personas reubicadas y a sus abogados presentar quejas.

Durante una rueda de prensa en Kigali, Cleverly defendió la seguridad de Ruanda, afirmando que el tratado aborda todas las preocupaciones planteadas por la justicia británica, y añadió que esperaba que estos cambios se reflejaran pronto en la legislación nacional, aunque los obstáculos para implementar la medida no cesan, tanto en los tribunales como en el parlamento, y los primeros vuelos no empezarían antes de junio. Por su parte, un portavoz del gobierno ruandés afirmó que el país tiene un «registro probado» de ofrecer refugio a los solicitantes de asilo, y que el nuevo tratado simplemente reafirma los compromisos existentes en materia de protección de refugiados.

El costo del vuelo del ministro a Ruanda fue desvelado en un «documento de transparencia», y ante las críticas, un portavoz de Interior defendió que «detener los barcos es una de nuestras principales prioridades» y detalló que «el costo del sistema de asilo podría alcanzar hasta 11.000 millones de libras al año para el 2026, y no pedimos disculpas por buscar soluciones audaces como nuestra asociación con Ruanda para detener los barcos y salvar vidas». «Todo el gasto del gobierno pasa por una diligencia debida exhaustiva para garantizar el mejor valor por su dinero», zanjó.