La mayoría de las personas que huyen de Venezuela necesitan protección como refugiadas

En el documento, Acnur afirma que el número de personas que han salido de Venezuela desde 2014, año de inicio del régimen de Nicolás Maduro, hasta la fecha alcanza los 3,7 millones. Además, la Agencia señala que, a finales del 2018, alrededor de 460.000 venezolanos solicitaron formalmente asilo en el extranjero, en su mayoría en los países vecinos de América Latina.

El informe de Acnur indica que, para ciertos perfiles de venezolanos en situación de riesgo, se aplica la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. En todo caso, la mayoría de las personas que salen de Venezuela necesitan protección internacional como refugiados. Para ello, se van a seguir los criterios más amplios que se contemplan en la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, que se aplica en América Latina, en base a «las amenazas contra su vida, su seguridad o libertad debido a las circunstancias que están perturbando gravemente el orden público en Venezuela», añade el documento.

Del mismo modo, la Agencia reconoce que «la magnitud de los flujos actuales plantea desafíos complejos y puede llevar a que los sistemas de asilo se vean desbordados. Si es el caso, el Estado puede reconocer la condición de refugiado a través de determinaciones grupales».

Acnur está dispuesto «a brindar a los Estados interesados la asistencia técnica y el apoyo operacional necesarios para mejorar la capacidad de los gobiernos de responder adecuadamente a la afluencia masiva de refugiados y determinar su condición jurídica de manera eficaz. Acnur alienta a los Estados a que se basen en instrumentos regionales para elaborar respuestas grupales».

Por la frontera colombiana de Cúcuta, a través del puente internacional de San Antonio de Táchira, salen unos 5.000 venezolanos todos los días, para comprar alimentos y medicinas o para emigrar a Colombia, Perú o Ecuador. Bolivia, país próximo a los chavistas, no sufre las olas migratorias de venezolanos.

Las condiciones para cruzar la línea divisoria de 2.200 kilómetros entre Colombia y Venezuela se han hecho más hostiles desde el 23 de febrero por el cierre de la frontera. La medida fue decretada por Maduro para impedir que entrara la ayuda humanitaria , lo que obligó a los venezolanos a enfrentarse a los bandoleros y los paramilitares en las «trochas» ubicadas, sobre todo, en el río Táchira, donde les cobran altas sumas de dinero para entrar a Colombia.

El informe de Acnur reitera su llamamiento a los países para que permitan el acceso de los venezolanos a su territorio y la provisión de protección y estándares adecuados , destacando la necesidad fundamental de seguridad y libertad de las personas que se ven obligadas a huir para proteger sus vidas y libertad.

Además, Acnur hace referencia a los sitios de acogida a los refugiados venezolanos en campamentos situados en la frontera. «Junto a nuestro socio, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), hemos reconocido en repetidas ocasiones la solidaridad de los Gobiernos de América Latina y el Caribe en acoger a las personas de Venezuela bajo diferentes mecanismos de estancia legal. Para incrementar la tan necesitada protección de los venezolanos, Acnur continúa instando a los Estados a armonizar estas respuestas».

El informe también también pide a los países garantizar que los venezolanos, sin importar su estatus legal, no sean deportados o llevados de vuelta forzosamente a Venezuela. «Acnur, junto con la Organización Internacional para las Migraciones , está trabajando con los Gobiernos, otras agencias de las Naciones Unidas y organizaciones socias, para responder a las necesidades básicas y de protección de los refugiados y migrantes venezolanos. Las dos organizaciones nombraron a un Representante Especial Conjunto, Eduardo Stein, y participan activamente en la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial, que asegura una respuesta operativa coherente y consistente».

Los militares desertores, refugiados en Colombia tras romper sus lazos con el chavismo y abrazar la causa del presidente interino, Juan Guaidó, pertenecen al grupo de refugiados que atraviesa una situación más sensible. Son unos 1.400 militares y policías venezolanos que solicitaron protección del gobierno de ese país vecinos. El diputado venezolano Renzo Prieto, encargado de este asunto, afirmó que los militares desertores y sus familias gozarán del Permiso Especial de Permanencia (PEP) para trabajar, pero no para «ejercer funciones militares ni policiales».

Otra de las ayudas internacionales que solicita la oposición representada por Guaidó es aceptar a los venezolanos, aunque su pasaporte esté vencido, para poder gestionar su condición de refugiado de Acnur. De hecho, la batalla más importante que libra el presidente interino consiste en lograr una transición a la democracia que frene la avalancha migratoria. «Vuelvan, no se vayan, los necesitamos para reconstruir el país», ha repetido en varias ocasiones el también líder opositor.