Kilmar Abrego García, el deportado «por error» que protagoniza la última batalla judicial de Trump

El caso de Abrego García, inmigrante salvadoreño indocumentado, se come buena parte de la atención en EE.UU., como un símbolo de los posibles abusos en política migratoria del Gobierno de Donald Trump y de su intención de desafiar al poder judicial para llevarla a cabo sin cortapisas.

Su caso divide a EE.UU.: para la Administración Trump y sus aliados, es un miembro de una banda criminal, la violenta MS-13, un terrorista, cuyo destino no puede ser otro que la deportación. Para su familia y sus abogados, es un padre de familia de Maryland, que no tiene relación con ninguna organización criminal y cuya deportación es una injusticia flagrante.

Tres días después de su detención aquel 12 de marzo, Abrego García fue uno de los cientos de inmigrantes indocumentados que fueron subidos a tres aviones y enviados a Cecot, la cárcel de máxima seguridad para acusados de terrorismo de El Salvador, el símbolo de la mano dura de su presidente, Nayib Bukele, contra el crimen violento en el país centroamericano.

La mujer de Abrego García, Jennifer Vasquez, reconoció a su marido en una de las imágenes propagandísticas que compartió el Gobierno de Bukele con la llegada de los inmigrantes a la cárcel. Entre esos detenidos atados con grilletes, empujados y gritados por los guardias, a los que mostraban a las cámaras mientras les rapaban el pelo, Vasquez vio a Abrego García.

Los abogados de este inmigrante indocumentado contestaron de inmediato su deportación en tribunales. La Administración Trump reconoció en documentos judiciales que la deportación se ejecutó por un «error administrativo». Abrego García no debía haber sido expulsado. Pese a ser un inmigrante indocumentado, un juez de inmigración impuso en 2019 una orden de no deportación.

El caso ha provocado una batalla en los tribunales sobre si la Administración Trump debe traer o no a Abrego García de vuelta a EE.UU. El asunto ha llegado hasta el Tribunal Supremo, que dio una respuesta a medias, y sigue coleando, con la oposición de los abogados del Gobierno a seguir las órdenes de la juez federal, Paula Xinis, que ventila el caso. Su deportación protagonizó la visita de Bukele a la Casa Blanca de esta semana: el presidente salvadoreño, convertido en un aliado férreo de Trump, defendió que no haría ningún esfuerzo por devolver a Abrego García a EE.UU., lo que comparó con «colar un terrorista en este país».

La razón por la que aquel juez migratorio estableció que no había que deportar a Abrego García explica buena parte de su vida y hace más doloroso que ahora esté en Cecot entre miembros de bandas criminales: fue amenazado, según sus abogados, por esas bandas.

Abrego García, de 29 años, nació en San Salvador, capital de El Salvador. Su padre era un exagente de policía y su madre regentaba un negocio de pupusas, el plato nacional salvadoreño. Abrego García trabaja en el restaurante, igual que sus dos hermanas y su hermano mayor, César. Según documentos judiciales pertenecientes al caso que revisó el juez en 2019, la familia fue objeto de extorsión por parte de una banda criminal local, Barrio 18. Amenazaron con matar o forzar a integrarse en la banda a su hermano mayor. La familia se mudó varias veces de casa, pero la extorsión continuó. César emigró a EE.UU., donde acabaría accediendo a la nacionalidad estadounidense, y un tiempo después le siguió, de forma irregular, su hermano. Fue en 2011, cuando Abrego García tenía 16 años.

Ambos se establecieron en Maryland y Abrego García encontró trabajo en la construcción, como muchos otros inmigrantes indocumentados. Tras cinco años en EE.UU., conoció a Jennifer, su actual mujer, que es ciudadana estadounidense. Ella tenía dos hijos y tuvo una más con Abrego García.

Los problemas para Abrego García comenzaron en 2019, cuando fue detenido por la policía en el aparcamiento de una tienda Home Depot, un establecimiento de bricolaje donde muchos inmigrantes se ofrecen para hacer chapuzas.

Le interrogaron sobre su pertenencia a una banda criminal, lo que él negó. La policía de Inmigración y Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés, conocida como 'la migra' en la comunidad inmigrante) determinó que era miembro de una banda. Lo hizo en base a una información de un confidente, que aseguraba que pertenecía a una facción de MS-13 establecida en Nueva York, donde él nunca había vivido. Pero el juez consideró que el informante era fiable y que Abrego García debía seguir privado de libertad mientras se ventilara su caso migratorio.

Abrego García permaneció un tiempo detenido y se casó con Vasquez, que estaba a punto de dar a luz, en prisión, separados por un panel de cristal. Más tarde, a finales de 2019, el citado juez de inmigración le denegó su petición de asilo pero, al mismo tiempo, sí consideró que sufriría un riesgo real de represalias por parte de bandas si era deportado a El Salvador y firmó esa orden de no expulsión. Fue liberado, sin que ICE se opusiera.

Seis años después, cuando ese episodio podía ser solo un mal recuerdo para Abrego García, se produjo la detención del mes pasado. La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, ha defendido la visión de su Gobierno sobre el deportado: «Es parte de una organización terrorista, es un miembro de MS-13, vino a este país y se dedicó a hacer actos de bandas criminales».

La juez Xinis lo ve de forma muy diferente y considera que no hay prueba sobre esa afiliación criminal: «Las 'evidencias' contra Abrego García eran solo que llevaba una gorra y una sudadera con capucha de los Chicago Bulls y una alegación vaga y no comprobada por parte de un confidente de que pertenecía a la facción 'occidental' de MS-13 en Nueva York, un lugar en el que nunca ha vivido».

Su esposa, Jennifer, ha pedido una cosa a los Gobiernos de Trump y de Bukele: «Dejad de hacer juegos políticos con la vida de Kilmar».