La viuda del opositor ruso Aléxei Navalni asegura que su marido murió envenenado

Navalnaya ha emitido un comunicado en vídeo en el que daba algunos de los detalles sobre esta investigación, aunque no ha especificado ni qué veneno se habría usado ni en qué dos países se analizaron las muestras. Ha explicado que tuvieron acceso a muestras biológicas que fueron «contrabandeadas de forma segura».

Durante su discurso también acusó a «países occidentales», sin precisar cuáles, de rechazar investigar la muerte de su marido por razones legales y políticas. Las autoridades penitenciarias aseguraron entonces que falleció después de encontrarse mal, sin concretar más detalles.

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«Pido que los laboratorios que hicieron los análisis publiquen sus resultados», ha insistido. «Esos resultados son de importancia pública y deben ser publicados», ha reiterado. Y ha rematado que «merecemos saber la verdad».

El mismo día otros opositores de la Fundación Anticorrupción (FBK en ruso; organización que fundó Navalni y que las autoridades rusas han prohibido, además de incluirla en el registro de Organizaciones Extremistas), como María Pevchij, han publicado en redes sociales imágenes de la celda donde Navalni habría pasado sus últimos meses de vida y también donde habría fallecido sufriendo. En la habitación se pueden apreciar las pocas pertenencias que tenía en ella el disidente y las difíciles condiciones que vivió en sus últimos días.

No sería la primera vez que habrían envenenado al opositor. En 2020 sus seguidores ya se aquejaron de otro suceso parecido en un avión que le traía de Omsk a Moscú, donde un aterrizaje de emergencia y una rápida intervención de los doctores le salvó la vida. Apenas sobrevivió a este incidente, pero recibió la autorización de las autoridades rusas para abandonar el país y tratarse en Alemania. Una vez fuera del país, parecía indicar que el veneno que casi le mata fue Novichok, un agente nervioso fabricado por primera vez en la Unión Soviética.

Rusia ha negado por activa y por pasiva haberlo envenenado e incluso algunas voces oficialistas ridiculizaron las acusaciones de envenenamiento. Es el caso de Margarita Simonián, directora de Russia Today, que, cuando se supo que el opositor estaba en urgencias tras el vuelo de emergencia en Siberia, señaló que probablemente sería debido a «un bajón de azúcar».

Tiempo más tarde representantes del FBK (entre ellos el propio Navalni) y periodistas de investigación de Bellingcat buscaron a los hombres que habrían envenenado al opositor y, fingiendo ser sus superiores, consiguieron grabaciones de voz en las que admitían haber puesto el agente nervioso en la ropa interior del disidente. Estas acusaciones también las negó el poder ruso. Cuando regresó en enero de 2021, la Policía rusa le detuvo en el control de pasaportes. Cuando ya se encontraba cumpliendo condena, la justicia le juzgó de nuevo en 2022 y en 2023, por malversación de fondos y desacato al tribunal, y por extremismo respectivamente. Amnistía Internacional («organización indeseable» en Rusia desde 2025) consideró estos juicios como una «farsa».

Después del fallecimiento de Navalni, los suyos prosiguieron su lucha desde el extranjero. Algunos de los más destacados, como Ilya Yashin, Vladímir Kara-Murzá, entre otros, formaron parte del canje de prisioneros entre Occidente y Rusia del pasado agosto de 2024. Desde entonces la sincronía entre ellos no ha sido sencilla. El pasado 1 de septiembre abandonó el timón del FBK el exdirector del mismo, Iván Zhdanov, y anunció que trabajaría en un libro en el que hablaría de «héroes y traidores», además de aseverar que explicaría el porqué de su abandono en el futuro. Esta dimisión, con recado incluido, indica que la cohesión de los opositores rusos no pasa por su mejor momento.

Además algunos de ellos han pasado por dificultades a título personal. Es el caso de Leonid Volkov que fue atacado a martillazos en la puerta de su casa en Lituania. Otro que ha pasado por dificultades ha sido Ilya Yashin, al que las autoridades rusas han quitado la ciudadanía y le han dejado como apátrida. Desde el 8 de septiembre de este mismo 2025 el Ministerio del Interior ruso comunicó esta decisión, algo que está explícitamente prohibido en la Constitución de Rusia en su artículo número 6. Políticos de las regiones anexionadas de Ucrania de Lugansk y Donetsk propusieron poder revocar la ciudadanía a todos aquellos rusos que infringieran el Código Penal del país, algo que no prosperó en aquel momento.