El chavismo denuncia ante la ONU una supuesta trama criminal de EE.UU. y Colombia

La petición se ha efectuado en una carta redactada en inglés y firmada el 27 de julio, sellada el 29 del mismo mes. Va dirigida al presidente del Consejo de Seguridad, el francés Nicolas de Rivière. El régimen de Venezuela cuenta con dos aliados en el Consejo de Seguridad, Rusia y, en menor medida, China. El Consejo de Seguridad tiene 15 integrantes, de los que cinco son permanentes: EE.UU., Reino Unido, Francia, Rusia y China. En principio, para una petición como esta se requieren nueve votos, aunque los miembros permanentes tienen derecho de veto.

Según alega el chavismo, existen «operaciones mercenarias planeadas en los Estados Unidos de América, por parte de las estructuras del crimen organizado transnacional para reclutar, capacitar y financiar a los mercenarios colombianos para la comisión de ataques armados, actos de terrorismo, actos de agresión y asesinato de Jefes de Estado y de Gobierno y altos funcionarios políticos, con el propósito de derrocar gobiernos y socavar sus bases constitucionales».

En particular, el documento se refiere «al caso del asesinato consumado del presidente de Haití, Jovenel Moïse, el 7 de julio de 2021, y al frustrado intento de asesinato del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, el 3 de mayo de 2020». El documento, de 30 páginas relaciona el atentado contra el presidente de Haití con recientes operaciones de mercenarios estadounidenses para derrocar al chavismo, que resultaron fallidas. Presenta fotografías y documentos publicados por medios de comunicación, incluido este diario.

En ese informe, el embajador del chavismo ante la ONU, Samuel Moncada, trata de conectar al uribismo y al presidente colombiano, Iván Duque, con el atentado contra el presidente de Haití y las maniobras para derrocar al chavismo en Venezuela.

El chavismo alega ante el Consejo de Seguridad que en el atentado en Haití existe «en algún nivel, la posible complicidad de las autoridades colombianas». Para ello menciona «los vínculos personales y políticos entre el presidente de la República de Colombia, Iván Duque, y Antonio Intriago (CTU Security LLC) y su representante legal, Alfred Santamaría». A los dos últimos el chavismo les atribuye, refiriendo a varias investigaciones periodísticas, el haber reclutado a militares retirados colombianos que son acusados del asesinato del mandatario en Puerto Príncipe. Intriago ha negado cualquier implicación en el magnicidio.

«Existen registros fotográficos que atestiguan la cercanía del presidente Iván Duque con Antonio Intriago y Alfred Santamaría durante campañas electorales en apoyo al Partido Republicano en el Estado de Florida, Estados Unidos de América, y al entonces candidato presidencial Iván Duque en Colombia, como así como la Vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y el Representante Permanente de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos, Alejandro Ordoñez», dice el chavismo en esa carta a la ONU.

Esto lo considera Moncada prueba suficiente de que el gobierno colombiano tuvo papel en ese magnicidio en Haití y en otras intentonas de hacer caer a Maduro. En esta teoría, el chavismo incluye también relaciones familiares : «Asimismo, uno de los mercenarios colombianos involucrados en el asesinato del presidente Jovenel Moïse es primo de Rafael Guarín, asesor de seguridad nacional del presidente Iván Duque».

Para el régimen venezolano, en el asesinato del presidente Moïse pudieron estar implicados también los servicios de seguridad e inteligencia de EE.UU. Dice la misiva que entre quienes planificaron el atentado están «un informante del FBI, Arcángel Pretel Ortíz, de nacionalidad colombiana» y «otro informante de la Agencia Antidroga de EE.UU. (DEA), Rodolphe Jaar, ciudadano estadounidense de origen haitiano, quien sirvió de intérprete a los asesinos colombianos en Haití y que, al mismo tiempo, es un conocido narcotraficante». No hay pruebas de que el FBI o la DEA participaran de la operación en Haití, tampoco en los intentos de 2020 de capturar a Maduro en Venezuela.

El chavismo vincula libremente el asesinato de Moïse con una operación de unos mercenarios estadounidenses y colombianos que fueron capturados en Venezuela en mayo de 2020 cuando intentaban llegar a Caracas y capturar a Maduro. El régimen acusa a la oposición comandada por Juan Guaidó de haber solicitado esos servicios, algo que estos niegan. El ideólogo de aquellos planes fue el mercenario Jordan Goudreau, que en 2020 dijo a ABC que amasó «dinero de ciudadanos venezolanos para poder financiar la operación».

Con estos argumentos, Moncada pide una investigación ya que el Consejo de Seguridad debe, según figura en la Carta de la ONU, «procurar la solución pacífica de controversias: la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección».