El Kremlin, preocupado por lo que pueda revelar la espía rusa condenada en EE.UU.

Bútina, según anunció la jueza Tanya Chutkan, aceptó además cooperar con los investigadores. La joven rusa fue detenida el pasado 15 de julio, justo un día antes de la cumbre que mantuvieron en Helsinki los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin. Moscú denunció entonces que su arresto fue un intento de «devaluar« el encuentro de los dos jefes de Estado, el primero de carácter bilateral.

Pero ahora lo que pueda contar Bútina preocupa y mucho en el Kremlin, con cuyos responsables, según consideran en Washington, ella mantiene una estrecha vinculación. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijo esta semana que Bútina no ha cometido ningún delito en EE.UU. y que su declaración de culpabilidad se ha hecho bajo presiones. «La han aplicado un tipo especial de tortura», sostuvo Lavrov.

El viernes, el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, insistió en que las acusaciones contra ella «carecen de fundamento». Putin, por su parte, negó que sea una agente de los servicios secretos rusos. Aseguró el miércoles que «pregunté a todos los jefes de nuestros servicios de inteligencia quién es -Bútina- , y nadie sabe absolutamente nada de ella».

Su confesión forma parte de un acuerdo alcanzado con la Fiscalía de EE.UU. para evitar una abultada pena de cárcel. De esta forma, la presunta espía rusa podría enfrentarse solo a unos pocos años de reclusión, siendo así la primera rusa condenada en relación con la injerencia de Moscú en los comicios de 2016, o incluso ser puesta en libertad con una multa. Aunque, en tal caso, lo lógico es que fuera deportada, nadie excluye que se le permitiera quedarse en Estados Unidos por motivos de seguridad, para evitar posibles represalias de las personas que en Rusia quedarían presumiblemente desenmascaradas con sus revelaciones.

El Departamento de Justicia norteamericano señaló ya en julio que el objetivo de Bútina consistía en tejer una red de contactos dentro del Partido Republicano a través de la Asociación Nacional del Rifle (NRA en sus siglas en inglés) para tratar de influir en la política exterior de la Casa Blanca en favor de Rusia.

Por eso, la supuesta agente supeditada al Kremlin se presentaba como una amante de la armas y activista de una organización no gubernamental, «Derecho a las armas», partidaria de que en Rusia puedan adquirirse con la misma facilidad que en EEUU. Al parecer, consiguió llegar a personas de entorno inmediato de Trump. Este plan de acción, según los fiscales, lo puso en práctica a partir de marzo de 2015 y contó con la inapreciable colaboración de su novio Paul Erickson, republicano y miembro de la Asociación Nacional del Rifle.

En las fotos que ella publicó en redes sociales aparece empuñando fusiles de asalto y acompañada de importantes dirigentes republicanos como el expresidente de la NRA, David Keene, y el excandidato presidencial y gobernador de Wisconsin, Scott Walker. En el sumario figura también que Bútina tenía un pase VIP para eventos de la Asociación el Rifle. Su actual estancia en EE.UU. estaba justificada con un visado de estudiante para seguir cursos en la American University de Washington. Habla perfectamente el inglés.

Bútina obedecía órdenes directas de una persona que la prensa rusa identifica como Alexánder Torshin , antiguo senador ruso, actual vicepresidente del Banco Central de Rusia y muy próximo a Putin. En mayo de 2016, durante la campaña de las presidenciales americanas, Torshin, de 65 años, mantuvo una reunión con el hijo de Trump. Justo un año después, ya en la Casa Blanca, el nuevo presidente recibió en el Despacho Oval al ministro Lavrov. En su séquito estaba Torshin y, en una instantánea de la agencia rusa TASS publicada entonces de ese encuentro entre Trump y Lavrov, detrás de él se ve a una pelirroja que parece ser Bútina o alguien que se le parece mucho.

El mentor de la estudiante estuvo bajo la vigilancia de la Fiscalía Anticorrupción española y de la Guardia Civil como presunto miembro de la organización criminal rusa denominada Tagánskaya que blanqueaba dinero en España y estaba dirigida por Alexánder Románov, condenado a cuatro años de cárcel. Torshin, que niega tales vinculaciones, estuvo cerca de ser detenido en Palma de Mallorca en agosto de 2013, pero un chivatazo le puso en alerta y no cayó en la trampa que le había tendido la Guardia Civil.