Las mafias brasileñas y la guerra invisible por la Amazonía

El CV nació en los años 70 en la cárcel de Ilha Grande, cuando presos comunes y políticos compartían celdas durante la dictadura militar, una combinación que ayudó a moldear la organización. En los años 80, el dinero de los asaltos a bancos financió la entrada del CV en el narcotráfico, cuando Colombia se consolidaba como epicentro de la producción de cocaína. Desde entonces, el CV ha dominado territorios urbanos en Río y, más recientemente, ha expandido su influencia hacia el norte y el noreste de Brasil.

«La estrategia del Comando Vermelho es el control armado del territorio. Donde llega, la violencia se multiplica», explica Bruno Paes Manso, investigador del Núcleo de Estudios de la Violencia de la Universidad de Sao Paulo (USP), que investiga las facciones criminales hace 25 años. En declaraciones a ABC, explica que existen hoy más de noventa de esos grupos criminales por el país, actuando de forma regional y local, siempre en alianza con dos de los principales grupos, el CV, y el Primer Comando de la Capital (PCC), que nació en Sao Paulo, después de otra violenta operación policial, en la cárcel de Carandirú, con 111 muertes, y que hasta la semana pasada era considerada la peor masacre de la historia de Brasil.

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Según relata Paes Manso, el aumento del encarcelamiento en masa, de 90.000 presos en los años 90 a 800.000 actualmente, y la llegada de los teléfonos móviles en los años 2000, convirtieron a las prisiones en una especie de «oficinas del crimen» que ayudaron en esa expansión nacional. «La comunicación entre las unidades penitenciarias de los 27 estados brasileños, todas ellas superpobladas, permitió la articulación de redes criminales», explica. «Estas cárceles, sin infraestructura, comida ni ropa, pasaron a ser gestionadas internamente por los propios presos», dice sobre un proceso de autogestión que fortaleció esas redes.

Pero mientras el PCC domina una ruta del tráfico conocida como 'caipira' del interior de Sao Paulo hacia el sur de Brasil, con conexiones en Bolivia y Paraguay, el CV se ha orientado hacia la Amazonía, con una estructura que opera en la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú, con presencia en las cárceles de Tabatinga y Leticia, y controla la producción de coca en regiones peruanas como Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Actualmente, el CV está presente en 23 de los 27 estados brasileños, según Paes Manso.

«Hoy en día existen dos grandes ideologías criminales en Brasil: el PCC, centrado en el mercado mayorista e internacional, y el Comando Vermelho, que se expande por el norte (Amazonia) y el noreste con una estrategia de control territorial armado, lo que genera intensos conflictos urbanos», explica el especialista que es autor de varios libros sobre el tema.

Según un estudio, Amazon Underworld, una alianza de medios independientes latinoamericanos que investiga el crimen organizado en la Amazonía, al menos 473 municipios amazónicos tienen presencia de una o ambas facciones brasileñas. En total, el crimen organizado opera en el 71% de los municipios de la región, que abarca además de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

En países con alto nivel de desigualdad social y pocas oportunidades para jóvenes pobres, el narcotráfico se ha convertido en una posibilidad de altos salarios, pero también en una carrera de vida corta. En la megaoperación de la semana pasada el promedio de edad de los muertos era 28 años, dos eran menores de edad y prácticamente todos eran hombres.

Paes Manso subraya otro punto que ha favorecido el avance continental de esos grupos, el hecho de que la hoja de coca es un producto suramericano que no puede producirse en otro lugar del planeta, además de afrontar crisis y tener un lucro espectacular. «La cocaína sale a mil dólares desde los países productores y llega a 80.000 dólares en los mercados de Europa, Asia y Oceanía. Es una ganancia inmensa para un producto que solo se puede cultivar en las condiciones específicas de los Andes, casi exclusivo de América del Sur».

Frente a una demanda global, el territorio amazónico se ha vuelto cada vez más estratégico para el crimen organizado. «Los laboratorios de refino están migrando a zonas de difícil acceso, donde los drones no pueden localizarlos. Las carreteras y tecnologías como Starlink facilitan la comunicación y la logística del tráfico», describe el escritor.

Para el estudioso de esas organizaciones, la prisión como única respuesta no resolverá el problema. «Es necesario pensar en estrategias que interrumpan el flujo financiero del crimen, e inviertan en alternativas sociales. Y eso debe hacerse a escala nacional, e incluso latinoamericana», recomienda.

Para el coronel José Vicente Silva Filho, exsecretario de Seguridad Pública y miembro del núcleo de estudios de violencia del Instituto Fernand Braudel, en Sao Paulo, falta una estrategia nacional de seguridad pública, con un plan que haga diagnóstico y defina salidas eficaces. «Lo que tenemos hoy son solo tácticas: reacciones puntuales para apagar incendios, sin prevención», analiza.

Sobre la operación contra el PV en Río de Janeiro, el militar retirado dice que fue bien planeada, pero mal ejecutada. «La muerte de cuatro policías es trágica. Además, hay indicios de que alrededor del 30% de las muertes fueron ejecuciones: disparos por la espalda, en la cabeza. Esto atenta contra la legalidad y compromete la legitimidad de la acción, aunque haya sido aprobada por la población y celebrada por el gobierno de Río», concluye.