Indecisión en el Partido Comunista de Cuba por el temor a protestas sociales

El 1 de febrero, día en que debía entrar en vigor el aumento del precio de la gasolina, el Politburó del PC oficializó la destitución de Alejandro Gil, viceprimer ministro y titular de Planificación Económica. También cayeron Elba Rosa Pérez, ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, en el cargo durante once años, y Manuel Santiago Sobrino, ministro de Industria Alimentaria.

Cuba se encuentra en una grave crisis económica: la economía cubana tuvo una contracción de cerca del 2% en 2023; el gobierno prevé para este año un déficit presupuestario superior al 18%; el país atraviesa el mayor periodo inflacionario desde el triunfo de la revolución en 1959; la producción agrícola está hundida, y los apagones eléctricos están alcanzando las últimas semanas a un tercio de la población simultáneamente.

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Las diferencias en el seno del PC ya fueron advertidas en enero por Díaz-Canel, quien en el Consejo de Ministros reconoció que el paquete de recortes previsto estaba hallando críticas internas. «Podemos encontrarnos con núcleos del Partido que no entiendan y hay que explicarlas bien», dijo, como recogieron los medios oficiales. A pesar de esos esfuerzos, las reticencias se mantuvieron y Gil se vio obligado a anunciar el día antes de la subida de la gasolina que esta quedaba aplazada por un supuesto ataque informático contra la red de gasolineras; en la jornada siguiente fue apartado del cargo. De momento, el Gobierno no ha explicado por qué está tardando tanto en superar el supuesto problema informático.

No han trascendido detalles de la posible pugna interna. Por razones de supervivencia política de la dictadura, las críticas dentro del aparato se expresan y manejan con especial tacto. Pero al menos la indecisión demostrada en la toma de las medidas drásticas que sin duda son necesarias para afrontar la crisis económica evidencia dificultades políticas inusuales.

Gil se había caracterizado por ser bastante claro sobre el mal estado de la economía de la isla. En diciembre reconoció el «complejo escenario» y avanzó que 2024 no estaría «exento de tensiones», veladamente vaticinando posibles manifestaciones callejeras, a las que tanto teme el Gobierno, sobre todo tras la amplia movilización ciudadana de julio de 2021.

El propio Gil admitió que, a pesar de haber previsto un crecimiento del PIB del 3% en 2023, en verdad la economía tuvo una evolución próxima al -2% (en 2021, cuando otros países lograron un importante rebote tras la pandemia, el PIB cubano solo creció un 1,3%, y en 2022 lo hizo un 1,8%).

Ese fracaso de las expectativas en realidad ha sido una constante en la gestión de Gil, que ha fracasado en las grandes medidas adoptadas, como la reforma monetaria de enero de 2021 y la autorización en agosto de ese año de crear pequeñas y medianas empresas privadas, iniciativa aplicada con restricciones y que ha privilegiado al propio PC y su nomenclatura, al tiempo que ha supuesto, según admite el mismo Gobierno, una presión inflacionaria sobre los precios de la canasta básica.

El paquete de medidas –por ahora oficiosamente aplazadas– incluye, entre otras, incrementar el precio de la gasolina de los 25 pesos por litro actuales a 125 pesos; subir las tarifas del transporte público y de los suministros de electricidad y agua; topar las pensiones máximas, y sustituir los subsidios universales por ayudas específicas. Todo ello en un momento en que la inflación interanual ronda el 30% (añadida al 39% registrado en 2022, de forma que desde 2021 supera los tres dígitos y alcanza el 330% respecto a la base de 2010), y el peso está en una pronunciada caída de valor (en el mercado informal el cambio ha llegado a situarse esta semana en 300 pesos por dólar).