Críticas al plan de Sunak para deportar inmigrantes a Ruanda: «Sería más barato alojarlos en el Ritz de París»

Un informe presentado por el National Audit Office (NAO), el órgano independiente del Reino Unido encargado de supervisar el gasto público y responsable de auditar las finanzas de los departamentos y agencias gubernamentales, así como de proporcionar garantías al Parlamento sobre el uso adecuado y eficiente de los fondos públicos, ha arrojado luz sobre los costos significativos asociados con el plan. Según el NAO, el Gobierno británico podría enfrentarse a un gasto de más de 600 millones de libras esterlinas (unos 702 millones de euros) para deportar a tan sólo 300 refugiados a Ruanda, una cifra alarmante que plantea dudas sobre la eficacia y la justificación de la medida anunciada por primera vez en 2022.

Sin embargo, hasta la fecha, ningún individuo ha sido deportado debido a los desafíos legales en curso. A pesar de esto, el Gobierno británico sigue adelante con sus planes, con la esperanza de enviar a miles de personas a la nación del este de África, aunque no está claro cuál sería la capacidad real de Ruanda para albergarlas ni se han hecho públicos los protocolos que se seguirán una vez trasladadas allí.

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Además de los 220 millones de libras que el Reino Unido ya ha pagado a Ruanda, el Gobierno ha acordado desembolsar 150 millones de libras adicionales en los próximos tres años, junto con 120 millones de libras una vez que se haya reasentado a los primeros 300 solicitantes de asilo. Se trata de una inversión considerable que plantea interrogantes sobre las prioridades presupuestarias ahora que los servicios públicos, entre ellos el sistema nacional de salud, enfrentan presiones significativas. El laborista Jonathan Ashworth opinó que «sería más barato alojar a los solicitantes de asilo fallidos en el Ritz de París durante varios años que este plan».

Sunak ha defendido la medida, argumentando que servirá como un disuasivo efectivo para los inmigrantes que cruzan el canal de la Mancha en barcos en busca de refugio en el Reino Unido. Sin embargo, las críticas han sido generalizadas, como las de la Iglesia Anglicana y organizaciones no gubernamentales, que cuestionan la ética y la legalidad de enviar a los solicitantes de asilo a un país que no es su lugar de origen y cuyas condiciones de recepción aún no se han determinado de manera clara.

El panorama legislativo también ha añadido complicaciones al plan de Ruanda, que fue declarado ilegal el pasado noviembre por el Tribunal Supremo. Los lores del Partido Laborista y los independientes han presentado una serie de enmiendas que buscan reforzar los derechos y las protecciones de los inmigrantes, garantizando que el país africano cumpla con los estándares internacionales de seguridad y derechos humanos, lo que podría retrasar más la implementación de la política, agregando más incertidumbre a un proceso ya plagado de obstáculos.

Los vuelos con deportados, que según Sunak podrían empezar en mayo, podrían retrasarse hasta junio. En todo caso, la cuestión parlamentaria podría resolverse esta misma semana.

La batalla en el Parlamento refleja las profundas divisiones en torno a la medida. Mientras el Gobierno británico insiste en la necesidad de actuar rápidamente para abordar la crisis migratoria, la oposición ha criticado la falta de transparencia y el enfoque unilateral del Ejecutivo en este asunto, convirtiendo la política de Ruanda en un campo de batalla político, especialmente significativo en un año en el que se convocarán las elecciones generales.

Esta semana, el ministro del Interior, James Cleverly, acusó a los laboristas de intentar «retrasar, interrumpir o sabotear» el plan, mientras instaba a los Lores a «reconocer que es hora de dejar que este proyecto de ley pase para que podamos seguir deteniendo los barcos y salvar vidas». «Cuanto más avanza este proyecto de ley, más preocupados están los laboristas, de que, como siempre hemos dicho, funcionará», aseguró, y añadió que los 'tories' habían anticipado «esfuerzos deliberados de los laboristas para retrasar, interrumpir o sabotear el plan», pero «seguimos enfocados en no permitir que suceda».

En medio de estas disputas, la incertidumbre y la confusión prevalecen entre los solicitantes de asilo. El Ministerio del Interior ha identificado a 150 inmigrantes para los primeros dos vuelos de deportación, que podrían ser trasladados a Ruanda entre seis y diez semanas tras el proceso de apelación requerido por la ley. Mientras tanto, Ruanda quiere una pausa de dos meses después de las primeras llegadas de vuelos de inmigrantes, que hasta el momento han sido paralizados por la Justicia.

El primer grupo de inmigrantes previsiblemente será alojado en el Hope Hostel en Kigali, que tiene capacidad para aproximadamente 200 personas, pero el Gobierno ruandés ha insistido en que quiere un comienzo escalonado para «probar» la medida con una primera ola limitada de deportaciones.

Una fuente del Gobierno que ha trabajado en los planes explicó al diario 'The Times' que «los ruandeses quieren pausar el esquema durante dos meses para asegurarse de procesar correctamente el primer grupo de migrantes y garantizar que todo funcione sin problemas antes de llevar a cabo más deportaciones», y otra fuente familiarizada con los planes confirmó que Ruanda aceptará migrantes en «etapas». «Tiene que ser un proceso gradual bastante lento», detalló.

Los responsables del albergue hace algunos meses que dijeron que quieren que las personas que lleguen se sientan «como en casa» y detallaron que los inmigrantes disfrutarán de un 'English breakfast' (típico desayuno inglés) y podrán jugar baloncesto y fútbol en canchas construidas tras el acuerdo con el Gobierno británico.