El régimen cubano aplasta el florecimiento del sector privado

El 10 de mayo de 2022, John Kavulich obtuvo la primera licencia concedida por el departamento del Tesoro de EE.UU. a un ciudadano norteamericano para invertir en una empresa privada en Cuba. El trámite de la licencia en EE.UU. duró 11 meses, y para ello creó una sociedad limitada. Planeaba una primera inversión de 25.000 dólares, como una prueba para abrir un camino del que podrían beneficiarse otros inversores. Era un cálculo con grandes implicaciones, según él cuenta a ABC: de algún modo, incipiente, el régimen cubano podía permitir una vía para introducir dinero extranjero a entidades privadas y dinamizar la economía.

Más de un año y medio después de haber obtenido la licencia, el Gobierno cubano aún tiene que autorizarla. Esto, para Kavulich, refleja una negativa práctica a que la inversión extranjera pueda expandir el sector privado cubano. Kavulich preside el Consejo Económico y Comercial EE.UU.-Cuba, una organización con sede en Washington que analiza los negocios con Cuba en el influyente blog Cubatrade.

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Kavulich explica que la licencia buscaba legitimar el proceso de inversión para que los bancos lo consideraran, pero esto no ha ocurrido. El gobierno no permite la inversión, dice, lo que refleja su verdadero rechazo al sector privado. «El sector privado mostrará diferencias. Algunas personas ganarán más, otras ganarán menos, algunas se enriquecerán, otras no. Devuelve todo lo que la revolución intentaba eliminar. Y eso es muy difícil de digerir para ellos. Es como si estuvieran comiendo una piedra», afirma.

En realidad el sector privado en Cuba tiene solo tres décadas de existencia. La dictadura promulgó un decreto en 1993 que autorizó la creación y operación de los llamados cuentapropistas, trabajadores por cuenta propia y no funcionarios. Las regulaciones sobre ellos son descomunales. En 2021 el régimen aplicó una reforma del sector privado y autorizó las micro, pequeñas y medianas empresas, llamadas mipymes, que pueden operar en diversos sectores de la economía y en principio pueden generar empleo. De momento, se han dado unas 10.000 licencias a esas entidades privadas. Algunas son ya destacadas importadoras de alimentos y otros bienes esenciales en un contexto de escasez y carestía.

Por su parte, los republicanos en el Capitolio de EE.UU. denuncian que en realidad la gran mayoría de esas empresas están vinculadas informalmente al régimen: pertenecen, denuncian, a allegados de la estructura oficial. Para ello mantuvieron una audiencia el 18 de enero en el Capitolio en la que pidieron explicaciones a la Administración Biden sobre sus supuestas ayudas al sector privado y la posibilidad de que la dictadura esté violando el embargo.

María Elvira Salazar, diputada republicana que preside la subcomisión de América Latina en la Cámara de Representantes, denuncia que estas empresas, son «una artimaña del Gobierno», y que el desarrollo y crecimiento del sector privado en Cuba es un plan del Gobierno cubano para violar el embargo estadounidense. «Sólo los hijos de los líderes cubanos lo tienen fácil para ser se propietarios en esas empresas», afirma. «El régimen cubano es un maestro del disfraz, y una vez más, este es otro ardid… Esto huele a un nuevo plan del régimen que está desesperado por millones de dólares para violar el embargo».

Las políticas de Biden hacia Cuba, destinadas a respaldar al sector privado, también buscan detener la migración masiva de cubanos en los últimos años. Casi el 4% de la población total de Cuba, 425.000 personas, ha abandonado la isla y ha entrado en EE.UU. en los años fiscales 2022 y 2023. Estas cifras no incluyen otros miles de cubanos emigrados a otros países como Colombia, Brasil o España. Desde 2017, por decisión de Barack Obama, EE.UU. no ofrece residencia inmediata a los cubanos exiliados, por lo que muchos de esos huidos de la dictadura son repatriados en vuelos masificados del servicio de inmigración. Otros son deportados a México.

La lentitud de procesar estas licencias en Cuba tiene implicaciones también para quienes tengan interés en invertir desde España. Es cierto que grandes empresas como Meliá hacen negocios en Cuba, pero siempre con el régimen, que controla el sector del turismo a través de empresas estatales como Gaviota.

Según explica Kavulich, su plan era oficializar la inversión en Cuba, algo sin precedentes. Aunque en los últimos años millones de dólares han sido ingresados en Cuba, principalmente desde el sur de Florida y España, no es algo que haya sido autorizado por el gobierno cubano. «Obtuvimos una licencia para hacerlo público y accesible a empresas e inversores internacionales, ya que sin legitimación, parece peligroso e ilegítimo invertir en la isla», dice Kavulich. «Tenemos la licencia para que todos lo sepan, empresas en España, inversores en España, Canadá, la UE, EE.UU., en todas partes, porque todos estamos en la misma posición. Una persona en España no puede proporcionar inversión o financiamiento a una empresa privada en Cuba, al igual que yo no puedo», añade.

En mayo de 2022, la Administración Biden levantó parcialmente sanciones sobre Cuba, con la expansión de vuelos más allá de La Habana y la reactivación de un programa para reunificar familias cubanas en EE.UU. La restricción impuesta durante la presidencia de Donald Trump que limitaba las remesas familiares a 1.000 dólares cada tres meses fue levantada y ahí es cuando se anunció que se flexibilizaba la prohibición de remesas a no familiares para permitir el pago a emprendedores cubanos independientes. Fue entonces cuando el Departamento del Tesoro emitió la primera licencia para permitir la inversión directa en acciones en una empresa privada cubana.

Biden llegó a la Casa Blanca con la intención, dijo en campaña, de revertir muchas de las restricciones impuestas al régimen cubano durante la era Trump. Sin embargo, en julio de 2021, apenas cinco meses después de que asumiera el cargo, estallaron protestas contra la dictadura en la isla, las más significativas en décadas. Fueron impulsadas por el descontento por la situación económica, la escasez de alimentos y medicinas, los apagones eléctricos y las restricciones a la libertad de expresión. El régimen respondió con una ola represora. Grupos de derechos cubanos informan de que más de 1.400 personas fueron detenidas, de las cuales al menos 380 fueron condenadas.

Desde 1960, el embargo de Estados Unidos restringe el comercio y las relaciones con Cuba, con el objetivo de presionar al Gobierno cubano para promover cambios políticos y económicos. La Administración de Obama trató de revertirlo, dando el embargo por fallido. Trump impidió más aperturas.