Los demócratas ceden y permiten reabrir el Gobierno tras cuarenta días de cierre

El instrumento de ese giro es un proyecto de ley de 31 páginas que actúa como resolución de continuidad. Mantendría el Gobierno abierto hasta el 30 de enero de 2026, financiaría durante un año completo algunos programas federales clave y limitaría temporalmente la capacidad de Trump para despedir empleados públicos. El texto revierte los despidos de funcionarios acometidos durante el cierre y garantiza el pago retroactivo a quienes han trabajado o han estado en excedencia forzosa sin cobrar. La negociación fue liderada por la senadora republicana Susan Collins, presidenta del comité de Presupuestos, en coordinación con el líder de la mayoría, John Thune, que llevaba días repitiendo que un acuerdo «se estaba concretando».

La pieza central es el abandono, por parte de un número pequeño pero suficiente de demócratas, de la exigencia que había paralizado el Senado: no aprobar ninguna ley de gasto si no se prorrogaban los subsidios ampliados del Obamacare, que vencen a final de año. Thune se ha limitado a ofrecer una promesa formal de celebrar una votación separada sobre sanidad antes de que acabe 2025, sin garantías de resultado. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y el líder de la minoría en la Cámara, Hakeem Jeffries, han expresado su rechazo, pero una masa crítica de senadores de su partido ha decidido aceptar el trato.

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La fractura interna demócrata es evidente. En la izquierda, Bernie Sanders ha calificado desde el hemiciclo el pacto de «error horrible» y advierte de que, sin extensión de los subsidios, las primas de seguros subirán para decenas de millones de personas. En la Cámara de Representantes, Jeffries promete «seguir luchando», pero sabe que, si el Senado aprueba el paquete con una mayoría amplia y los republicanos se mantienen unidos, los demócratas de la Cámara no tendrán números para tumbarlo. En el otro extremo del partido, figuras como los senadores Jon Ossoff y Raphael Warnock, ambos por Georgia, se niegan a sumarse a la cesión: mantienen el voto en contra y exigen que cualquier reapertura del Gobierno incluya ya una solución concreta para los 1,2 millones de georgianos sin seguro médico y para los subsidios reforzados a nivel nacional.

La asistencia alimentaria a través de SNAP, el principal programa de cupones de alimentos, dejó de estar plenamente financiada el 1 de noviembre. El Tribunal Supremo autorizó al Gobierno a retener 4.000 millones de dólares destinados a cubrir todas las prestaciones de noviembre mientras se dirime una batalla judicial. El Departamento de Agricultura ordenó a los estados deshacer los pagos completos ya iniciados y limitarse a abonar ayudas parciales, bajo amenaza de sanciones financieras.

Un juez federal en Rhode Island ha ordenado restablecer los pagos completos de ese programa, pero la puesta en marcha efectiva depende de trámites técnicos que llevan días. Entre tanto, casi 42 millones de beneficiarios han empezado a recurrir a bancos de alimentos y a recortar otros gastos, incluidos medicamentos.

Washington es uno de los epicentros del daño. La capital concentra la mayor proporción de empleados federales del país, en torno al 20%, con unos 150.000 funcionarios residentes. A escala nacional, unos 670.000 empleados están en excedencia y otros 730.000 trabajan sin sueldo, según el instituto Bipartisan Policy Center. El principal banco de alimentos del área de la capital federal, el Capital Area Food Bank, ha tenido que servir más de 8 millones de comidas adicionales de lo previsto, un incremento cercano al 20%. Comercios y restaurantes que viven del gasto discrecional de funcionarios y contratistas acumulan semanas de caída de ingresos en el trimestre clave de octubre a diciembre.

La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó reducir la capacidad de tráfico aéreo en 40 aeropuertos de alto volumen: primero un recorte del 4%, que subirá al 10% a mediados de noviembre. Desde la entrada en vigor de la medida, las cancelaciones se cuentan por miles: más de 1.000 vuelos cancelados el viernes, más de 1.500 el sábado y más de 2.000 el domingo, además de unos 7.000 retrasos en un solo día. Los aeropuertos de Atlanta y Newark figuran entre los más afectados. El secretario de Transporte, Sean Duffy, había avisado de que, si el cierre llega a la temporada de Acción de Gracias, el tráfico podría «reducirse a un goteo» e incluso obligar a cerrar parte del espacio aéreo por falta de controladores.

Desde la Casa Blanca, el asesor económico Kevin Hassett ha admitido que el impacto estaba siendo «mucho peor de lo esperado» y ha advertido de que el crecimiento del cuarto trimestre podría reducirse a la mitad, del 3% al 1,5%, con el riesgo añadido de una salida permanente de talento del sector público. Al mismo tiempo sostiene que, una vez reabierto el Gobierno, parte de la pérdida se compensaría con un rebote del PIB al recuperar el gasto aplazado, aunque reconoce que en cierres largos siempre hay un componente de daño irreversible.

En el plano político, las elecciones de mitad de mandato han dado a los demócratas victorias importantes en estados clave, y Trump ha reconocido que el cierre ha sido «un gran factor, negativo para los republicanos». Pese a ello, ha vuelto a exigir la eliminación del bloqueo en el Senado y ha insistido en que su partido no puede «ser extorsionado». Dentro del Partido Demócrata, senadores como Chris Murphy y Richard Blumenthal interpretaron los resultados en las urnas como un mandato para resistir y no aflojar la presión en sanidad. Pero el cálculo de los moderados ha sido otro: con vuelos cancelados, ayudas alimentarias recortadas, funcionarios sin cobrar y la confianza de los consumidores en caída, prolongar el cierre se había vuelto, para ellos, políticamente insostenible.

El bloqueo en el Senado, llamado «filibuster», significa que una minoría de senadores puede impedir que una propuesta de ley llegue a votación simplemente prolongando el debate indefinidamente o recurriendo a procedimientos parlamentarios para retrasarla. En la práctica, obliga a que la mayoría necesite al menos 60 votos de los 100 senadores para cerrar el debate y avanzar hacia la votación final, lo que da a la minoría un poder de veto sobre la legislación ordinaria. La mayoría republicana es de 53 escaños.

El procedimiento legislativo es claro: el Senado debe aprobar el paquete, probablemente con una mayoría bipartidista que incluya a quienes han decidido ceder; la Cámara de Representantes, tras un mes prácticamente en blanco por el cierre, tendrá que pronunciarse después; y, finalmente, Trump deberá firmar la ley. Más allá de los matices y de la retórica de unos y otros, el desenlace político es nítido: tras cuarenta días de cierre y un coste económico y social creciente, suficientes demócratas han renunciado a su exigencia central sobre los subsidios sanitarios para reabrir el Gobierno y entregar al presidente una victoria que hace apenas una semana decían querer evitar.