El general golpista implica al presidente de Bolivia en el levantamiento militar

Vehículos blindados y militares armados cercaron la tarde del miércoles la plaza Murillo, donde funcionan las oficinas del presidente y otras autoridades nacionales. Un movimiento encabezado por el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga, que declaró entonces que iba a tomar el poder y cambiar el gabinete, pero que, sin embargo, reconocía a Luis Arce como presidente. Hubo agresiones a civiles, con balines y gases lacrimógenos.

Zúñiga ingresó al Palacio Quemado por la fuerza y rompió una puerta con ayuda de un vehículo militar. Ahí cruzó algunas palabras con el presidente boliviano quien le ordenaba retirar a las fuerzas militares, él respondió que «no era posible». Luego fue removido de su cargo y el nuevo mando militar posesionado ordenó que el despliegue militar termine.

«Un intento de golpe de Estado», así han calificado los principales colaboradores del gobierno a estas acciones y recalcan que fue el presidente Luis Arce que frenó la ruptura de la democracia en Bolivia, por confrontar al militar y no huir.

Sin embargo, el ahora excomandante del ejército declaró al momento de su detención que todo fue planeado por orden del presidente Boliviano Luis Arce, para «aumentar su popularidad». Para negar esta versión, la ministra de la Presidencia María Nela Prada declaró que el acusado de intento de golpe de estado «confesó» que el plan militar «fracasó» porque no llegaron algunos refuerzos a tiempo.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en la misma línea, presentó la noche del miércoles al ahora excomandante del Ejército y explicó que «el objetivo del señor Zúñiga era tomar las riendas de este país y establecer un régimen 'de facto' (...) vulnerando la Constitución Política del Estado».

Además de Juan José Zúñiga, hay al menos otras 16 personas aprehendidas y no se descarta más detenciones. Son acusados por alzamiento armado, atentado contra el presidente y un intento de golpe de Estado. «Hoy hemos vivido un intento de golpe de Estado», dijo el presidente boliviano en una de sus últimas declaraciones. Organizaciones sociales y personas afines pasaron la noche en plaza Murillo, de la ciudad de La Paz, para expresarle su apoyo, mientras que la segunda ciudad más grande de Bolivia, El Alto, cumple un paro de 24 horas en rechazo a la intención de golpe de Estado.

«Hay incongruencias» que tienen que ser esclarecidas declaró el expresidente Carlos Mesa. El también opositor calificó de «mal chiste» la posible alianza entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas, aunque pide que las acciones sean investigadas para evidenciar si se miente o se dice la verdad sobre el caso.

Otra líder de oposición, la senadora Andrea Barrientos, dijo que los hechos acontecidos el miércoles son «shows burlescos» y exige al gobierno del presidente Luis Arce dar respuestas a la crisis que el país atraviesa.

El intento de golpe de Estado surge en un contexto en el que organizaciones sociales bolivianas, como los transportistas y gremiales, se declararon en estado de emergencia y han protagonizado movilizaciones contra el gobierno. Ellos advierten sobre una crisis económica en el país por la falta de circulación de dólares en Bolivia y desabastecimiento de diésel y gasolina en algunos días.

El irregular movimiento militar dejó doce personas heridas, de acuerdo a las autoridades, producto del uso de balines y gases lacrimógenos. Además, decenas de personas acudieron a mercados para abastecerse de productos de primera necesidad, cajeros para sacar dinero en efectivo y estaciones de servicio para cargar combustible.

El Ministerio Público de Bolivia conformó una comisión para continuar con las investigaciones. Se prevé que en las próximas horas se desarrollen audiencias para definir la situación legal de los arrestados. Las autoridades no han anunciando alguna otra acción más allá de la vigilancia de algunos grupos de personas que están en vigilia y protagonizan bloqueos. Se denominan autoconvocados en defensa de la democracia.

La gestión del presidente Luis Arce culmina en noviembre del 2025, aunque el país se encuentra electoralizado desde hace varios meses. Autoridades y líderes políticos buscan ganar popularidad, por eso algunos analistas han cuestionado el cerco a la plaza Murillo y dicen que se debe aclarar si fue un movimiento político o militar.