El secretario general de la OEA reprende a Nicaragua por no permitir unas elecciones libres

El presidente de Nicaragua, José Daniel Ortega Saavedra , lleva en el poder desde enero de 2007 por el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, que contempla 13 años en el poder, pero tres años de crisis sociopolítica en el país centroamericano desde que se enfrentara a protestas sociales en las que perdieron la vida 320 manifestantes con más de 2.000 heridos y una fuerte oposición política por la reforma en el sistema de seguridad social. En un gobierno compuesto por su mujer Rosario Murillo como vicepresidenta y en el que están incluidos en el Poder Ejecutivo alguno de sus hijos.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) dio a conocer un informe, en agosto de 2019, en el que señala al gobierno de Ortega como responsable de violaciones de los derechos humanos como torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otros hechos. Pero, ahora es la OEA la que se posiciona en contra del Gobierno nicaragüense como consecuencia de la aprobación, la semana pasada, por el Parlamento, de mayoría sandinista, de un Consejo Supremo Electoral afín y la prohibición de que se celebren votaciones libres y justas el próximo mes de noviembre.

«A pesar de llamadas reiteradas de la comunidad internacional para permitir una reinstitucionalidad democrática que brinden garantías para los participantes» en unas elecciones libres y democráticas, el Gobierno no ha demostrado voluntad política para adoptar las medidas y reformas electorales correspondientes, aseguraba Almagro. El resumen es un prologando quebrantamiento del Estado de derecho en Nicaragua. Desde las más altas autoridades del Estado persiste una narrativa «tendente a negar las violaciones de derechos humanos y estigmatizar a las víctimas». La impunidad campa a sus anchas por el país con restricciones a la libertad de expresión, asociación y a participar en asuntos públicos.

Un drama que obliga a más de 100.000 personas a emigrar como consecuencia de la represión en su país. En 2017 la Secretaría General de la OEA firmó acuerdos con el Gobierno de Nicaragua para lograr una reforma electoral que permitiera unas votaciones democráticas. Pese a la firma del Gobierno, «los acuerdos fueron incumplidos de forma reiterada», aclaran desde la institución.

El cúmulo de incumplimientos muestran falta de interés para recuperar el camino democrático e institucional en Nicaragua. Lo indican la aprobación de un nuevo Consejo Supremo Electoral que apoya al Gobierno y una reforma electoral para las elecciones, del 7 de noviembre próximo, que evita la participación de los observadores, prohíbe la financiación electoral e impide la presentación de candidatos de la oposición que hayan apoyado las sanciones internacionales contra el régimen, que serán considerados traidores a la patria, y hayan intervenido en las protestas de 2018.

Estas leyes han venido a minar el ya maltrecho camino democrático en la nación nicaragüense. Según la OEA, el objetivo es restringir los derechos políticos para eliminar la competencia electoral. La Organización de los Estados Americanos busca negociar tanto con el Gobierno de Nicaragua como los actores opositores para que haya medidas para una reforma electoral urgente para promover las elecciones libres y justas.