Pelotazo inmobiliario en Pekín

Una de ellas pertenece a la familia de Ru Jiang, un hombre de 56 años cuya familia lleva ya cinco generaciones en Shunyi. Antes de la fundación de la China comunista en 1949, los Ru eran los más ricos del lugar porque el abuelo había hecho una fortuna como comerciante de verduras. En el centro del pueblo, cuatro ramas de la familia residían en una casa con patio y 20 habitaciones.

Aunque conservaron su hogar durante la época comunista, dicha vivienda fue demolida hace dos décadas para construir una fábrica de alfombras que, con el tiempo, también fue derribada para levantar en su lugar un nuevo bloque de apartamentos.

A cambio de marcharse, las cuatro familias Ru consiguieron una indemnización de 10.000 yuanes (1.027 euros), a razón de 550 yuanes (57 euros) por habitación. A Ru Jiang le correspondieron 1.100 yuanes (113 euros) y una parcela en las afueras del pueblo para construir la casa de 200 metros cuadrados donde vive hoy con su mujer, Yang Lizhi, su hijo, Ru Hongsong, y su nuera, Pang Guangliang, que está embarazada.

Se trata de la típica vivienda de los campesinos chinos, laberíntica y repartida en tantas pequeñas estancias que no parece tan grande. Nada más entrar tras atravesar un estrecho y sucio callejón de tierra, hay un cuarto empapelado con hojas de periódico que sirve como alacena y, al final del pasillo, se abre un pequeño patio comunicado con la rudimentaria cocina, las habitaciones y el comedor.

El suelo es de hormigón, las paredes están sin enlucir y la decoración es tan “kitsch” y ecléctica que se compone de coloristas carteles de cuadros chinos, un almanaque del Año del Mono (1984) y fotos con bombillas de la boda de Hongsong y Pang, donde ambos aparecen endomingados con trajes de color rosa. A ellos se suman los retratos de Mao Zedong, Deng Xiaoping y Jiang Zemin, que, a modo comunista de un San Pancracio protector del hogar, presiden una leyenda que reza “para que traigan mucho dinero y bienestar a esta familia”.

A pesar de esta declaración de intenciones, los Ru tienen que volver a abandonar su casa porque el Gobierno quiere expropiar las tierras de la aldea de Qian Jin, donde viven 600 campesinos, para construir una nueva línea de metro que llegue hasta las afuera de Pekín. Pero los vecinos desconfían de este plan y sospechan que, en realidad, se van a construir nuevos bloques de apartamentos como los que ya rodean sus pequeños huertos.

“Hace 20 años, tiraron nuestra antigua casa y nos dieron una indemnización muy pequeña. Con la ayuda de la familia, tuvimos que poner dinero de nuestra parte para construir esta casa. Ahora tenemos el mismo problema, pero ya somos viejos y no podemos trabajar para conseguir el dinero que necesitamos para comprar un nuevo apartamento”, se queja Yang Lizhi.

Por su casa, la compañía de demolición les ofrece una indemnización de 500.000 yuanes (51.361 euros), una fortuna en China pero insuficiente para comprar un apartamento en la misma zona, donde el precio del metro cuadrado oscila entre los 5.000 y los 12.000 yuanes (entre 513 y 1.232 euros).

“Necesitamos el doble de la indemnización para comprar un apartamento, pero no podemos pagar la diferencia porque sólo gano 2.000 yuanes (205 euros) como porteador en el aeropuerto y el sueldo como jardinero de mi padre es de 1.000 yuanes (102 euros)”, explica Ru Hongsong.

A pesar de estos problemas, la familia tiene suerte por vivir en Pekín, donde la ley vela más por las indemnizaciones de los campesinos. En remotos lugares del mundo rural, las corruptas autoridades locales, en connivencia con los constructores y amparándose en que la propiedad del suelo es estatal, expropian las tierras pagando una miseria en compensaciones y protagonizan astronómicos “pelotazos inmobiliarios”.

Según reconoció en 2006 el Ministerio de Tierras y Recursos, el 64 por ciento de las expropiaciones de terrenos destinados a la construcción eran ilegales, llegando al 90 por ciento en algunas ciudades.

Por ese motivo, los Ru y sus vecinos tienen que luchar contra las presiones del Gobierno local y los promotores, que los intimidan visitando sus casas acompañados por la Policía y han colocado un altavoz en el pueblo que no para de repetir el siguiente mensaje: “Tienes que apoyar el crecimiento del país y firmar el contrato de cesión porque este proyecto es importante. Amigos, ha llegado la hora de la empresa de demolición, que sigue la ley 148” (en los panfletos dicen que es la ley 1241).

En esta aldea de campesinos, donde el más ilustrado es un taxista con estudios primarios, nadie entiende la complicada ley de indemnizaciones y, aunque han buscado la ayuda de abogados, éstos se han negado por miedo a los promotores inmobiliarios, que cuentan con el apoyo de la Policía y las autoridades locales.

Cuando este corresponsal visitó la aldea de Qian Jin y tomó fotografías de los negociadores enviados por la empresa de demolición, enseguida fue retenido y luego expulsado por los agentes de Policía que los acompañaban, que exigieron sin éxito el borrado de las imágenes.

“Estamos asustados y tememos que, si nos negamos a firmar, la compañía de demolición envíe a unos matones para pegarnos”, denuncia Ru Jiang, quien al final tendrá que aceptar la indemnización y marcharse de nuevo de su casa para que China siga creciendo y prosperando.