La votación celebrada durante la jornada en la Duma incluye la retirada de Moscú de los dos primeros protocolos del citado convenio, firmado por Rusia en febrero de 1996 en Estrasburgo y ratificado en marzo de 1998, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.
El proyecto presentado por Putin argumenta como motivo para estas decisiones que Rusia no está presente en el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura desde 2023 debido al bloqueo al proceso de elección de un nuevo representante ruso en medio de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022.
Así, destaca que estas «circunstancias discriminatorias» suponen una «violación» de los derechos de Rusia en el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y «socavan el mecanismo establecido por el convenio europeo». «Como resultado de ello, se propone denunciar el citado convenio y sus protocolos», señala.
El vicepresidente primero de la Duma, Alexander Zhukov, ha sostenido que «la denuncia de este tratado internacional no reducirá el nivel de garantías legales internacionales para la prevención de la tortura en la Federación Rusa, ya que sigue siendo parte de varios tratados y protocolos clave que garantizan estándares sustanciales en protección contra la tortura y mecanismos para supervisar el cumplimiento de los mismos«.
El Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes fue aprobado en 1987 y da autorización a la realización de visitas a detenidos --tanto en cárceles como en centros de detención para menores de edad, comisarías y centros de detención para migrantes, entre otros -- para analizar su situación y lograr su protección contra la tortura u otros tratos inhumanos o degradantes.
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