Ecuador se deteriora con rapidez por el narcotráfico y la inestabilidad política

El presidente Guillermo Lasso decretó hace dos semanas el estado de excepción en varias zonas del país, entre ellas el área de Guayaquil, el principal puerto de Ecuador, y autorizó la tenencia y el porte de armas para la defensa personal. En 2022 Ecuador duplicó por segundo año consecutivo el número de homicidios: si en 2020 estaba en el puesto 18 en cuanto a violencia entre los países latinoamericanos, con una tasa de 7,7 homicidios por 100.000 habitantes, en 2022 fue el cuarto país, solo por detrás de Venezuela, Honduras y Colombia, con una tasa de 25,9.

La situación se ha deteriorado de modo muy rápido, principalmente como consecuencia del reacomodo de las mafias de la droga en Colombia. Tras el acuerdo de paz de 2016, disidencias de las FARC y otros grupos de crimen organizado concentraron su actividad en el suroeste colombiano (especialmente en los departamentos de Nariño y Putumayo, que limitan con Ecuador), utilizando como punto de salida de la droga sobre todo el puerto de Tumaco, a pocos kilómetros de la frontera.

Enseguida una parte importante del narcotráfico y de la violencia que conlleva se desbordó al vecino país: las rutas buscaron entonces también el puerto ecuatoriano de Esmeraldas, y cuando el volumen de los cargamentos de droga aumentó aún más, la salida principal de la cocaína pasó a ser Guayaquil, cuyo gran comercio marítimo facilita los envíos ilegales hacia Estados Unidos y Europa. Al atravesar Ecuador de norte a sur, el tránsito de la droga ha potenciado la corrupción, el enfrentamiento de bandas –en la calle y en las cárceles– y los homicidios.

En febrero fue localizado un gran laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína a 15 kilómetros de la frontera colombiana, con capacidad para la producción de dos toneladas mensuales, de forma que Ecuador ya no solo es país de tránsito, sino que está entrando en la cadena de producción a partir de la pasta coca que llega de Colombia (también es una salida de la coca cultivada en Perú, aunque esta sobre todo se deriva hacia Bolivia, el tercer país productor, de donde sale hacia el atlántico sudamericano).

El aumento de los transportes a través de Ecuador se ve a la vez potenciado por la necesidad que tienen los carteles de dar salida a mayores cosechas en Colombia, donde en 2021 las hectáreas de cultivo de coca se incrementaron un 43%. Si en 2019, las autoridades ecuatorianas se incautaron de 82 toneladas de droga, en 2021 fueron ya 210 (el 90% era cocaína, básicamente «crack»).

Ecuador ha tenido que buscar una forma eficiente de eliminar el producto incautado y se ha convertido en el primer país en utilizar a gran escala el sistema de «encapsulamiento» recomendado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En ese proceso la cocaína se convierte en un polvo aún más fino, se mezcla con polvo de cemento, sal y acelerantes químicos y la lechada resultante se vierte en moldes para creer bloques de hormigón para la construcción.

La violencia y la creciente inestabilidad están fomentando una nueva ola migratoria. Las autoridades de Panamá aseguran que en lo que va de año ha aumentado notablemente el número de ecuatorianos que están atravesando el Paso del Darién, la selva panameña que linda con Colombia y que, por su dificultad de travesía, pone en evidencia la urgencia que determinados grupos nacionales tienen de salir de su país e intentar llegar a Estados Unidos desde Sudamérica.

Las perspectivas políticas y económicas no son buenas para Ecuador. Desde que en febrero el presidente Lasso perdió un referéndum con diversas preguntas, con el que esperaba superar el bloqueo parlamentario que sufre al encontrarse en minoría, la situación se ha precipitado. El 29 de marzo la Corte Constitucional autorizó que la Asamblea Nacional pueda enjuiciar a Lasso, al que la oposición acusa de un asunto de corrupción.

El comienzo del proceso ha contado con el apoyo de 104 de los 137 asambleístas; bastará el voto de 92 para destituir al presidente cuando se llegue al final del procedimiento. Lasso descartó usar la facultad de disolver la Asamblea, lo que daría lugar a una «muerte cruzada», porque prefiere «dar la cara» y poder defenderse; confía en que algunos legisladores desistan del intento.

Siendo uno de los pocos presidentes de derecha con los que hoy cuenta la región, la decidida política de Lasso de contención del déficit facilitó la entrega de un fondo de 700 millones de dólares el pasado mes diciembre por parte del FMI. Un cambio de presidente no solo pondría posiblemente el crédito en riesgo, sino que podría afectar negativamente la promoción de inversión extranjera realizada por el actual Gobierno. Los recortes aplicados por Lasso han sido la causa atribuida por el activismo indigenista para sus frecuentes protestas contra su Gobierno