La fiscal general de Guatemala da plantón al presidente Arévalo cuando tenía que dar cuentas de su gestión

La respuesta de Porras a Arévalo ha llegado a través de un video de 9 minutos publicado en sus redes sociales. «Quiero enviar un mensaje claro y contundente al pueblo de Guatemala y al presidente de la República, para hacerle saber, de forma categórica, que soy respetuosa de las leyes del país y, en consecuencia, cumpliré con el mandato constitucional de cuatro años para el cual fui reelecta. Y, en consecuencia, no voy a renunciar», ha dicho la fiscal, con el rostro serio y el puño en alto. El periodo de la fiscal concluye, oficialmente, en 2026.

La fiscal Porras se ha aferrado a la Ley Orgánica del Ministerio Público, ya que la normativa la faculta para no tener que asistir a ninguna reunión de ningún funcionario público, dado que la fiscalía no está supeditada a ningún organismo del Estado y cuenta con autonomía total de los poderes estatales.

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Arévalo ha cuestionado el trabajo de la funcionaria a la que señala de cometer «arbitrariedades en sus investigaciones». La responsabilizó del clima de inestabilidad política que rodeó el proceso electoral, pasada la primera vuelta de junio 2023, y luego de avivar el bulo del «fraude electoral», que impulsaron grupos cuestionados y sancionados de extrema derecha y cercanos al expresidente Giammattei, que no estaban dispuestos a permitir el ascenso de Arévalo y su partido político Semilla al poder. Por ello, la reunión que no pudo ser, estuvo rodeada del fantasma de la renuncia.

En campaña electoral y durante el periodo de transición, Arévalo aseguró a la prensa que le pediría la renuncia a Porras, una vez asumiera el cargo, a sabiendas de que la fiscal no está obligada a acatar su solicitud de renuncia. El artículo 14 de la Ley indica que solo se puede remover a la fiscal «por la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, siempre y cuando haya sentencia condenatoria». Actualmente, la fiscal no ha sido acusada formalmente de la comisión de un delito de esta índole y tampoco existe una posibilidad de que enfrente algún proceso judicial. Por ende, la renuncia es, hoy por hoy, una idea con pocas posibilidades.

Sin embargo, no estaba claro si Arévalo iba a pedirle la renuncia a la fiscal en esta reunión. La oficina de Comunicación Social de la Presidencia explicó que Arévalo y Porras tratarían exclusivamente temas relacionados a los procesos penales vinculados a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los criterios de persecución penal en casos de libertad de expresión y prensa, y que también conversarían sobre los avances en una investigación relacionada con la compra de vacunas contra el covid-19 durante la gestión de Giammattei; una compra que la prensa independiente denunció con pruebas alegando sobreprecios e inflamientos de contratos que podrían ser lesivos para el Estado.

Por ahora, sin reunión ni contacto, la fiscal ha reiterado su postura. No habrá relación con la presidencia de Arévalo y ella «continuará investigando», aunque es muy difícil saber qué exactamente.