La mina de cobre que puede aliviar a Panamá

La perspectiva de su reapertura, que en pleno funcionamiento representaba 8.000 empleos directos y unos 40.000 indirectos, sigue siendo muy incierta, esto a pesar de que todo el proceso de extracción del cobre en la mina, ubicada en la provincia de Colón, al oeste de Panamá, representaba aproximadamente el 5% de la economía del país antes de su cierre. «A pesar de que somos conscientes del desgaste que implica mantener suspendida la mina, somos respetuosos del Estado de derecho y confiamos en que el Gobierno del presidente Mulino atenderá esta situación lo antes posible», afirma John Dean, gerente general de Cobre Panamá, en una entrevista con ABC en las instalaciones de la mina.

Se habla de «nuevos comienzos» porque en octubre de 2023 Cobre Panamá y el gobierno de turno, liderado por el socialdemócrata Laurentino Cortizo, protagonizaron uno de los capítulos más amargos para la historia de la minería panameña y la economía de la nación centroamericana. Las presiones de algunos grupos de ambientalistas, sindicatos de trabajadores e indígenas de la región que se oponían a la renegociación del contrato entre la empresa matriz de la mina, la canadiense First Quantum Minerals, y el gobierno, y que alegaban supuestas contaminaciones y malas prácticas mineras –que luego fueron desmentidas–, inundaron la capital del país con masivas protestas y mantuvieron en vilo a la nación.

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Juan Diego Godoy | corresponsal en centroamérica

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El escenario del último trimestre de 2023 fue propicio para un estallido social, puesto que la coyuntura política mantenía polarizada a la población por el descontento con el impopular Gobierno de Cortizo –solo el 12% lo aprobaba– y la proximidad de las elecciones de 2024. Presionada por olas de manifestantes, la Corte Suprema de Justicia de Panamá dictó, en noviembre de 2023, el cierre indefinido de la mina, señalando que el contrato con el que el Gobierno panameño había concedido la explotación de Cobre Panamá a First Quantum Minerals era «inconstitucional».

Un mes después, el Gobierno de Cortizo, buscando incrementar sus niveles de popularidad de cara a las elecciones, anunció un plan para el cierre definitivo de Cobre Panamá, al mismo tiempo que la empresa canadiense interponía acciones contra el Gobierno en la Corte Internacional de Arbitraje, exigiendo una compensación de 20.000 millones de dólares por la violación al contrato. Ocho meses después, el partido oficialista perdió las elecciones, en las que obtuvo apenas un 5% de los votos.

La situación de la mina de cobre se sumó así al triángulo de las crisis que debía atender el nuevo gobernante: la reforma a la Seguridad Social –que buscaba aumentar la edad de jubilación de los panameños a 65 años–, el abastecimiento de agua para el canal de Panamá y, ahora, la reapertura de la mina de cobre cuyo cierre sacudió al mundo minero, puso en tela de juicio las inversiones extranjeras en el país y dañó la economía de la nación centroamericana. Este fue el escenario que recibió Mulino al asumir el poder en julio de 2024.

El presidente panameño sobrevoló el pasado 28 de febrero la mina de cobre y echó un vistazo al proyecto paralizado, alimentando las esperanzas de los inversores de que se reinicie su funcionamiento cuanto antes. Según explica la propia empresa minera a ABC, el costo por no operar supera los 13 millones de dólares al mes; mientras, 120.000 toneladas de cobre concentrado, que están listas para su exportación, se mantienen varadas en sus instalaciones.

A pesar de todo esto, Mulino asegura que no negociará con First Quantum Minerals hasta que la compañía desista del proceso de arbitraje contra Panamá. Pero la solicitud es compleja, puesto que la demanda en los tribunales internacionales ha sido un instrumento vital para presionar al Gobierno y mantenerse vigentes en la opinión pública.

Fuentes de la mina afirman que la empresa estaría «dispuesta a negociar» con el Gobierno y «repensar el arbitraje», siempre y cuando «se trate de una negociación transparente, justa y en favor al pueblo panameño», que ha sido «el más afectado de esta situación» por una crisis económica que han sufrido de manera especial las regiones aledañas a la mina, que eran las más beneficiadas con empleo y oportunidades de negocio que surgieron gracias a las operaciones de Cobre Panamá en el sector.

«Mulino es un presidente que escucha y nosotros —Cobre Panamá— somos respetuosos de su agenda de gobierno, así como lo hemos sido siempre con los gobiernos de turno, porque no emitimos opiniones políticas, solamente trabajamos y procuramos hacerlo con los más altos estándares», explica Dean, al ser consultado por su relación con las autoridades de turno.

El debate político se centra en la disyuntiva a la que se enfrenta el presidente Mulino, que tiene el poder de reiniciar una mina que fue cerrada a raíz de protestas masivas, pero que a su vez necesita mantener el apoyo público para ayudar a impulsar las reformas a la ley que modifica las pensiones y encontrar nuevas fuentes de agua para el canal de Panamá.

«El gobierno marcó una hoja de ruta desde el inicio. Se decidió que primero se resolvería Caja Social, luego la mina y finalmente el abastecimiento de agua en el Canal. Pero las cosas están tomando más tiempo del pronosticado, porque son temas ácidos, no dulces de discutir y está claro que no hay consensos en los círculos del Congreso. El problema es el tiempo que toma resolver estos temas que, por supuesto, tienen motivaciones y aristas políticas», explica Gabriel Diez Montilla, presidente del consejo de la Empresa Privada de Panamá.

Los índices de Mulino, sin embargo, no son malos. Tiene un 51% de popularidad y aceptación, de acuerdo con la última encuesta de CID Gallup publicada el pasado mes de enero. Además, el reporte anual de la firma Freedom House, que mide la libertad en el mundo, le otorgó una nota de 83 puntos sobre 100 a Panamá, destacando que «las instituciones políticas de Panamá son democráticas, con elecciones competitivas y rotaciones ordenadas del poder. En general, se respetan las libertades de expresión y asociación».

El país, en comparación con sus vecinos, mantiene el liderazgo en cuanto a estabilidad democrática en la región, un podio que comparte con Costa Rica y República Dominicana. Y en el caso específico de la mina, la última encuesta publicada por CID Gallup, que fue hecha a solicitud de First Quantum Minerals, sugiere que el 52% de los panameños piensa que el Gobierno «debe negociar con Cobre Panamá para llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes».

Es decir, se trata de un presidente popular atendiendo una situación que, aunque compleja, cuenta con un respaldo de la mayoría. «El Gobierno debe tener la gallardía de tomar decisiones a pesar del costo político que tengan. Habrá que recordar que el presidente fue electo para gobernar con eficiencia y no para ser popular», puntualiza Diez Montilla.