La Justicia decidirá si sienta a Berlusconi en el banquillo

En medio de una expectación extraordinaria, con la sala abarrotada de periodistas italianos y extranjeros, el Tribunal Constitucional inició ayer la discusión de la llamada ley de «legítimo impedimento», tambien conocida como «ley salva premier», porque ha permitido a Silvio Berlusconi no presentarse, al menos hasta octubre, a los tres juicios que tiene pendientes ante la magistratura de Milán.

Se trata de los casos conocidos como «Mills», «Mediaset» y «Mediatrade», en los que Berlusconi está acusado de corrupción en acto judicial y fraude fiscal. Fueron precisamente los jueces de Milán encargados de procesar a Berlusconi los que solicitaron la intervención del Constitucional, cuyo veredicto se espera para mañana.

El debate se ha iniciado entre mil incógnitas y con los 15 miembros del Tribunal Constitucional divididos. La polémica ley , que permite a Silvio Berlusconi y sus ministros no ser juzgados mientras ocupen sus puestos, fue aprobada en febrero del pasado año en medio de una gran bronca parlamentaria. Ahora podría sobrevivir o morir por 1 ó 2 votos. La importancia y trascendencia de esta votación queda reflejada en el hecho de que, incluso enferma, se ha presentado en la sala en silla de ruedas la juez María Rita Saulle, de 75 años, la única magistrada en el alto tribunal italiano.

De la complejidad del caso da idea el hecho de que el juez relator que escribirá la sentencia sobre el «legítimo impedimento» ha elaborado durante meses un volumen de 3.000 páginas, que ha reducido a 20 para sus colegas del tribunal Constitucional. Dos abogados de Berlusconi han defendido la constitucionalidad de la ley, subrayando que no crea «inmunidad» y que los reenvíos de las audiencias —lo que en la práctica supone la congelación de los procesos contra Berlusconi porque el primer ministro siempre puede encontrar una justificación para no presentarse al proceso— son fisiológicos y normales en todos los procedimientos.

Las filtraciones que hasta ahora se han producido indican que seguramente una mayoría de 7-8 jueces se inclinan por invalidar la ley, otros 5 apoyan su convalidación como constitucional y 3 votos serían inciertos. Para evitar la imagen poco edificante que puede tener una sentencia con un Tribunal Constitucional completamente dividido, los magistrados trabajan en una mediación y compromiso. El resultado podría ser una la ley que fuera solo parcialmente invalidada; es decir, sería, por ejemplo, un «legítimo impedimento» para que Berlusconi no acuda a un juicio el que estuviera presidiendo un consejo de ministros, no así su visita privada a Putin o a Gadafi.

En medios parlamentarios se considera que la sentencia tendrá consecuencias políticas. Simplificando, se subraya que si la ley de «legítimo impedimento» es declarada inconstitucional, Berlusconi sería partidario de convocar elecciones anticipadas, transformándolas en una especie de referéndum para que los italianos elijan entre él o los jueces; mientras que si al final se declara constitucional aumentarían las posibilidades para Silvio Berlusconi de alargar su mayoría y seguir gobernando.

La tercera opción, la que hoy se da como más probable, una sentencia con la ley de «legítimo impedimento» parcialmente inconstitucional, difícilmente será una solución del problema, en particular para Berlusconi porque se abriría la posibilidad de reanudar los procesos, aunque sea lentamente, sin descartar que pueda llegarle una condena por corrupción. Ante esta hipótesis, el recurso a las urnas parece también la salida más probable para Berlusconi, si no logra ampliar su actual escasa mayoría parlamentaria. En cualquier caso, el primer ministro buscará por todos los medios no perder la inmunidad para no enfrentarse a los tres procesos pendientes, de los que el más grave es el presunto soborno entre 1997 y 1998 al abogado inglés David Mills para que falsificara su testimonio en dos casos en su contra.