Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador: «El estado de excepción en el país seguirá hasta extirpar de raíz el mal de las pandillas»

Mes tras mes, el Parlamento salvadoreño, de mayoría oficialista, ha ido aprobando la extensión del estado de excepción que ha llevado a la detención de casi 57.000 personas, capturadas por sus presuntos vínculos con estos grupos, considerados terroristas desde 2015.

Durante estos meses, han ido aumentando las capturas pero también las denuncias: 4.000 procedentes de ONG y 3.400 de la Procuraduría para la Defensa de los DD.HH., por la violación de los derechos de los detenidos, muchos de los cuáles, según testimonios de sus familias, no tenían ningún vínculo con las pandillas. También ha sido denunciada la muerte de al menos 87 detenidos mientras estaban bajo custodia policial, según cifras de la ONG Cristosal.

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El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, de paso por Madrid –sin ninguna cita prevista con algún miembro del Gobierno español– participó ayer en una Tribuna de la Agencia EFE en la Casa de América, en la que tras defender la «legalidad» de la decisión de Bukele de presentarse a la reelección en 2024, y desmentir que la adopción del bitcoin –hace un año– haya sido un fracaso –«no hemos perdido ni un dólar», contestó a las preguntas de ABC sobre la extensión 'sine die' del estado de excepción.

—Después de casi ocho meses viviendo bajo el estado de excepción todo el país, ¿cuándo tiene previsto el Gobierno salvadoreño retirar la medida, y cuántas personas más espera detener hasta entonces?

—Esta medida tiene una duración de 30 días, y se puede prorrogar. Para ello deben darse dos cosas, que las condiciones se mantengan, y que haya los votos necesarios, porque este es el caso en el que se necesita del apoyo de una supermayoría (dos tercios de los diputados).

—El presidente Bukele presume de que ya no se producen homicidios en El Salvador, entonces no se daría la condición para mantener la medida...

—Los homicidios eran uno de los actos criminales, pero también están las extorsiones, las violaciones, los secuestros, las desapariciones..., que están todavía subsistiendo. En el censo que se tenía, había unos 60.000 miembros de las pandillas y ya han sido capturados casi 57.000. De esos, entre el 80 y el 90% han sido judicializados y están detenidos por orden de jueces; y hay otra parte que está en proceso, y en la que hay algunas personas que fueron capturadas de forma incorrecta o ilegal, o no procedía su captura, y que están siendo liberados... Ya han sido liberadas más de 800 personas, que se ha comprobado que no eran miembros de pandillas. Estaban en el lugar equivocado, a la hora equivocada... Por lo tanto, todavía hay un resto de pandilleros que falta por capturar. Según un informe del ministro de Seguridad, de la máxima dirección de la MS-13 (Mara Salvatrucha), que eran 15 personas, nueve han sido capturadas. Pero queda llegar a los cabecillas, queda otro nivel más sofisticado, que no lleva tatuajes.

La batalla tiene que seguir a un nivel superior, y para ello debemos coordinarnos con otros países a donde algunos lograron escapar, como México, Honduras, Guatemala... Todavía no se ha terminado esto. Hemos obtenido grandes logros: llevamos más de 220 días con cero asesinatos, cuando antes eran de 20 o 30 al día. Lo mismo con las extorsiones, antes se pagaban entre 36.000 dólares y 40 millones de dólares en el sector del transporte, y al año morían alrededor de 200 personas, entre conductores y cobradores. Ahora el 95% de las extorsiones ya no se pagan. Por eso, esto no terminará hasta que no terminemos con el último, hasta que extirpemos el mal de raíz. Si estamos pendientes de lo que diga una ONG o un periodista, entonces no resolveremos el problema como hemos prometido. En la última encuesta de Gallup, el 95% de la población aprueba esta medida.

Sobre los más de 56.000 detenidos, Ulloa subraya que no se trata de 'boy scouts', «son delincuentes que tienen armamento pesado, suficientes recursos financieros, de Inteligencia, campamentos y la operación se ha hecho de tal manera que no ha habido derramamiento de sangre. Y en una guerra, que es lo que se está librando aquí contra una estructura criminal que está mejor armada incluso que la Policía, antes de comprarle los equipos actuales, esta es una operación impecable».

—En la que han muerto casi 90 personas bajo custodia de la Policía...

—Sí. Y, ¿sabe cuántas personas murieron en 2018 (entonces gobernaba Salvador Sánchez Cerén, del FMLN) bajo custodia? Más de 200, y nadie dijo nada. Y entonces la población reclusa no llegaba a 40.000 personas. Ahora hay casi 60.000, han muerto 90 y se pone el grito en el cielo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no vio los muertos en 2018. Y en los dos gobiernos anteriores del FMLN hubo 40.000 muertos en diez años, y nadie dijo nada. Sin embargo, en el de Bukele, una persona fallece y provoca un escándalo.

—¿El presidente Bukele anunció en julio la construcción de una megacárcel, ¿cómo va ese proyecto?

—Este centro penitenciario, que se está levantando fuera de la ciudad, en una zona rural de 230 hectáreas, cuenta ya con una primera construcción en un área de 30 manzanas, para acoger a 30.000 internos. No se ha realizado en los tres meses que se dijo, pero en dos o tres meses estará terminada, los trabajos van acelerados.