«El reto del postconflicto de Colombia es parecido al de la reunificación de Alemania»

En Madrid ha participado este jueves en una jornada organizada por el ICEX , «Una Colombia en paz: retos y oportunidades para las empresas» [ver el informe presentado, con el mismo nombre]. Durante una entrevista a ABC se refirió a los incentivos y rebajas fiscales que Colombia ofrece a las empresas que inviertan en las zonas afectadas por más de medio siglo de violencia. Infraestructura, agricultura o turismo son algunos de los sectores con mayor potencial de crecimiento en el postconflicto colombiano.

Entre los desafíos de Rafael Pardo está cerrar las brechas de la pobreza , la escolarización o del acceso a la seguridad social en esas zonas aisladas del país; un reto que asegura que «llevará al menos quince años». También vencer las reticencias de los portavoces del «no» en el referéndum del pasado 2 de octubre , sobre todo las referentes a la «impunidad» de los delitos de lesa humanidad y la participación política de los culpables. «Al Gobierno no le pareció razonable que quienes firman la paz quedaran vetados de participar en política», afirma el ministro del Postconflicto. «El objetivo de la paz es cambiar las armas por la política» , remata.

-Con el comienzo de la entrega de armas por parte de las FARC la semana pasada ¿se puede afirmar que Colombia ha entrado ya en el postconflicto?

-Sí, desde la firma de los acuerdos el 24 de noviembre, que fueron refrendados por el Congreso el 1 de diciembre. Es la fecha formal y oficial del fin del conflicto. Ahí empezó el postconflicto. En un proceso de un mes y medio, las FARC, que estaban desplegadas en alrededor de cien municipios, se han concentrado en 26 zonas, de 26 municipios, que es donde están los campamentos. Ahí van a estar 180 días, durante el proceso de entrega de armas, que tiene un calendario bastante estricto. Primero un tipo de armas, explosivos inestables, después otro tipo, hasta llegar al día 180 en que han debido entregar a Naciones Unidas todas las armas, municiones y explosivos. Esos 180 días van a servir también para iniciar los procesos de reincorporación a la vida civil. Procesos de educación, formación vocacional, estructuración de proyectos productivos para que puedan integrarse en la vida civil en condiciones productivas, de dignidad, y que haya una posibilidad de repetición muy baja, ojalá ninguna.

-Pero el partido del expresidente Álvaro Uribe, Centro Democrático, ha amenazado con dar marcha atrás en las partes del acuerdo que se refieren a justicia transicional y participación política de las FARC, si gana las elecciones de 2018.

-El Centro Democrático ha utilizado el proceso de paz como principal bandera de oposición al Gobierno. Por eso hay una serie de controversias políticas coyunturales. Pero el 7 de agosto de 2018, cuando haya un nuevo gobierno, sea cual sea el signo, el proceso de paz está consolidado y es imposible dar marcha atrás. En cualquier ala del espectro político nadie en su sano juicio va a decir que no va a construir carreteras rurales, que no va a formalizar el título de propiedad de la tierra a los campesinos o que no va a mejorar el sistema de educación rural en Colombia. En términos de participación política, ya han pasado las elecciones y personas de las FARC van a estar en el Congreso. El proceso de paz es irreversible. Hoy es motivo de controversia, porque es una bandera para la oposición, pero dar marcha atrás no tiene viabilidad ni factibilidad.

-¿Qué atractivo puede tener la Colombia del postconflicto para las empresas españoles?

-Hay un número muy grande de empresas españolas en Colombia, en este foro se ha hablado de cerca de 400 en distintos sectores de la economía. El postconflicto abre no solo un país que había estado vedado al sector privado por el conflicto si no también un paquete de incentivos y de reducción de impuestos para empresas que se localicen en las zonas afectadas. Aproximadamente el 30% del territorio está dentro de las zonas más afectadas en términos de poder tener un tratamiento tributario que reduce los impuestos a empresas que se localicen allí.

-¿Tienen razón los críticos del proceso de paz para temer más impuestos con los que financiar esta etapa?

