Arresto domiciliario para Camacho y libertad para Pumari, líderes que se movilizaron en contra de Evo Morales

La audiencia se realizó el pasado martes por un instructivo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordenó verificar de inmediato el cumplimiento de los plazos de detención preventiva en las causas vinculadas a la crisis política de 2019 en ese país.

Según el abogado, Martín Camacho, el gobernador cumplirá el arresto en su domicilio de la capital cruceña, con permiso laboral y presentación periódica ante la autoridad. Además, se estima que, una vez completados los trámites del mandamiento de libertad, el traslado a Santa Cruz podría concretarse en alrededor de 72 horas, condicionado al resultado de otra audiencia pendiente.

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En el caso de Pumari, su abogado Diego Gutiérrez confirmó que su cliente consiguió libertad pura y simple y el líder cívico sería trasladado a Potosí para formalizar su situación. Su defensa recuerda que continúa el proceso por la quema de oficinas del Tribunal Electoral Departamental (TED). Pumari, que pasó tres años y ocho meses en la cárcel de Cantumarca, celebró a través de redes sociales: «¡¡¡Libertad!!! (…) hoy vuelvo a Potosí».

Luis Fernando Camacho, líder cívico y gobernador de Santa Cruz y Marco Antonio Pumari fueron dos opositores que encabezaron las protestas de 2019 contra el resultado de las elecciones generales, que calificaron como fraudulentas y luego fueron anuladas. Tras 21 días de manifestaciones ciudadanas y un motín policial, Evo Morales renunció y huyó a México, luego denunció un supuesto «golpe de Estado».

En una audiencia similar, esta semana, la justicia boliviana definió que la expresidenta Jeanine Añez no puede ser juzgada en la vía ordinaria por el caso Senkata, donde se le atribuía responsabilidad por las muertes ocurridas durante la represión militar y policial de noviembre de 2019 en El Alto, y resolvió que el proceso pase a la Asamblea Legislativa para un juicio de responsabilidades. Sin embargo, la expresidenta continúa detenida porque enfrenta otros y procesos.

En La Paz, a las puertas del Tribunal Departamental de Justicia, se registraron empujones, gritos e insultos entre afines al Gobierno de Luis Arce y simpatizantes de los líderes cívicos. La familia de Camacho habló de «alegría» y expresó el deseo de que sea «una de las últimas noches» en el penal de Chonchocoro.

La ministra de Justicia de Bolivia, Jessica Saravia, pidió priorizar su derecho a la verdad y reparación, recordó que «37 familias» siguen a la espera de que se establezcan responsabilidades y aludió a informes internacionales que documentaron graves vulneraciones de derechos humanos en 2019. Por su parte, el juez David Kasa denunció presiones y persecución penal y disciplinaria contra su sala por parte de entidades estatales y reclamó respeto a la labor jurisdiccional.

Todo ocurre a poco más de dos meses del cambio de gobierno, previsto para el 8 de noviembre, después de unas elecciones en las que el Movimiento al Socialismo (MAS), partido de gobierno al que pertenecía Evo Morales, perdió la presidencia, el apoyo y no logró retener el control pleno de la Asamblea Legislativa.