«No apto para la UE»: el etiquetado que trajo el Brexit
El Marco de Windsor se empieza a aplicar en Irlanda del Norte para no vender sus productos en la vecina Irlanda por ser territorio de la UE
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Corresponsal en Londres
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Iniciar sesiónEl acuerdo de separación entre el Reino Unido y la Unión Europea obligó a conceder a Irlanda del Norte un estatus especial por ser territorio británico que comparte una frontera terrestre con la República de Irlanda, miembro del club comunitario, dejando a la región ... como parte del mercado único. Para evitar una frontera física entre los dos países y, por lo tanto, proteger la paz que se firmó en 1998, se acordó que se realizarían controles aduaneros de las mercancías que entraran en Irlanda del Norte desde otras partes del Reino Unido.
Aquello abrió un conflicto de meses. Una de sus consecuencias fue dejar al Gobierno sin cabeza a la espera de que el Partido Democrático Unionista (DUP) aceptara formar un Ejecutivo con el Sinn Féin, ganadores de las últimas elecciones. Sin embargo, se negaron como protesta por el protocolo, que denunciaron porque ponía a Irlanda del Norte en desventaja con respecto a su relación con el resto del país y porque los controles de los productos alimenticios suponían una dificultad no solo logística, sino además costosa.
Todo esto convirtió, en la práctica, al llamado protocolo en el principal obstáculo del Brexit, un divorcio ya de por sí difícil. Finalmente, en febrero de ese año, las partes anunciaron una noticia que aceleraba el fin de las interminables negociaciones de un problema que parecía imposible de resolver: el cambio del protocolo original por el llamado 'Windsor Framework', o Marco de Windsor, que entre sus puntos incluye uno que establece una «vía verde» para que los minoristas británicos no tengan que sufrir las engorrosas inspecciones ni el papeleo infernal previo, ya que las normas de seguridad y salud pública de todo el Reino Unido se aplicarán a todos los alimentos y bebidas en el mercado interno.
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Fecha límite
Para ponerlo en marcha, uno de los requisitos de este nuevo acuerdo es el etiquetado de los productos destinados a venderse exclusivamente en Irlanda del Norte y que no deben cruzar la frontera hacia la República de Irlanda y, por tanto, hacia el mercado único de la UE, tal y como rezan las propias inscripciones: «No apto para la UE». A partir de octubre serán obligatorias para la carne y la leche, en la primera fase de un total de tres que se implementarán hasta octubre de 2025, cuando tengan que ser etiquetados también otros productos como pescado, frutas y vegetales.
De momento, la cadena de supermercados Asda ha sido la primera en empezar a etiquetar sus productos cárnicos antes de la fecha límite, pero la preocupación se cierne sobre otras empresas. De hecho, ya hubo conflicto porque los críticos con la medida aseguran que supone un mayor peso económico y deben sucumbir a la burocracia, ya que antes tienen que inscribirse en un nuevo esquema de «comerciantes de confianza» y, además, muchos no han tenido tiempo para hacer los cambios necesarios que permitan comenzar con el etiquetado en poco más de un mes.
Sin embargo, el Gobierno del primer ministro Rishi Sunak ha dicho que no será muy estricto al principio, para dar tiempo a que las empresas se ajusten. Además, según explica la guía al respecto publicada hace unas semanas, «el Gobierno del Reino Unido brindará apoyo financiero para ayudar a las empresas con los nuevos requisitos de etiquetado en la fase uno». Algunas, como los supermercados Marks and Spencer, instaron al Ejecutivo a que el etiquetado sea igual para las cuatro naciones constitutivas y no solo para Irlanda del Norte, una medida que empezará a ponerse en marcha a partir de octubre del próximo año.
Críticas y apoyos
Pero también hay críticos, como el exlíder conservador Iain Duncan Smith, quien hace meses pidió al Gobierno abandonar el plan, al que calificó de «ridículo». «No es para eso que abandonamos la Unión Europea. Se suponía que debíamos abandonar la UE para desregular, no para regular en exceso», defendió ante la prensa local, mientras que David Jones, del Grupo de Investigación Europeo formado por euroescépticos conservadores, apuntó que «no hay ninguna buena razón por la que los alimentos producidos y vendidos en cualquier parte del Reino Unido deban llevar la etiqueta 'No apto para la UE', y mucho menos si se venden en Gran Bretaña».
Otros tienen un tono más conciliador. Neil Johnson, del consorcio que representa a los principales supermercados, declaró a la BBC que la medida «trata simplemente de mantener a todos contentos», ya que «como estamos al lado de la UE, tenemos que respetar su derecho a su mercado interior y este etiquetado es sólo un procedimiento administrativo para contribuir a ello». Además, puntualizó que es una cuestión de forma y no de fondo, que nada tiene que ver con la calidad de los alimentos. A su juicio, «es de esperar que los supermercados sigan ofreciendo el mismo valor y variedad de productos».
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