-Más impuestos porque cayó el precio del petróleo , por eso hubo que subir el impuesto del valor agregado del 16% al 19% el año pasado. El presupuesto de la nación recibía 7.000 millones de dólares al año de recursos derivados del petróleo y la minería, principalmente del petróleo. Con la caída del precio del petróleo, el presupuesto se redujo en 7.000 millones de dólares de un año para otro. Eso llevó a la necesidad de ampliar los recursos a través de un aumento del impuesto del valor agregado y otros componentes. Se mantiene un impuesto que financia las fuerzas militares, pero no hay un impuesto especial para la paz.

-¿Se reparará a las víctimas con el dinero del narcotráfico?

-La reparación a las víctimas viene desde antes del acuerdo final con las FARC, viene de una ley de víctimas del año 2012, en la cual el Gobierno establece las condiciones para ser víctima y los elementos materiales de reparación. Se han beneficiado alrededor 600.000 personas. Es una reparación monetaria, individual, que se financia con el presupuesto de la nación.

-¿Cuál es la postura de la Administración Trump sobre los acuerdos de paz? EE.UU. acaba de advertir a Colombia sobre un posible recorte de la ayuda económica en la lucha antidrogas.

-Sí, yo estuve en esas reuniones con el embajador Brownfield , encargado del tema de drogas, el miércoles en Bogotá. Él dijo que se prevé una reducción en todo el presupuesto de ayuda externa de EE.UU., no específicamente sobre Colombia y el narcotráfico, pero no antes de 2018. Hay una expectativa de aumento del aporte de EE.UU. al proceso de normalización de Colombia, de reducción de cultivos de coca y de fortalecimiento de la seguridad. Estados Unidos viene aportando aproximadamente 300 millones de dólares al año. En el Congreso norteamericano existe una propuesta, Paz Colombia, que busca que esa cifra aumente de 300 a 450 o 500 millones de dólares. Fue aprobada en los comités de la Cámara y el Senado de EE.UU., pero no se ha aprobado todavía a nivel de plenarios. La expectativa es aumentar ese paquete principalmemte para el desarrollo agropecuario y rural. Sobre la posición de Trump, lo único que se sabe es que el secretario de Estado, Rex Tillerson, indicó que iba a estudiar cuidadosamente los acuerdos firmados . Pero en las conversaciones con el Gobierno de EE.UU. no ha habido ninguna referencia a posturas especiales sobre el proceso de paz.

-Tras su experiencia como consejero de Paz entre 1988 y 1990 ¿cree que será más difícil la desmovilización de las FARC de lo que fue la del movimiento guerrillero M-19?

-Hay diferencias. La paz con el M-19 se hizo durante la Guerra Fría, en medio de la inmensa campaña terrorista de los carteles de la droga contra el Estado, hoy eso no existe, y el tamaño del M-19 es muy inferior al de las FARC. Por lo tanto, hay elementos que son similares, pero el contexto es distinto y tiene retos mucho más grandes por el tamaño de las FARC y por su presencia territorial cuando eran grupo armado.

-¿Las FARC podrían desaparecer como grupo político, como le ocurrió al M-19?

-El M-19 desapareció como grupo político pero algunos de sus miembros siguen en la política, se incorporaron inicialmente al Polo Democrático, después al Partido Verde, como Antonio Navarro Wolff . El anterior alcalde de Bogotá, Gustavo Petro , era del M-19. El Centro Democrático tiene a una persona del M-19 en el Senado, Everth Bustamante .

-¿Es exagerado decir que el reto del postconflicto colombiano es similar al de la reunificación alemana?

-No, es muy parecido porque es integrar una parte del país geográficamente muy grande pero en términos de nivel de vida muy distinto al resto del país. La zona rural colombiana, en la que viven 12 millones de personas, tiene indicadores sociales y económicos muy inferiores a las zonas urbanas. La cobertura de la seguridad social en el campo es del 10%, en la ciudad puede ser del 75%. Los años de escolaridad en el campo son casi cinco menos que los años que estudia un joven en las ciudades. La pobreza es mucho mayor. Cerrar esas brechas llevará al menos 15 años, es lo que está previsto en el proceso de postconflicto. Es parecido a integrar media Alemania con la otra media, lo que ocurrió en la reunificación alemana. La diferencia es que la Colombia atrasada no está toda junta sino que está distribuida en distintos lugares del país.

