Bolivia reactiva la causa contra Evo Morales y le acusa formalmente de trata de personas

La acusación también alcanza a una familiar de la víctima, por su presunto consentimiento y participación en los hechos. Con ello, el caso entra en una nueva fase judicial y coloca nuevamente a Morales, símbolo de la izquierda boliviana, en el centro de una controversia política y legal.

El proceso tiene su origen en una denuncia presentada en 2024, aunque los hechos se remontan a 2015. La Fiscalía de Tarija abrió entonces una investigación por trata de personas con agravante, delito que se castiga con entre 8 y 15 años de prisión, o hasta 20 cuando la víctima es menor de edad.

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De acuerdo con los documentos del Ministerio Público, la investigación se basó en elementos recogidos: testimonios, informes técnicos y registros civiles. La fiscal departamental Sandra Gutiérrez explicó que los indicios reunidos eran suficientes para sustentar la acusación formal y solicitar que el caso pase a un tribunal que determine día y hora para la apertura del juicio oral.

El expediente sostiene que Evo Morales habría mantenido una relación sentimental con una adolescente en la ciudad de Yacuiba, en el sur del país, durante su tercer mandato presidencial. La joven habría quedado embarazada a los 15 años, según consta en la investigación preliminar.

El 17 de enero de 2025, el juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de Tarija, Nelson Alberto Rocabado, declaró a Morales en rebeldía y emitió una orden de aprehensión por su inasistencia reiterada a las citaciones judiciales.

Esa medida continúa vigente, y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres Echalar, recordó días atrás que corresponde a la Policía Boliviana ejecutar la orden. Sin embargo, las autoridades reconocieron que hacerlo resulta complejo, ya que Morales reside en la región cocalera del Chapare, su bastión político, donde cuenta con una estructura de protección y apoyo social.

La condición de «rebelde» tiene implicaciones jurídicas: mientras no se cumpla la orden de aprehensión o el acusado no se presente voluntariamente, no puede iniciarse el juicio oral. Evo Morales declaró anteriormente que no era «tonto» para entregarse.

Fuentes judiciales en Tarija explican que, tras la acusación, se abre un periodo de control procesal: el juez debe admitir las pruebas de cargo y descargo, y posteriormente emitir el Auto de Apertura de Juicio. Es en esa fase cuando el caso se vuelve público y se convocan a las audiencias orales.

En un giro inesperado, la fiscal Sandra Gutiérrez fue destituida de su cargo apenas unas horas después de presentar la acusación formal contra Morales. El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, firmó un memorando de agradecimiento de servicios, documento que equivale a su relevo inmediato.

Gutiérrez confirmó que entregará el despacho y aseguró que la decisión no afectará la continuidad del caso, aunque pidió «seguimiento ciudadano y mediático» al proceso. Aclaró que no cree que su salida esté directamente relacionada con la acusación, pero su cese generó repercusiones políticas y cuestionamientos.

Desde su búnker en el Chapare, Morales ha rechazado las acusaciones en reiteradas oportunidades y sostiene que se trata de un montaje político promovido por el Gobierno del presidente Luis Arce, con quien mantiene una pugna abierta por el control del Movimiento al Socialismo (MAS).

El expresidente considera que el proceso busca inhabilitarlo como político y afectar su liderazgo. En declaraciones recientes, calificó las investigaciones como un intento de «destrucción política» orquestado desde el poder.

El enfrentamiento entre Morales y Arce se intensificó en los últimos dos años, tras la fractura interna del MAS y la creación de dos alas enfrentadas: la del «arcismo», que responde al presidente, y la del «evismo», que sigue leal al exmandatario.

En paralelo, la presunta víctima y su madre consiguieron refugio en Argentina, país que les concedió asilo humanitario el 22 de agosto de 2025. En la carta presentada para solicitar el beneficio, ambas explicaron que sufrieron presiones y amenazas después de conocerse que el padre de la menor sería Evo Morales. La madre relató que fue advertida para que no hiciera público el vínculo y que temía por la seguridad de su hija, lo que las llevó a abandonar Bolivia y pedir protección internacional.