Los parientes de Maduro negocian destapar la red de drogas a cambio de bajar la pena

Los acusados han pedido un nuevo aplazamiento de dos semanas en la vista ante el juez, que había sido ya retrasada hasta el 2 diciembre, para terminar de negociar su autoinculpación con la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York , que ha sido fijada ahora para el próximo 17 de diciembre, según han revelado fuentes próximas al caso a «El Nuevo Herald», diario de Miami publicado en español. De este modo, la audiencia tendrá lugar ya después de las elecciones legislativas que se celebrarán el domingo que viene.

Los cargos de los que se acusa a estos familiares de Maduro llevan aparejadas penas que podrían alcanzar la prisión de por vida , si bien habitualmente se traducen en condenas de entre 20 y 30 años entre rejas . De alcanzar el acuerdo que están negociando con la fiscalía, las condenas se podrían rebajar sustancialmente.

Sin embargo, una fuente consultada bajo anonimato por el citado diario advierte de que, puesto que el caso que tiene en sus manos la fiscalía es ya «sumamente sólido» y no le hace falta la declaración de culpabilidad para lograr la sentencia, los testimonios y los datos que aporten deben ser muy valiosos .

De hecho, existen grabaciones de conversaciones de los acusados, tanto de vídeo como de voz, en las que aparecen negociando la venta de los 800 kilos de cocaína de gran purez a. Según explica esa fuente, «lo que tienen los acusados que brindar tiene que ser sustancial para que ellos puedan conseguir el acuerdo». «Ahora lo van a tener que decir todo», agrega.

En este sentido, las posibilidades de que consigan un pacto que les rebaje la pena pasarían por que inculpen a los jefes de la operación criminal de la que formaban parte y señalen quiénes les proporcionaron la droga, explica otra fuente.

Como publicó ABC, Efraín Campo Flores y Francisco Flores contribuyeron con parte de lo obtenido a través de las operaciones de narcotráfico a financiar la campaña presidencial de su tío para las elecciones de 2013 y presuntamente también lo iban a hacer para la campaña de las próximas legislativas, previstas para el 6 de diciembre.

Además, hay otros datos que apuntan a la implicación de la presidencia venezolana en sus actividades ilícitas. De acuerdo con el confidente que llevó al arresto de los sobrinos de Maduro en la isla caribeña, ambos sacaban habitualmente la mercancía desde la llamada Rampa 4 , el área del aeropuerto internacional de Miquetía que está reservada exclusivamente para el propio jefe del Estado.

Más aún, los jóvenes volaron a Haití con el cargamento de droga en un avión pilotado por un militar de alto rango , el teniente coronel Pedro Miguel Rodríguez González, y con dos miembros de la Casa Militar presidencial como guardaespaldas.

Uno de los dos sobrinos de Maduro ya se inclinaba por declararse culpable desde el principio, mientras que el otro quería ir a juicio y solo ha cambiado de opinión después de que sus abogados hayan comprobado la amplia cantidad de pruebas que pesan en su contra y las consecuencias penales que se derivarían de ellas en caso de que se celebrase el juicio.

En el momento de ser arrestados en Haití, país con el que EE.UU. tiene un acuerdo de extradición inmediata, los dos jóvenes declararon que la droga pertenecía al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, investigado por las autoridades norteamericanas como cabecilla del denonimado cartel de los Soles . Sin embargo, acabaron admitiendo que procedía del gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aissami, que también estaba bajo sospecha de los estadounidenses.

Las detenciones de los sobrinos de Nicolás Maduro fueron la culminación de una operación para desmantelar la red de narcotráfico en la que la DEA estuvo trabajando cuidadosamente, siguiendo la pista a los ahora acusados a lo largo de ocho meses.

Efraín Campo Flores y Francisco Flores de Freitas están defendidos por uno de los mayores despachos de lobby de Washington , Patton Boggs, que ya ha ejercido en ocasiones anteriores para representar en la capital federal norteamericana al Gobierno de Nicolás Maduro y a la compañía de Petróleos de Venezuela en EE.UU., Citgo.