-¿Estuvo en las negociaciones de La Habana y en las que se realizaron con los críticos de los acuerdos de paz, tras el «no» en el referéndum del 2 de octubre?

-Estuve en la parte final de las negociaciones de La Habana. Después de que se perdió el referéndum estuvimos alrededor de un mes, a veces diez horas diarias, con los principales portavoces del «no» mirando punto por punto los acuerdos. Se recibieron más de 450 críticas, observaciones y propuestas. Se clasificaron en alrededor de 70 temas, de los cuales se incluyeron prácticamente todos menos uno.

-¿Cuál fue la excepción?

-Los portavoces del «no» decían que los líderes de las FARC no podían ser elegidos hasta que no cumplieran la pena. El Gobierno no lo aceptó porque considera que si se hace un acuerdo de paz con un grupo que ha estado alzado en armas es para que entren en la política. Eso es lo que se ha hecho en el pasado en Colombia y en otras partes del mundo. Al Gobierno no le pareció razonable que quienes firman la paz quedaran vetados de participar en política.

-¿Incluso quienes han cometido delitos de lesa humanidad podrán participar en política?

-Sí, pueden participar en política en cuanto el tribunal especial determine que tienen esas condiciones.

-¿Después de que cumplan su condena?

-No, cuando el tribunal les dé la posibilidad de tener una condición jurídica que así lo permita. En el acuerdo no hay una prohibición de que quien ha sido condenado por delitos atroces no pueda participar en las elecciones. No hay un proceso de paz en el cual a los líderes se les prohíba participar en política, porque el objetivo de la paz es cambiar las armas por la política.

-¿Qué fue más tenso, negociar con las FARC o con los portavoces del «no» a los acuerdos de paz?

-(se ríe) Con las FARC.

-¿Otra amenaza en este periodo son los últimos asesinatos de líderes sociales? ¿Quiénes están detrás?

-No se ha identificado un patrón común, pero sí hay una gran preocupación del Gobierno. El propio presidente Santos ha encabezado un comité para determinar responsabilidades judiciales y sobre todo prevención a estos hechos. Varios de estos líderes asesinados estuvieron vinculados recientemente a procesos de sustitución de cultivos de coca. Habían liderado procesos sociales con los campesinos para convencerlos de que dejaran la coca y la sustituyeran por otros productos. No digo que esa sea la razón por la que los asesinaron. No hay una sola causa, pero sí hay una gran preocupación y una acción de prevención e investigación.

-¿Serían narcotraficantes?

-Pueden serlo.

-¿Puede tener alguna relación el hecho de que miembros del grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia irrumpieran el pasado fin de semana en una localidad del Chocó en busca de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN)?

-Gaitanistas es uno de los nombres de un grupo de tráfico de drogas, también se les llama cartel del Golfo. Ha tenido varios nombres. Es el grupo armado organizado más significativo que hay en el tráfico de drogas en Colombia en este momento. La causa principal que le mueve es el control del tráfico de drogas.

-¿Cómo se desarrollan las negociaciones de paz con el ELN en Ecuador, después de que esta guerrilla matase a un policía en un atentado el pasado 19 de febrero en Bogotá? El Centro Democrático considera una «burla» continuar el diálogo.

-Es un tema muy complejo. Las negociaciones se han iniciado por decisión del Gobierno sin que haya un alto el fuego bilateral. El Gobierno quiere tener restricción en la acción militar frente al ELN. Pero estos hechos terroristas afectan mucho el clima de opinión frente al proceso y no tiene ningún sentido que haya pérdida de vidas humanas para demostrar una propuesta política como lo está haciendo el ELN.