El libre paso de Colombia y Costa Rica por el Canal de Panamá alienta la aspiración de EE.UU.

La información difundida por Washington al término de la visita a Panamá del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, de que Washington había logrado la exención de peaje en el Canal panameño para sus buques de guerra apunta a un futuro posible acuerdo al menos en ese aspecto.

El gobierno de Panamá ha negado haber pactado eso, pero no que las conversaciones vayan a ir en esa línea ante las presiones de la Administración Trump.

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Colombia logró un trato diferenciado justo cuando el Canal entraba en funcionamiento, a comienzos del siglo XX. Mediante el Tratado Thompson-Urrutia, firmado entre Washington y Bogotá en 1914 y en vigor desde 1922, Estados Unidos premiaba a Colombia tanto por el reconocimiento formal que esta hacía de la nueva república panameña, como por la pérdida territorial que había supuesto esa independencia y por no haberse podido beneficiar del pago que Washington había hecho a Panamá por una infraestructura que durante tiempo habían estado negociando los gobiernos colombiano y estadounidense.

En su artículo II, el tratado otorgaba libre circulación para las tropas y materiales de guerra de Colombia, así como para los productos «del suelo y de la industria» de ese país, sus «correos» y sus ciudadanos. También preveía que, si el canal se veía obstaculizado, Colombia podría usar en los mismos términos el ferrocarril paralelo al canal.

En 1977 Estados Unidos mantuvo este privilegio para Colombia, solo referido ahora expresamente al transporte militar, en el Tratado Torrijos-Carter acerca de la neutralidad futura del canal (artículo VI, punto 2), hasta que Panamá se hiciera cargo de la infraestructura al finalizar 1999. El texto anunciaba que, a partir de esa fecha, Panamá podría seguir la misma política en relación a Colombia y también a Costa Rica, si así lo consideraba oportuno.

Esta referencia a su otro vecino venía del Acta de Contadora de 1975, fruto de las reuniones que mantuvo Panamá con Colombia y Costa Rica y la mediación de Venezuela, con las que Torrijos buscaba un impulso regional para lograr cerrar con Washington la cesión del canal. Lo pactado en Contadora se trasladó a sendos tratados de Panamá con Bogotá y San José.

El artículo II del Acta de Contadora estableció tres puntos: «1) El tránsito por el Canal de Panamá de los productos naturales e industriales de Colombia y Costa Rica, así como de sus respectivos correos, estará libre de todo gravamen o derechos, salvo aquellos que en términos de igualdad se apliquen o pudieran aplicarse a los productos y correos de la República de Panamá. 2) Los nacionales de Colombia y Costa Rica que transiten por la ruta interoceánica panameña, lo harán libres de la imposición de peajes, impuestos o contribuciones, que no sean aplicables a los nacionales panameños, siempre que presenten pruebas fehacientes de su nacionalidad. 3) Los Gobiernos de las Repúblicas de Colombia y Costa Rica podrán en todo tiempo transportar por el Canal interoceánico sus tropas, sus naves y materiales de guerra, sin pagar peaje alguno».

Ese contenido, referido a cada uno de los dos vecinos países, se incorporó al Tratado de Montería o Uribe Vargas-Ozores de 1979, ratificado en 1981, entre Panamá y Colombia, y al Tratado de Libre Tránsito por el Canal Interoceánico entre Panamá y Costa Rica de 1980. En el primero de ellos, se añadió la mención al uso alternativo del ferrocarril en caso necesario; en el segundo, no.

En Panamá ha habido en ocasiones voces contra esa deferencia hacia sus dos vecinos, especialmente hacia Colombia, por el equívoco que podría amparar sobre un supuesto «derecho» colombiano al uso del canal derivado de la vieja Gran Colombia.

No obstante, esas dos excepciones podrían ir bien a Panamá si finalmente se ve obligada a abrir la mano hacia Washington por las presiones de Trump, pues al menos no estaría dando un trato distinto solo a Estados Unidos, algo difícil de explicar nacional e internacionalmente.

Si bien proceder a un trato en las mismas condiciones para Estados Unidos obligaría a modificar el tratado de neutralidad del canal o a establecer uno nuevo (en cuanto a un pasaje libre de peaje para mercancías; pero la reducción de tarifas tal vez tuviera cabida en el actual texto), es posible que la exención solo a los buques de guerra podría verse fácilmente amparada por el artículo VI, punto 1: «En reconocimiento de las importantes contribuciones de la República de Panamá y de los Estados Unidos de América a la construcción, funcionamiento, mantenimiento, protección y defensa del Canal, las naves de guerra y las naves auxiliares de estas naciones, no obstante otras estipulaciones de este tratado, tendrán el derecho de transitar el Canal independientemente de su funcionamiento interno, medio de propulsión, origen, destino, armamento o carga. Dichas naves de guerra y naves auxiliares tendrán derecho de transitar el Canal de modo expedito».

En atención a la letra de tratado, Washington podría invocar que para garantizar la protección y defensa del canal debe poder traspasar sus naves de un océano a otro de forma regular y sin un costo de peaje.