Alemania endurece su política de asilo tras el atentado en Solingen

Scholz agradeció a las autoridades su trabajo y pasó a enumerar las primeras medidas que tomará su gobierno, en particular una nueva normativa sobre armas, especialmente referida a los cuchillos en los espacios públicos. «Las cifras de inmigración irregular deben disminuir y las deportaciones también deben volverse más eficiente», dijo, «tendremos que hacer todo lo posible para garantizar que aquellos que no pueden permanecer en Alemania sean deportados». Lo cierto es que Alemania ha logrado aumentar los retornos en un 30%, en comparación con el año pasado, e incluso de dos tercios en comparación con 2021. Pero, a la luz de este atentado, no es suficiente. La política de deportaciones ha quedado especialmente en evidencia tras reconocer la policía que Issa al H, sirio de 26 años que esperaba su programada deportación a Bulgaria, abandonó el albergue de refugiados inmediatamente antes de que se presentasen los funcionarios a buscarlo para el traslado y regresó después para seguir residiendo allí hasta el día en que cometió el atentado. Varios medios de comunicación alemanes ha sugerido que habría sido advertido.

Desde dentro de la «coalición semáforo», ni siquiera Los Verdes han opuesto resistencia a este endurecimiento de la política migratoria. El objetivo es que el atentado siga engrosando el voto a la extrema derecha que milita contra los extranjeros, especialmente contra los musulmanes, como resultado del alejamiento de una política de los partidos tradicionales cuyas acciones y omisiones ya no hay forma de explicar. «No hay nada que aprender del ataque en Solingen», reaccionaba ayer la presidenta del Partido Socialdemócrata (SPD), Saskia Esken, en una manifestación más de eso que infla el voto populista: la falta de voluntad de la política convencional para hacer autocrítica, la liberalidad del estado de derecho como patente de corso para los criminales.

El canciller Scholz se mostró dispuesto ayer a dar un paso, pero solamente un paso. Su gobierno ha rechazado la propuesta del líder de la oposición conservadora de la CDU, Friedrich Merz, para no aceptar más refugiados procedentes de Siria y de Afganistán, cerrar las fronteras y mantener en custodia permanente a todos los refugiados cuyo estatus de asilo haya sido rechazado o revocado, hasta el momento de su deportación. Sería una «violación de la Constitución», alegó el portavoz del gobierno Steffen Hebestreit en Berlín. «A los gobiernos nunca se les debe aconsejar cometer un descanso constitucional», dijo, e hizo hincapié en la importancia de la ley de asilo individual como «uno de los logros centrales de la ley fundamental alemana». Hoy (martes) mantendrán Scholz y Merz una conversación al respecto. Apremian las elecciones regionales de Turingia y Sajonia, que se celebran el domingo y en las que los populistas de Alternativa para Alemania y BSW obtendrán rédito tanto del terror como de la falta de reacción y el disenso entre los grandes partidos. Fuentes de la CDU aclaraban ayer que el contacto llevaba tiempo programado, uno de los muchos que mantienen regularmente los líderes del gobierno y de la oposición, y que el atentado ha tenido como consecuencia que se centre especialmente en este asunto. «Canciller, nos vemos esta semana de todos modos», ha escrito Merz en redes, «le pido que tome decisiones con nosotros rápidamente y sin más demoras, decisiones orientadas a evitar más ataques terroristas como el del viernes pasado en nuestro país».

En cualquier caso, Scholz está básicamente «dispuesto a dialogar», afirmó Hebestreit , pero «lo que podamos acordar debe ser sensato y eficaz». Debe haber sugerencias «que no violen la Ley Fundamental ni la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Un gobierno siempre debe tener esto en cuenta en sus acciones», estableció como líneas rojas. Recordó que, después de conversaciones con los Bundeslander, incluidos los gobernados por la CDU, el gobierno «hizo cambios masivos en la pasada primavera para eliminar los obstáculos legales a las deportaciones» y que, en el caso de Solingen, obviamente el problema ha sido la falta de aplicación de la ley que ya estaba en vigor.