«Travellers» británicos se enfrentan a la Policía para evitar su desahucio

Los residentes del campamento de Dale Farm y los activistas que les apoyan, que durante las últimas semanas construyeron barricadas, están oponiendo resistencia, y pudieron verse momentos de pánico así como a mujeres llorando en sus caravanas. Una de las caravanas se incendió mientras la Policía, que supera en número a los residentes, de los cuales quedan en torno a 50, se preparaba para desalojar las 49 parcelas para las que ha obtenido una orden judicial. Pese a obtener el apoyo de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y otras organizaciones pro derechos humanos , los «travellers», minoría étnica reconocida y protegida por la ley y marginada en el Reino Unido, no consiguieron impedir judicialmente su desahucio por parte del Ayuntamiento de Basildon, que argumenta que quiere dedicar el espacio a zona verde.

Los «travellers», de costumbres parecidas a las de los gitanos, compraron Dale Farm en la década de los 70, cuando era un vertedero, pero, aunque el terreno es suyo, algunos construyeron sin los permisos legales pertinentes, que el Ayuntamiento les denegó con el argumento de que era un área protegida. Los afectados y sus simpatizantes argumentan que la verdadera razón es que el consistorio conservador quiere limpiar la zona de «travellers» y sostienen que el desahucio contraviene los derechos de esta minoría , ya que no se les ha ofrecido ningún alojamiento alternativo conforme a su forma de vida. «No tenemos más opción que resistir», declaró Gratton Puxon, del Consejo gitano, que se desplazó al campamento para apoyar a los residentes.

Tras la introducción de una ley que prohíbe acampar en espacios comunes, los «travellers», que son de origen irlandés, han tenido que renunciar al nomadismo y establecerse en campamentos de caravanas, por lo que su desahucio sin alojamiento alternativo les deja sin residencia.

Para evitar su desalojo, los abogados de los residentes de Dale Farm alegaron que este significará sacar de la escuela a niños -en una comunidad con un alto índice de analfabetismo- y perjudicará el seguimiento médico de los ancianos, arraigados en ese campamento desde hace décadas. Tras valorar los argumentos de los afectados y el ayuntamiento de Basildon, un juez dio el lunes autorización para proceder con el desalojo de un menor número de parcelas que el previsto inicialmente.